El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a tomar forma en su etapa de implementación. El Ministerio de Justicia creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil y aprobó una serie de instrumentos para organizar el seguimiento de los adolescentes alcanzados por la nueva ley, la capacitación de los operadores y la asistencia a las víctimas.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 484/2026, publicada el viernes en el Boletín Oficial. El programa funcionará dentro de la dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal y tendrá, entre otros objetivos, organizar el cuerpo de supervisores, establecer criterios comunes de intervención y generar información para evaluar el funcionamiento del sistema.
Uno de los cambios centrales es la creación de un esquema de supervisión individualizada de los adolescentes que estén sometidos a medidas judiciales dentro del nuevo régimen.
Qué harán los supervisores
Los supervisores tendrán un papel que va más allá del control del cumplimiento de una medida judicial. El reglamento y el Manual del Supervisor Juvenil establecen un esquema de seguimiento que contempla entrevistas periódicas, evaluación de necesidades, elaboración de informes y coordinación con otros servicios.
Entre sus funciones estará mantener entrevistas semanales con cada adolescente y elaborar informes mensuales sobre su desempeño y evolución. También deberán intervenir ante problemas personales, familiares, de salud mental o de adicciones y articular con los profesionales y organismos que correspondan.
El manual aprobado por Justicia plantea que el trabajo debe organizarse en distintas etapas: ingreso al régimen, evaluación de la situación del adolescente, elaboración de un plan individual de intervención, entrevistas periódicas, coordinación con servicios, seguimiento de dificultades o incumplimientos, comunicación con el tribunal y cierre de la intervención.
La idea es que el supervisor no funcione solamente como una figura de vigilancia, sino como un profesional encargado de acompañar el proceso y detectar obstáculos que puedan afectar el cumplimiento de las medidas. Para eso, el manual contempla la evaluación de riesgos y necesidades y establece criterios para documentar la evolución de cada caso.
Quiénes podrán ser supervisores
El nuevo sistema tendrá un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La inscripción no implica ingresar a la administración pública ni garantiza una designación automática.
El reglamento establece que se trata de una función técnica independiente del tribunal y que el supervisor no puede modificar por su cuenta una medida judicial, imponer nuevas obligaciones ni restringir derechos. Tampoco reemplaza a los servicios de salud, educación o asistencia social.
Para integrar el registro se exige formación profesional y matrícula vigente. El proceso contempla convocatoria pública, evaluación, selección y una capacitación inicial obligatoria. El registro tendrá una vigencia de tres años y los profesionales deberán realizar además capacitación continua.
El reglamento fija un mínimo de 15 horas anuales de capacitación. El incumplimiento de esa obligación puede derivar, después de un período para subsanar la situación, en la baja del registro.
La asignación de los supervisores se realizará teniendo en cuenta factores como la jurisdicción, la especialidad, la proximidad geográfica, la complejidad del caso y la disponibilidad profesional, además de procurar una distribución equitativa de la carga de trabajo.
Un manual de casi 300 páginas
Como parte de la implementación, el ministerio aprobó el Manual del Supervisor Juvenil, un documento de 298 páginas que busca convertir las funciones previstas por la ley en procedimientos concretos de trabajo.
El texto establece pautas para las entrevistas, los informes, la intervención ante situaciones problemáticas y la coordinación con otras áreas. También establece criterios para diferenciar en los informes los hechos que fueron verificados, la información atribuida a terceros, las interpretaciones profesionales y las recomendaciones.
El manual fue elaborado como herramienta de formación y trabajo para los supervisores y establece un marco común para las intervenciones.
Qué pasa con las víctimas
La implementación también incorpora un esquema específico de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. Las nuevas normas prevén orientación durante las distintas etapas del proceso, acompañamiento social y psicosocial, información sobre los derechos de la víctima y derivaciones hacia los servicios que correspondan.
El sistema también contempla el acceso a asistencia jurídica gratuita cuando las circunstancias personales o económicas impidan afrontar los costos de un abogado.
En ese marco, el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid) continuará funcionando como uno de los canales de atención. El documento establece el 149, gratuito y disponible las 24 horas, para orientación y asistencia.
Las normas también contemplan que las víctimas puedan recibir información sobre decisiones relevantes del proceso y acceder a medidas de protección, servicios de salud y asistencia social cuando corresponda.
Coordinación con provincias y estadísticas
La reforma también prevé una estructura de coordinación entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La Resolución creó el programa como ámbito para organizar la implementación en la Justicia nacional ordinaria y federal y estableció mecanismos de articulación con las jurisdicciones locales. Para eso funcionará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada al intercambio de información y buenas prácticas y a la elaboración de recomendaciones no vinculantes.
Además, el Ministerio coordinará con el Registro Nacional de Reincidencia una sección especial para las personas alcanzadas por la Ley 27.801, con protocolos de acceso y resguardo de la información.
El programa también deberá producir estadísticas sobre el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia. La intención declarada es utilizar esa información para evaluar resultados y realizar ajustes en las intervenciones.
