El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación penal contra Demian Reidel por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. durante el período en el que estuvo al frente de la empresa estatal.
La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y también alcanza a integrantes del directorio, de la sindicatura y a quienes hayan sido titulares o usuarios de los plásticos corporativos investigados.
Según el requerimiento de instrucción presentado por el fiscal, se busca determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la cuenta corporativa N°338402 entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
La denuncia surgió a partir de un informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que incluyó un reporte elaborado tras un pedido de acceso a la información realizado por la diputada nacional Florencia Carignano.
De acuerdo a ese documento, se detectaron consumos que podrían no estar vinculados con la actividad institucional de la empresa. Entre ellos aparecen 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y más de 1,1 millones de pesos, pagos a una empresa de servicios de playa en Valencia por 212 dólares, gastos en hoteles, vuelos, indumentaria y transferencias mediante Mercado Pago.
También figuran adelantos de efectivo por 56 millones de pesos y consumos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.
El fiscal señaló además que el reporte no identificaba quién realizó cada gasto ni especificaba si las operaciones se hicieron con una única tarjeta o con plásticos adicionales, algo que ahora será materia de investigación judicial.
La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubieran ocurrido durante viajes oficiales, los consumos detectados serían incompatibles con las normas vigentes sobre viáticos y uso de fondos públicos.
La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como primeras medidas de prueba, la fiscalía pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas.
Además de esta causa, existe otra denuncia similar presentada por el diputado nacional Esteban Paulón, que tramita en otro juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
