El abogado Hugo Tomei, quien representa a los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un planteo vinculado con la denuncia contra funcionarios judiciales por presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación por el crimen del adolescente, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.
La presentación había denunciado una supuesta falsificación de actas del expediente judicial y apuntaba contra funcionarios, entre ellos la fiscal Verónica Zamboni y el juez de Garantías David Mancinelli. La defensa sostenía que los imputados no habían conocido las pruebas en su contra ni la acusación al momento de declarar.
La denuncia fue desestimada y los sucesivos recursos fueron rechazados por los tribunales bonaerenses. Finalmente, la Corte Suprema nacional también denegó el planteo por falta de fundamentación autónoma, al considerar que no refutaba todos los argumentos de la resolución apelada.
Tras conocerse la decisión, Tomei cuestionó el fallo en diálogo con TN y afirmó: “Con este fallo, se perdieron los límites constitucionales”. Según explicó, la denuncia penal se había presentado contra funcionarios judiciales de Villa Gesell por la presunta falsificación de actas con registros que, de acuerdo con su planteo, nunca ocurrieron.
El abogado, que actualmente representa a Luciano y Ciro Pertossi, Blas Cinalli y Enzo Comelli, sostuvo que la decisión excede la situación de sus defendidos y tiene consecuencias para el conjunto de la sociedad. “Más que a mis defendidos, la decisión afecta a la sociedad en su conjunto. De ahora en más, el poder punitivo del Estado en manos de los fiscales tienen amplia libertad para llevar adelante actos con personas detenidas y luego registrar aquello que en el momento le dicte la conciencia”, expresó.
Tomei afirmó que las presuntas irregularidades habían sido denunciadas en 2020 y cuestionó que el juez de Garantías continuara al frente de la causa pese a las acusaciones. Según su planteo, la Fiscalía, la defensa oficial y el magistrado habrían intervenido en una maniobra que debía ser investigada.
También repasó el recorrido judicial de la denuncia y señaló que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de Dolores, el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte de Justicia provincial, antes de llegar al máximo tribunal nacional. En ese sentido, consideró que la Corte perdió la oportunidad de pronunciarse sobre las garantías que deben respetarse durante una investigación penal. “En un caso de tanta repercusión pública, el Poder Judicial perdió la oportunidad de ratificar que en un proceso penal las formas son tan importantes como el fondo de la contienda”, sostuvo.
El letrado advirtió además sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener la falta de investigación de los hechos denunciados. “De aquí en más, en nuestro país los funcionarios judiciales podrán alterar las actas de los expedientes para adaptarlas a un criterio legal y no tendrán ninguna consecuencia”, afirmó.
Ante el rechazo de los distintos recursos judiciales, Tomei confirmó que llevará el caso ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentación buscará cuestionar lo que considera una negativa de las autoridades argentinas a investigar a los funcionarios judiciales provinciales que, según su denuncia, podrían haber cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones.
El abogado cerró sus cuestionamientos con una crítica al impacto de la repercusión pública del caso en las decisiones judiciales: “La fuerza de la opinión pública que se cuela por las ventanas de los Tribunales pudo más que el imperio del derecho”, concluyó.
