El 26 de junio de 2010, Vanesa Soledad Celma fue incendiada por quien fuera su pareja, Omar Díaz. Ingresó al hospital de Emergencias Clemente Álvarez con su cuerpo quemado. Pasó ahí cuatro meses y el 22 de noviembre, murió. Las primeras medidas de investigación estuvieron a cargo de la policía, que lo catalogó como “tentativa de suicidio” y, desde ese momento, comenzaron las irregularidades en materia judicial. De cara a un aniversario del brutal desenlace y de la consigna Ni Una Menos, la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe realizarán un acto de reparación institucional en honor a Celma.
Será el lunes 1 de junio a las 10.30 en la Plaza Cívica del Centro de Justicia Penal ubicado en Sarmiento y Rueda. El mismo busca reconocer y reparar los errores del sistema que perjudicaron a los padres e hijos de la víctima y homenajear a Vanesa “en cumplimiento del acta compromiso de solución amistosa en el marco de petición P-261-17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“Vanesa falleció dejando dos chiquitos huérfanos y la justicia ciega dejó al femicida libre. La pareja nunca fue indagada y la fiscal que tomó el caso dijo que Vanesa murió por amor”, escribieron desde la cuenta de Atravesados por el femicidio.
Y sumaron: “Hace un año y medio el Estado reconoció su gravísimo error y fallas al no investigar como correspondía y ahora es el turno del gobierno provincial de reconocer su inacción en un hecho de femicidio”.
El caso
Vanesa Soledad Celma falleció el 22 de noviembre de 2010 como consecuencia de las quemaduras provocadas el 29 de junio de ese mismo año, al encontrarse discutiendo con quien fuera su pareja, Omar Díaz. Las primeras medidas de investigación estuvieron a cargo de la policía, que lo catalogó como “tentativa de suicidio”.
Posteriormente, se dieron una serie de situaciones irregulares en la investigación que incluyó el desconocimiento de todos los elementos que permitían reconstruir lo sucedido, prima facie, como un intento de femicidio por parte de la pareja. Los elementos secuestrados fueron perdidos en la comisaría y se optó por excluir del caso la mirada de género. Por este motivo, se imputó a los policías por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de documentos. Las causas resultaron en el sobreseimiento de los acusados y, en el caso de Omar Alberto Díaz, el Juzgado decidió archivar la causa.
En noviembre de 2022, el Tribunal Colegiado de Instancia Única de Familia de la 3ª Nominación de Rosario sentenció extender a los tutores especiales designados de la niña hija de Vanesa la posibilidad de tramitar y cobrar la reparación por responsabilidad internacional del Estado, por la falta de debida investigación de los hechos que determinaron el fallecimiento de la mujer como consecuencia de las quemaduras provocadas en un contexto de violencia de género, y por pedido de la CIDH.
Así, tanto la parte peticionaria como la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se manifestaron de acuerdo en torno a iniciar conversaciones tendientes a explorar la posibilidad de arribar a un acuerdo de solución amistosa. En este sentido, se definió una agenda de trabajo y se realizaron diversos encuentros para avanzar en las negociaciones.
En ese marco, se logró arribar a un entendimiento razonable, en virtud del cual el Estado provincial asume el compromiso de realizar las gestiones pertinentes para reparar integralmente a las víctimas, entre ellas:
Medidas de satisfacción; reconocimiento público de responsabilidad de la provincia de Santa Fe en los hechos; acto de disculpas públicas y desagravio; colocación de una placa para honrar a Vanesa Soledad Celma; medidas de no repetición, con la elaboración de una guía específica de actuación, con perspectiva de género, para integrantes de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Santa Fe, en situaciones de mujeres quemadas por su agresor; inclusión de los antecedentes del caso y del acta compromiso en la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); medidas de compensación económica a los hijos de Vanesa Soledad Celma; y de rehabilitación con la incorporación de los hijos de la víctima al Régimen de Reparación económica para las niñas, niños, adolescentes (REENYA), víctimas de femicidio.
Participaron de la firma Jorgelina Celma y Franco Iván Gutiérrez, quienes actúan como tutores especiales de Malena y Alexander Díaz, hija e hijo de Vanesa Celma, este último también presente, entre otros familiares.
Además, la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Lucila Puyol; el director General de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Fabricio Trossero; las subsecretarias de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, Nerea Tacari; y de subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Antonela Alessiato.
En representación del gobierno nacional, la directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Gabriela Kletzel; y el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Javier Salgado.
