A un mes del vencimiento de los mandatos vigentes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el proceso de renovación del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces federales y nacionales entra en su etapa de definiciones. En ese marco, el próximo 20 de octubre los abogados de todo el país irán a las urnas para elegir a sus representantes en el cuerpo, una contienda donde el oficialismo nacional compite a través de la lista "Abogados por la Libertad".
La nómina es encabezada por Luis Palomino, exsubsecretario de Empleo de la Nación, concejal de Vicente López y abogado especialista, quien estuvo esta semana de visita en Rosario para presentar sus propuestas ante colegas en la sede del Colegio de Abogados local.
En diálogo con La primera de la tarde (Radio 2), Palomino analizó el estado actual del servicio de justicia y contrapuso la propuesta de su espacio frente a los sectores tradicionales de la abogacía que históricamente han conducido el organismo.
Uno de los pilares de la propuesta de "Abogados por la Libertad" apunta a transformar los exámenes para los aspirantes a magistrados. Según Palomino, el modelo de evaluación utilizado durante los últimos 25 años resulta insuficiente para las exigencias actuales de la sociedad.
"Hoy los procesos de selección evalúan antecedentes, trayectorias profesionales, posgrados o artículos publicados, pero en ningún momento se analiza si el candidato tiene la idoneidad y las habilidades necesarias para conducir y gestionar una oficina judicial", sostuvo el candidato.
Para el referente de La Libertad Avanza, la función del juez no se agota en el conocimiento técnico-jurídico ni en la redacción de dictámenes. "Un juzgado es una estructura compleja. Necesitamos jueces que, además de ser expertos en derecho, cuenten con habilidades de liderazgo y gestión para que un juicio laboral no tarde cinco años ni un trámite por accidente de tránsito se dilate indefinidamente", argumentó, enmarcando esta iniciativa en las reformas de modernización que impulse el Ejecutivo.
En materia económica, Palomino remarcó que las mejoras en el sistema judicial no dependen exclusivamente de una mayor asignación de fondos, sino de la optimización del gasto en el Consejo de la Magistratura.
Entre las medidas prioritarias, planteó redirigir partidas mediante la firma de convenios con universidades para reemplazar estructuras costosas, como la Escuela Judicial, lo que permitiría un ahorro estimado de $700 millones anuales. Asimismo, abogó por avanzar en el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para descentralizar los recursos y volcarlos al fuero federal de las provincias.
Consultado sobre las irregularidades registradas en el fuero federal de Rosario —con magistrados investigados o apartados por falta de presencia e incumplimiento de deberes—, el dirigente insistió en la urgencia de implementar auditorías continuas sobre la administración de los tribunales.
"Hoy un juez es designado y nunca más se monitorea cómo administra su juzgado. Debe existir un control permanente de la gestión operativa, sin intromisión en el contenido de los fallos, para evitar ausentismos o situaciones irregulares donde un magistrado con funciones en la región termine fijando residencia a cientos de kilómetros", concluyó Palomino, destacando que son los abogados litigantes los indicados para promover estas reformas estructurales desde el seno del Consejo.
