La ex jueza María Laura Garrigós, que se desempeñó como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y la ex subdirectora Sonia Álvarez fueron indagadas la semana pasada ante el juez federal Carlos Vera Barros por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Un equipo de fiscales les reprochó a las funcionarias del gobierno de Alberto Fernández haber permitido el ingreso de teléfonos celulares a las celdas de jefes de bandas narco rosarinas, que continuaron al frente de las organizaciones criminales e instigaron crímenes y delitos graves.
Según publicó el periodista Agustín Ceruse en Encripdata, los fiscales Claudio Kishimoto, de Rosario; Diego Iglesias, de la fiscalía antidrogas (Procunar); y Andrea Garmendia Orueta, de la fiscalía anticorrupción (PIA), les reprocharon a Garrigós y a Álvarez no haber comprado inhibidores de señal para el SPF.
Además, le endilgaron no haber hecho que sus subordinados evitaran que los presos accedieran a celulares y no haber tomado las medidas necesarias para separar a ciertos narcotraficantes, señalados por los tribunales en sus sentencias, de otros condenados por crimen organizado.
El mismo portal indicó que Garrigós y Álvarez entregaron un escrito en el que rechazaron las imputaciones y no aceptaron preguntas de los acusadores.
Organizaciones criminales rosarinas
Entre los casos mencionados aparecen el líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero y el capo narco Esteban Lindor Alvarado, quienes, a través de teléfonos celulares, siguieron dirigiendo sus organizaciones criminales desde prisión.
La causa se inició el 20 de marzo de 2022, cuando agentes penitenciarios encontraron un teléfono celular oculto dentro de un televisor en la celda de Cantero, alojado en el penal federal de Marcos Paz. A partir de ese hallazgo, el Ministerio Público Fiscal comenzó a investigar cómo era posible que un preso de alto perfil tuviera acceso a un dispositivo móvil dentro de una cárcel federal.
Un año más tarde, en julio de 2023, un tribunal advirtió que en el penal de Ezeiza no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad para impedir que Alvarado continuara manejando su organización criminal desde prisión, lo que amplió la investigación. El capo narco tenía planeado fugarse en un helicóptero que había sido contrabandeado, según la investigación, el 10 de marzo de ese año. El piloto, un acusado apodado Lobo, se arrepintió a último momento y terminó declarando, frustrando un plan que habría dejado en ridículo al SPF.
Los fiscales sostienen que las autoridades penitenciarias incumplieron la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y su modificatoria, la Ley 27.375, que obliga a instalar inhibidores de señal para impedir comunicaciones ilegales desde las cárceles. En ese marco, también fueron indagados ex directores de seguridad del SPF que no impulsaron los procesos administrativos necesarios para la compra e instalación de esos equipos.
Garrigós asumió como interventora en junio de 2020, en plena pandemia de coronavirus, tras el escándalo por espionaje a dirigentes presos ligados al kirchnerismo y empresarios detenidos en distintas unidades carcelarias. Se había jubilado en 2018 y había sido una de las caras más conocidas de la agrupación Justicia Legítima. Álvarez asumió como subdirectora nacional del SPF en marzo de 2021.
Graves consencuencias en la calle
En el período de Garrigós y Sonia Álvarez, en las fiscalías penales de Rosario se registró un incremento de causas por delitos graves que conducían a jefes narcos rosarinos alojados en cárceles federales de Ezeiza, Marcos Paz, Rawson y hasta Resistencia.
En marzo de 2023, la ex fiscal Valeria Haurigot aseguró en Radio 2 que en la ciudad se registraban más delitos y violencia desde que los jefes narcos locales habían sido trasladados a cárceles federales a partir de la escandalosa fuga de la cárcel de Piñero de junio de 2021.
“Lo que estamos viviendo en cantidad de órdenes dadas desde cárceles es una cosa nunca vista, es fuera de serie la crueldad que se maneja”, había dicho la entonces jefa de la ex unidad de Balaceras. Y fue categórica al remarcar que “los presos de alto perfil no buscan ser mejores personas, sino continuar el espiral de violencia”.
Por supuesto, lo mismo ocurría con los penales provinciales de Coronda y Piñero, donde presos vinculados al crimen organizado instigaron cientos de asesinatos, según se ventiló en audiencias imputativas y juicios orales en los últimos años.
Ese fenómeno, sin embargo, no había comenzado en ese momento. Ya en 2013, a poco de caer detenido, el cabecilla de Los Monos Ariel “Guille” Cantero fue sorprendido en la cárcel de Coronda con un celular y una notebook con conexión activa a internet. En septiembre de 2017, mientras se encontraba detenido en esa cárcel, ordenó un secuestro extorsivo que le valió, en otra condena, diez años más de prisión.
Esteban Lindor Alvarado, otra marca del delito en la ciudad, ya había quedado en el ojo de la tormenta en 2013 junto a algunos secuaces tras el hallazgo de una decena de celulares en sus celdas VIP de la cárcel bonaerense de Campana durante la investigación de la banda de piratas del asfalto conocida como Los Rosarinos.
Volviendo a 2026, para los fiscales federales, el incumplimiento de los deberes de Garrigós y Álvarez tuvo consecuencias: enumeraron una larga lista de expedientes abiertos contra Cantero, Alvarado y otros presos federales con un denominador común: todos ellos, a través de celulares, siguieron al frente de sus organizaciones desde sus celdas.
El rosarino Alan Funes, que a mediados de 2021 fue trasladado a la órbita del SPF, fue acusado de comandar desde la cárcel de Ezeiza una asociación ilícita a la que se le atribuyeron balaceras, venta de drogas y la ejecución de la joven Mariel Lezcano. Los delitos fueron ventilados en marzo de 2022.
Otro recluso rosarino en el SPF que cobró notoriedad es el ex integrante de Los Monos Pablo Nicolás Camino, quien a fines de 2022, desde el penal de Rawson, Chubut, dirigió una guerra callejera contra los negocios de Leandro “Pollo” Vinardi, hombre del clan Cantero alojado en Ezeiza.
Las investigaciones de los fiscales del MPA indicaron que ambos reclusos seguían comunicados con el exterior. Producto de esa contienda, el 1º de febrero fue ejecutado frente al Coloso Marcelo Bielsa el músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, cuyo cuerpo fue utilizado como “sobre” para dejar un mensaje a los gerentes de la barra leprosa.
Recientemente, el narcotraficante peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon fue condenado por liderar una organización criminal vinculada a la violencia callejera y al narcomenudeo en Rosario que operó al menos entre enero y diciembre de 2022, entre otras causas penales.
Otro hombre ligado al delito desde la cárcel es Cristian “Pupito” Avalle, quien el año pasado se acogió un insólito acuerdo abreviado a prisión perpetua por 27 causas judiciales que incluyen liderar una organización responsable de cinco asesinatos, siete tentativas de homicidio y varios atentados, entre ellos uno contra el medio de comunicación Grupo Televisión Litoral. Todo ello fue instigado desde la cárcel de Ezeiza.
