A casi tres décadas del crimen de dos mochileras, la Justicia volvió sobre uno de los casos que conmocionaron al país. La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca confirmó parcialmente una sentencia que obliga a Eduardo Fermín Eliçabe, condenado a prisión perpetua por el asesinato de las jóvenes, a indemnizar a la familia de una de las víctimas, Irina Laura Montoya, oriunda de Santa Fe.
El fallo también alcanzó a Leónidas Hugo Soria, propietario de la empresa de seguridad para la que trabajaba Eliçabe. Entre ambos deberán afrontar un resarcimiento de $21.060.000 más intereses, siempre que la resolución quede firme.
Montoya tenía 24 años y viajaba junto a María Dolores Sánchez, de 18, desde Chañar Ladeado, en Santa Fe, hacia la Patagonia. En febrero de 1998, ambas hacían dedo cuando subieron al vehículo conducido por Eliçabe.
El doble homicidio ocurrió sobre la ruta 33, cerca de García del Río, a menos de 40 kilómetros de Bahía Blanca. Las jóvenes fueron asesinadas a tiros después de un ataque sexual.
La responsabilidad de la empresa
Los camaristas Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian consideraron que Eliçabe aprovechó su función como custodio de cargas para trasladar a las jóvenes. Esa condición, según el fallo, pudo haber generado confianza en las víctimas al momento de subir al vehículo.
Los jueces también responsabilizaron a Soria porque había sido quien le había encomendado esa tarea a Eliçabe. La Cámara entendió que, sin esa relación laboral, el acusado no habría tenido la oportunidad de abordar a Montoya en las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
La indemnización contempla, entre otros conceptos, el daño moral sufrido por los padres de Irina, además de las secuelas psicológicas y las consecuencias que el asesinato tuvo en sus vidas personales y laborales.
El asesino recuperó la libertad
Eliçabe había sido condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado por homicidio doblemente agravado por alevosía y para ocultar otro delito, en referencia a la violación. Sin embargo, recuperó la libertad a fines de 2010, después de cumplir 13 años de prisión y acceder al beneficio del 2x1, vigente en aquel momento.
Los padres de Irina habían iniciado la demanda civil por daños y perjuicios alrededor del año 2000. Ahora, su abogado Alejandro Vecchi anticipó que apelará la resolución ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que también se analice la posible responsabilidad del Estado provincial.
Según explicó el letrado, la demanda había incluido a la Provincia por su función de control sobre la empresa de seguridad. Sostuvo que la firma tenía una disposición administrativa de inhabilitación en trámite al momento del doble crimen y que el Ministerio de Seguridad debía controlar su habilitación, los antecedentes laborales de Eliçabe y su eventual autorización para portar armas.
La familia cuestiona además el tiempo que llevó la causa civil. La condena penal contra Eliçabe quedó firme en 2006, mientras que la resolución sobre la indemnización llegó casi dos décadas después. “No nos interesa el dinero, lo que nos interesaba es que él esté en la cárcel. Yo pienso que no se hizo Justicia. 12 años para una persona que violó y mató no es nada”, dijo Mari, la madre de Irina, a Infobae.
