La violencia de género sigue siendo una problemática alarmante en Argentina. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, perteneciente a la organización MuMaLá, en lo que va de 2026 se registraron 239 femicidios en todo el país.
Esto representa un femicidio cada 30 horas.
Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a octubre, que cerró con 36 femicidios y se convirtió en el peor octubre de los últimos cinco años, desde 2022.
A esta cifra se suman 728 intentos de femicidio que no llegaron a concretarse por circunstancias ajenas a la voluntad de los agresores.
Desde MuMaLá señalaron que la situación económica y social también profundiza las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas mujeres y disidencias. El deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento, la sobrecarga de las tareas de cuidado y la necesidad de tener varios trabajos generan un escenario cada vez más complejo para quienes atraviesan situaciones de violencia.
En ese contexto, la organización hizo hincapié en el caso de Nancy Godoy, la maestra rural asesinada en Corrientes después de permanecer 20 días desaparecida. Antes de su muerte, la docente había denunciado las precarias condiciones en las que estudiaban los chicos de las zonas rurales de difícil acceso.
Desde el observatorio advirtieron sobre la falta de acompañamiento y de respuestas estatales frente a situaciones que dejan a muchas víctimas sin la protección necesaria.
Las infancias, entre las principales víctimas indirectas
El relevamiento también pone el foco en las consecuencias de los femicidios sobre las familias. El 41% de las víctimas eran madres, por lo que 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus mamás en lo que va del año.
En cuanto a la clasificación de los 239 casos registrados, el informe detalla 177 femicidios directos, 24 femicidios vinculados, 20 crímenes en contextos de narcotráfico o crimen organizado, 10 suicidios femicidas, 8 trans/travesticidios, 9 muertes violentas asociadas al género y un crimen de odio.
Frente a este panorama, desde las organizaciones sociales y feministas reclaman medidas urgentes, mayor presupuesto y políticas públicas concretas para prevenir la violencia de género, acompañar a las víctimas y evitar que estos hechos sigan ocurriendo.
