Los reiterados reclamos de los rosarinos que viven cerca del arroyo Ludueña, sobre todo en la zona de Fisherton, no modificaron la contaminación sin fin que sufre ese curso de agua y todo el material reunido en los últimos años fue recopilado y presentado como denuncia penal este martes al mediodía.
La demanda fue oficializada por el concejal Julián Ferrero, presidente de la comisión de Ecología del Palacio Vasallo, ante el Área de Coordinación en Investigación de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la
Acusación (MPA).
Se trata de fotos, videos, análisis científicos de la calidad del agua y otras evidencias sobre "efluentes cloacales, olores nauseabundos, líquidos espumosos, aguas turbias, blanquecinas y verdosas".
El objetivo es que se investigue el origen de posibles descargas tóxicas en un sector crítico de la cuenca y también prevenir el daño ambiental.
Marcelo Ferraro, vecino de Fisherton que realiza un seguimiento casi a diario del estado del arroyo y comparte imágenes de una degradación visible, afirmó a Rosario3 que la denuncia "se formó después de siete años de reclamos de lo que ocurre, con fotos y videos, y nada se hizo, solamente limpiaron la costa de la villa Stella Maris por un supuesta cancha de golf que iban a hacer".
"Volví a ese lugar hace dos semanas y todo está igual. Vienen aguas servidas desde Funes y varias pluviales como el Puente negro o Génova y el arroyo, que están las 24 horas tirando", dijo y agregó todo lo que “se arroja bajo el entubamiento desde Empalme hasta su salida en el shopping”.
“El arroyo es una cloaca y un basural a cielo abierto”, concluyó y lamentó la pérdida de ese “bastión natural que le queda a la ciudad junto al Saladillo” mientras que años atrás era posible bañarse en sus aguas y pescar pero “hoy solo hay basura”.
El planteo judicial se apoya además en un relevamiento realizado por el concejal Ferrero: testimonios de testigos, imágenes aéreas y un informe técnico que detectó indicadores compatibles con vertidos de efluentes.
"La información disponible muestra que no estamos frente a un episodio aislado. Estamos frente a un patrón de contaminación que se repite: todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora. Hay antecedentes, denuncias vecinales, monitoreos previos y ahora evidencia técnica que justifica una investigación para saber qué está pasando y quiénes son los responsables", señaló Ferrero.
“En marzo le exigimos a la Municipalidad, a través del Decreto N° 69.043, que inspeccione el sector en cuestión y controle el vertido de efluentes de esos barrios para identificar a los responsables. Aún no recibimos ninguna respuesta”, agregó.
Entre los resultados relevados aparecen bajos niveles de oxígeno disuelto, alta carga de materia orgánica, presencia de bacterias de origen fecal y valores de conductividad muy superiores a los habituales para cursos de agua dulce. Según el informe técnico, estos indicadores son compatibles con aportes contaminantes no controlados.
La denuncia solicita que se investigue el origen de las posibles descargas tóxicas y que se impulsen las medidas necesarias para prevenir nuevos episodios y resguardar la calidad ambiental del arroyo.
Los principales puntos de la demanda
La denuncia presentada en el Centro de Justicia Penal se hace eco de los "diversos y reiterados actos de contaminación ambiental con residuos peligrosos en el Arroyo Ludueña, más precisamente en el tramo de la cuenca comprendido entre Autopista Ruta Nacional 9 Rosario-Córdoba y Av. Jorge Newbery".
La iniciativa pide al MPA que ordene "pruebas que en forma inmediata hagan cesar el daño" registrado por quienes viven en la zona noroeste de la ciudad, "respecto a olores nauseabundos, líquidos espumosos, aguas turbias, blanquecinas y verdosas".
Uno de los focos del reclamo está sobre las calles Schweitzer y Bello. Allí, desde 2024, se verificaron "efluentes cloacales en un conducto pluvial a cielo abierto que representa a simple vista un riesgo sanitario para la población". Algo similar, pero desde diciembre de 2025, se replicó en las intersecciones del arroyo con calle Ingeniero León Miglierini y calle República.
La presentación adjuntó el material fotográfico y de video para probar la situación detallada en el texto legal. También cita un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua superficial realizado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la UNR.
Las tomas se realizaron el 23 de febrero de 2026 y registraron "alta carga orgánica, reducida cantidad de oxígeno disuelto, elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, y un alto nivel de conductividad eléctrica, propia de la concentración de sales".
Todos esos elementos indican que "se están vertiendo residuos peligrosos sin el tratamiento adecuado que prevee la normativa vigente, y que las características del líquido residual, no satisface las condiciones del vuelco en el arroyo receptor, según resolución provincial 1089/92".
En términos jurídicos, la demanda se sustenta en el Código Penal Argentino (artículos de delitos de envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas), la “Ley General de Ambiente” 25.675, la provincial 11.717 de “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” y la 11.273 de "Productos Fitosanitarios”, entre otras normativos de "control del vertimiento de líquidos residuales".
La imputación sugerida es la utilización de un residuo peligroso para "envenenar", "adulterar" o "contaminar" de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente.
"Existe una relación directa con el peligro para la salud de los y las vecinos/as, y en ese sentido solicitamos la producción y custodia de la prueba pertinente a ese MPA que en el punto siguiente desarrollaremos", añade la demanda que también menciona los pedidos de informe del Concejo y algunas respuestas del Ejecutivo en donde se reconocen "valores elevados de Coliformes Totales y Fecales" y otros residuos "compatibles con descargas cloacales".
