El Gobierno nacional anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que estarían realizando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del país y anticipó que las acciones judiciales también alcanzarán de manera individual a sus directivos y representantes.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente, que sostuvo que las compañías involucradas estarían infringiendo las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Según el comunicado difundido este 9 de septiembre, las próximas presentaciones no se limitarán a las empresas. El Ejecutivo indicó que buscará identificar a “directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas” que hayan participado en decisiones relacionadas con esas actividades.
La decisión podrá derivar tanto en la ampliación de causas judiciales ya iniciadas como en la apertura de nuevos expedientes penales.
“Estas acciones no se limitarán a las personas jurídicas y alcanzarán a quienes, desde sus cargos y funciones, hayan intervenido en la realización de estos ilícitos”, señaló Presidencia.
El nuevo anuncio profundiza la ofensiva judicial anticipada por el Gobierno el lunes pasado contra compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las islas Malvinas. En esa oportunidad se informó que la presentación alcanzaría a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con lo informado entonces, algunas de esas empresas contarían con licencias concedidas por el Reino Unido para desarrollar actividades en la Cuenca Malvinas Norte. La denuncia sería presentada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, e incluiría también a responsables individuales que hubieran intervenido en las operaciones cuestionadas.
El Ejecutivo encuadró ambas medidas dentro de su estrategia para reivindicar los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
“El Gobierno Nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, afirmó este miércoles.
En paralelo, el presidente Javier Milei había instruido el lunes al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos en la elaboración del Presupuesto Nacional 2027, que deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre. El Gobierno presentó esas decisiones como parte de una política destinada a fortalecer la defensa del territorio, los recursos naturales y los intereses estratégicos argentinos.
