Según un relevamiento realizado por La Casa del Encuentro, que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, desde el 1° de enero hasta el 31 de agosto de 2026 se registraron 169 femicidios (sólo en agosto se registraron 27 casos). Estas tragedias dejaron a 203 hijos e hijas sin madre –más de la mitad son menores de edad, y en más de la mitad de los casos, los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas–. Con esto, lo que el relevamiento busca destacar es que “el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor”, dado que en el 67% de los casos fueron asesinadas en su hogar.
En términos demográficos, la institución indicó que la mayoría de los femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe y Córdoba.
Por otro lado, señalaron que se registraron 349 intentos de femicidios que continúan en seguimiento. El 16% de las mujeres agredidas tenía denuncia previa, por lo que la organización enfatizó que “las medidas dictadas y la falta de perspectiva integral en materia de derechos de la justicia fueron insuficientes, ya que le permitieron al agresor seguir actuando con impunidad”.
“Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a justicia”, puntualizaron desde la Casa del Encuentro.
En esta línea, señalaron que durante la feria judicial de invierno, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron situaciones de violencia doméstica, lo que representó un incremento del 8% respecto de igual período del año pasado. Realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que el año anterior.
El grupo más afectado fue el de mujeres de entre 18 y 59 años (49%), seguido por el de niñas, niños y adolescentes (32%). El 44% de las situaciones correspondió a vínculos de pareja o expareja y el 37% a vínculos filiales.
La violencia psicológica fue la más frecuente (97%) seguida por violencia simbólica (58%), violencia física (38%), violencia económica patrimonial (27%), social (8%), sexual (6%) y digital (2%). En el 9% de las situaciones hubo amenazas de muerte y en el 3% se registró la presencia de armas. El equipo médico evaluó a 70 personas (61% mujeres). En el 81% de los casos se constataron lesiones, y el 74% presentaba antecedentes de lesiones físicas de situaciones de violencia anteriores.
A razón de estos resultados, el organismo criticó la negligente gestión del gobierno nacional. “Insisten en la disminución de la violencia ignorando estas cifras, así como también incumplen leyes nacionales y convenios internacionales, desconociendo las que relevamos mes a mes en nuestro observatorio”.
Las normativas a las que hacen referencia son la Ley 26.485: Violencia de Género; la Ley 27.499: Micaela; la Ley 27.452: Reparación Económica “Brisa”; la Ley 27.210: Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas; y la Ley 26.364: Ley de Trata.
Asimismo, contemplaron que se trata de una nueva “forma de provocación y distracción” que la adhesión del país al “Consenso de Ginebra (Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia)”, que, según explicaron, es “una iniciativa política paralela” antiabortista, “que no tiene el sustento, respaldo ni reconocimiento de los organismos globales multilaterales”.
“La iniciativa, encuadrada en la supuesta baja de la natalidad, busca instalar el argumento de que esta problemática mundial y sostenida en nuestro país desde el 2014 se debe a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
“Ni la «pulverización» de la violencia, ni la baja de la natalidad por la Ley de aborto son verdaderas. Lo único real es la falta de gestión y cumplimiento de las leyes vigentes”, denunciaron.
“Queremos un Estado que actúe y no destruya, un Estado que transforme. No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales”, remarcaron. Y concluyeron: “¡No más femicidios! Queremos una Legislatura Nacional que comprenda la urgencia y se ocupe de que las leyes se cumplan. La violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad. Defendamos nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias".
