La agudización del conflicto social en Bolivia dejó un saldo trágico en las últimas jornadas. Las protestas, que ya suman 22 días ininterrumpidos, provocaron víctimas mortales, graves incidentes con fuerzas de seguridad y una creciente crisis humanitaria.
En distintos puntos del país, las manifestaciones contra la administración del presidente Rodrigo Paz paralizaron el transporte de cargas y pasajeros. Esta situación afectó severamente la circulación, impactando de lleno en cientos de ciudadanos extranjeros en tránsito.
Migrantes varados y una víctima infantil
Según los registros oficiales, alrededor de 250 migrantes originarios de Venezuela y Colombia quedaron inmovilizados en el territorio boliviano. Estas familias buscaban retornar a sus países desde Chile cuando fueron sorprendidas por los cortes de ruta.
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Juan Arroyo, detalló que los grupos reciben asistencia humanitaria en las terminales de transporte. Además, brindó precisiones sobre la compleja situación migratoria.
“No pueden continuar viaje, al no tener papeles regresaban por tierra. Los colombianos dicen tener papeles y están en mejor situación”, explicó el funcionario.
A este drama social se le sumó la muerte de un niño de 12 años. La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que el niño falleció al no poder recibir asistencia médica debido al bloqueo de las vías de acceso.
Furia y muertes tras un choque policial
En paralelo, la región oriental de Santa Cruz fue escenario de un violento estallido. El conflicto se desató tras un accidente de tránsito protagonizado por dos agentes antidrogas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).
El vehículo oficial impactó contra una motocicleta, provocando el fallecimiento de una mujer y su hija, y dejando a un hombre en terapia intensiva. Ante esta situación, una multitud indignada atacó las instalaciones policiales en Santa Fe de Yacapaní.
Los manifestantes prendieron fuego a tres vehículos policiales y obligaron a los efectivos a abandonar el cuartel mediante el uso de gases lacrimógenos. En el transcurso de estos incidentes, un joven murió tras recibir un impacto de bala.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, se pronunció para intentar calmar la zona. Anunció la aplicación de la ley para investigar tanto el choque como el homicidio del joven manifestante.
Impacto económico y demandas sociales
El malestar generalizado responde a la crisis económica, la falta de alimentos y la escasez de combustibles. El detonante de estas movilizaciones fue la importación de gasolina de mala calidad, un factor que afectó a miles de trabajadores informales.
Los cortes de rutas mantienen aislada a la ciudad de La Paz, generando aumento de precios y desabastecimiento hospitalario. Las pérdidas económicas acumuladas superan los 600 millones de dólares, según informó la Cámara Nacional de Industrias.
Pese a la magnitud del conflicto, el gobierno nacional descartó recurrir a la fuerza para despejar las vías, según ratificó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Mientras tanto, grupos de vecinos autoconvocados comenzaron a desarmar algunos piquetes en la vecina ciudad de El Alto.
