La Justicia Federal ordenó más de veinte operativos en propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, tanto en Santa Cruz como en la provincia de Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones relacionadas con el presunto tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.
Los procedimientos incluyeron allanamientos, embargos, requisas y secuestros de vehículos, además de medidas destinadas a rastrear el patrimonio de los involucrados.
La investigación también alcanza a Claudia Insaurralde, pareja de Báez y señalada como responsable de administrar sus bienes, a un chofer y a otras personas que estarían vinculadas con las maniobras bajo análisis. El empresario, que permanece detenido, cumple una condena de diez años por lavado de activos agravado en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y por administración fraudulenta en el expediente “Vialidad”.
La medida fue dispuesta por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a partir de un pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Uno de los expedientes busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la actividad se habría desarrollado al menos desde diciembre de 2025 y contaría con dos hombres encargados de la distribución de la droga. Uno de ellos tendría a su cargo un lavadero que, según la sospecha judicial, habría sido utilizado como punto de entrega de los estupefacientes.
A partir de esa investigación surgió una segunda línea que puso el foco en el patrimonio de Lázaro Báez. La Justicia intenta establecer si existe una organización que se habría encargado de administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito, que presuntamente habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.
Un dato que vincula ambos expedientes es que uno de los posibles integrantes de la estructura investigada por el manejo de los activos también sería señalado como líder de la presunta banda dedicada al narcotráfico en Santa Cruz, de acuerdo a lo que consignó el medio TN.
Los operativos se llevaron adelante entre el lunes y este martes, principalmente en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias santacruceñas y propiedades ubicadas en Buenos Aires. En el despliegue participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional.
Como resultado de los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron estupefacientes, documentación y distintos vehículos que estarían relacionados con los imputados en ambas causas. También se dispusieron medidas cautelares sobre el patrimonio de los investigados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal, con el objetivo de profundizar el seguimiento de sus movimientos económicos y financieros.
Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco, quienes buscan avanzar sobre las presuntas conexiones entre las maniobras de narcotráfico y el circuito de administración de bienes que se investiga alrededor de Báez.
