El despido –pedido de renuncia, señalan desde el Ministerio de Cultura– del hoy ex titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Alejandro Cacetta, generó la reacción de la comunidad cinematográfica argentina.

Tras las muestras de apoyo públicas a través de las redes sociales, la Academia de Cine y de las Artes Cinematográficas de la Argentina junto a otras once entidades que nuclean a distribuidores, productores y realizadores rechazaron a través de un comunicado público el desplazamiento del funcionario del organismo nacional.

“El pedido de renuncia resulta sorpresivo y supone un cambio en el concepto de institucionalidad y transparencia que, desde el Ministerio de Cultura, se impuso oportunamente al momento de elegir a las autoridades del Incaa”, se lee en el comunicado que lleva la firma de la Cámara Argentina de la Industria del Cine, la Asociación General de Productores, la Cámara de Distribuidores Independientes de Cine, el Sindicato de la Industria Cinematográfica y la Academia, entre otras entidades.

El Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, le pidió la renuncia a Cacetta en la tarde del último miércoles tras conocerse a través del programa Animales sueltos la existencia de una denuncia “por inconsistencias en los gastos” de la gestión del funcionario saliente en la Oficina Anticorrupción.

"Las sospechas son por inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación por el concepto por el que se hicieron, y también gastos grandes en relación a publicidad que podrían ser irregulares, además de erogaciones que aparecen desdobladas", explicaron fuentes a la agencia Télam. Aunque, aclararon, que "todo es a verificar".

Acto seguido, se designó en Ralph Haiek, entonces vicepresidente del Incaa, como titular del organismo.

Asimismo, en el texto de la cartera cultural que formaliza la salida del ex titular de la productora Patagonik se señaló que la decisión "obedece" también "a la necesidad de acelerar y profundizar todos los procesos de mejora administrativa en el Incaa".

Por su parte, las entidades representativas de la industria cinematográfica argentina afirmaron en su comunicado: “Conocemos la integridad profesional y personal del presidente del Incaa, y rechazamos las imputaciones de supuestas irregularidades o hechos de corrupción que, con absoluta liviandad y falta del rigor, fueron formuladas públicamente”.

Además, en el texto destacaron que “resulta imprescindible aclarar que Cacetta llegó al cargo a partir de un consenso general de toda la Industria que postuló su nombre en una asamblea democrática en acuerdo con el Ministerio de Cultura de la Nación, un hecho sin precedente en la cultura nacional”.

Entre los “logros” de Cacetta se enumeraron “la puesta en marcha de la Cinemateca Nacional (Cinain), el ambicioso plan de formación de público y generación de audiencias, llamado «Las escuelas van al Cine», la puesta en valor a los Espacios Incaa, Incaa TV y la plataforma Odeón, rebautizados hoy como Cine.ar y el Plan de Fomento 2017 realizado con el aporte de todo el sector”.

Tras la publicación del comunicado, el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, dijo el último jueves en TN que “hace muchos años que en el Incaa hay arreglos entre amigos y noticias de bolsones de corrupción”.

En conversación con El juego limpio, el funcionario sostuvo que no tiene “ningún elemento para dudar de la honorabilidad” de Cacetta “ni de la del ministro Avelluto”.

Sobre el tema, se manifestaron el productor Adrián Suar, el director Juan José Campanella y la realizadora Lucrecia Martel, entre otros y otras.

Por su parte, la directora de La ciénaga, dijo que el método empleado para echar a Cacetta “asusta”.

"En primer lugar porque de buenas a primeras aparece la expulsión a una persona como Cacetta que la industria del cine califica de intachable porque de manera irresponsable en un programa de televisión una persona no muy clara, denuncio irregularidades", dijo Martel en el programa Hablemos de Política que se emite por FM Aries de la ciudad de Salta.

Los pasos a seguir por la Oficina Anticorrupción –que no funciona como una fiscalía sino como un ente que asesora y querella– serán ahora abrir una "investigación preliminar administrativa y en caso de encontrar algo que lo amerite, hacer una denuncia en la Justicia Federal".