El fútbol formativo de la región central del país volvió a quedar expuesto por su cara más oscura. Sin embargo, esta vez la respuesta institucional no pasó desapercibida ni terminó en un simple tirón de orejas: el Tribunal de Disciplina de la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) aplicó durísimas sanciones que llegan hasta los 5 años de inhabilitación para jugadores juveniles tras los gravísimos incidentes registrados en un partido de Quinta División entre General Paz Juniors y Unión Florida.

El fallo sienta un precedente categórico que resuena con fuerza en toda la provincia de Santa Fe y, en particular, en el ecosistema de la Liga Rosarina de Fútbol, donde episodios de violencia verbal y física entre padres, técnicos y juveniles se han transformado en una preocupación creciente fin de semana tras fin de semana.

     

Un choque juvenil que terminó en escándalo y hospitalizados

El episodio que desencadenó el fallo ocurrió a fines de octubre en la capital cordobesa. Tras el segundo gol de General Paz Juniors, se desató una violenta batalla campal dentro del campo de juego que obligó a suspender el partido. La gresca escaló a tal punto que dos futbolistas de apenas 16 años debieron ser trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

La respuesta del ente disciplinario fue contundente:

  • Suspensión de 5 años para dos futbolistas del plantel juvenil del club Unión Florida.
  • Suspensión de 3 años para un tercer jugador del mismo equipo.
  • Sanciones económicas a las instituciones: multas equivalentes al valor de entradas durante varias fechas para ambos clubes, tras aplicarse el Reglamento de Transgresiones y Penas.
  • Dar por finalizado el encuentro registrando el marcador que se mantenía al momento del escándalo (2-1 a favor de Juniors).
     

Sin ir más lejos, el marco normativo de la Liga Rosarina —respaldado en el Reglamento de Transgresiones y Penas de AFA— habilita penas de 1 a 5 años de inhabilitación por agresiones graves (Art. 183 y ss.) o inhabilitaciones fijadas por años de calendario ante batallas campales en divisiones inferiores (Art. 199 a 207).

Sin embargo, en los últimos episodios de violencia informados localmente, los fallos terminaron resolviéndose con suspensiones de apenas tres a cinco partidos para los involucrados o simples apercibimientos a las instituciones.

En los torneos formativos de la ciudad (infantiles e inferiores), el reglamento otorga facultades al Tribunal de Disciplina para actuar con atenuantes o agravantes específicos:

  • Responsabilidad de los adultos/hinchada: Los clubes son directamente responsables por la conducta de padres, entrenadores y simpatizantes ubicados en el perímetro de la cancha.
  • Inhabilitación a dirigentes y auxiliares: Las sanciones a delegados o técnicos que inciten a la violencia arrancan en 3 meses a 2 años de suspensión para ejercer cualquier función ligada a la LRF.

El contraste cordobés demuestra que las herramientas de sanción (no solamente en el fútbol) ya existen en el papel; la diferencia radica en la decisión política e institucional de ejecutarlas con firmeza para sentar un verdadero límite, acompañado de un compromiso genuino de las instituciones para educar y frenar la locura desde adentro.