Las modificaciones a la Ley de Glaciares impulsadas por el Gobierno de Javier Milei representan riesgos por la flexibilización de las condiciones para la protección de estas reservas estratégicas de agua, según advirtió Pierre Pitte, investigador del Conicet y del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
El especialista cuestionó que el proyecto permita a las provincias decidir qué cuerpos de hielo conservar bajo un criterio de supuesta relevancia hídrica y alertó sobre el impacto irreversible de la actividad industrial en los frágiles ecosistemas de alta montaña.
El punto central de la controversia radica en los cambios a la normativa sancionada hace casi 15 años. Según explicó Pitte, el nuevo texto delega en los organismos provinciales la potestad de evaluar qué áreas resguardar: “Lo que abre es la posibilidad de que los organismos de aplicación deciden qué glaciares son susceptibles de ser protegidos o no”, señaló el investigador en diálogo con Punto Medio (Radio 2).
En ese sentido, advirtió que los cambios "abren muchas incertidumbres acerca de qué es lo que puede pasar, no solo en el ambiente periglacial, sino con los glaciares también". Para el experto, pretender excluir a ciertas formaciones por no ser consideradas importantes desde el punto de vista hídrico "es casi una contradicción, porque un glaciar es una masa de agua en estado sólido".
Riesgos en alta montaña
Las zonas cordilleranas se caracterizan por tener un alto nivel de preservación natural, pero al mismo tiempo presentan "una gran sensibilidad y poca capacidad de recuperarse", detalló Pitte. El desarrollo de grandes emprendimientos industriales o mineros a esas alturas, con temperaturas bajo cero y fuertes vientos, aumenta significativamente el peligro de incidentes ambientales.
Como ejemplo del riesgo que conlleva intervenir estas áreas, el investigador recordó el derrame ocurrido hace unos años en la mina Veladero, en San Juan, donde el congelamiento de una válvula provocó la liberación de unos 100 mil metros cúbicos de solución cianurada en un cauce de agua en alta montaña. "Es en parte por estos riesgos que surge la ley de glaciares y tuvo el consenso que tuvo en el 2010", remarcó el especialista.
Reservas estratégicas en retroceso
El investigador subrayó también la vital importancia del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta técnica elaborada por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales que permitió mapear por primera vez todos los cuerpos de hielo de los Andes argentinos. La ley original dice que este registro debe actualizarse cada cinco años, un plazo fundamental ya que, por efecto del calentamiento global, "los glaciares están retrocediendo en todas partes del mundo".
Finalmente, Pitte destacó que las consecuencias de alterar estos ecosistemas no serían iguales en todo el país. Mientras que las provincias patagónicas cuentan con abundancia de recursos hídricos, regiones como Cuyo, que abarca a Mendoza y San Juan, poseen recursos mucho más limitados y dependen directamente de la cantidad y calidad de agua que desciende de los Andes. "Hay más incertidumbres que certezas", concluyó sobre el avance de estos emprendimientos sin el nivel de protección adecuado.
