A sabiendas del poco resto político que deja la complejísima trama de inseguridad que ha golpeado y fuerte a la gestión del Frente Progresista que gobiernal la provincia, el gobernador Miguel Lifschitz redobló la apuesta. No sólo se despega de lo que se conoce hoy en Rosario como la “Megacausa” que involucra a contadores, escribanos, prestanombres, empresarios y un gremialista.

Sino también despliega una batalla política que apuesta a ganar, pero en tribunales, al pedirle al fiscal de Estado, Pablo Saccone, que la provincia sea querellante.

Lo había hecho el viernes pasado, cuando se despegó de abogados defensores de algunos de los detenidos por asociación ilícita, falsedad ideológica, fraude, estafa y lavado de activos. Nos referimos a los casos de los ex ministros de Justicia, Héctor Superti y Juan Lewis y el de Seguridad, Daniel Cuenca. Los dos primeros con funciones en la Legislatura hasta que se conoció la noticia y el diputado Rubén Galassi, subordinado de Lewis, le pidió la renuncia. Lo mismo que pasó con Superti, a la sazón abogado defensor del ex gobernador, Antonio Bonfatti.

Lifschitz, el viernes pasado había señalado que eran “funcionarios de la gestión anterior”, y que “desde el punto de vista de la ética política, tenemos que estar de un lado o del otro en la lucha contra el narcotráfico, el lavado y la corrupción en todos sus niveles”. A los que pensaron que esa postura era una jugada para la tribuna, se equivocaron. Este lunes fue con todo al anticipar la querella en la que la provincia podrá pedir constitución de pruebas a la jueza Mónica Lamperti como a la fiscalía especial de Delitos Económicos del Ministerio de la Acusación, que hoy comandan los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot.

Justo cuando la pelota había quedado del lado de los ex funcionarios que hicieron estallar la interna del socialismo, Lifschitz dio otro paso más al anunciar la querella contra los acusados. A media mañana, Héctor Superti, en diálogo con Radio Dos, había llamado a tener “cuidado con la caza de brujas”, en calidad de abogado defensor del empresario Jorge Oneto, desarrollador inmobiliario y contador, uno de los imputados.

El abogado había opinado “mi representado es inocente y cuando iba a cerrar una operación inmobiliaria con un campo se dio cuenta de que figuraba como litigioso”. “Asumí la defensa de que atendía a una víctima, hoy sigo sosteniéndolo. Si las cosas cambian, puedo cambiar mi decisión de hacerlo. Pero, por qué voy a dejar de atender a una persona que hace cuatro meses atiendo?”, se preguntó. “Al dar un paso al costado a la Legislatura, quedo liberado y yo voy a seguir en la causa. Renuncié porque de Bonfatti me siento amigo. No podía dejar la situación como la habían colocado”, defendió.

Pero al término del mediodía, Lifchitz argumentó las razones por las que la provincia jugará en esta causa. Y lo hará en un plano judicial, pero con un mensaje indudablemente político que parece ser este: si hay corrupción, esta gestión no es responsable y hay que ir a fondo.

“Entendemos que más allá de la gravedad de los hechos, se han detectado bienes jurídicos, protegidos y que deben ser tutelados por la provincia y por las leyes, por eso en ese sentido, más allá de la acción que está llevando el Ministerio Público y el desarrollo del proceso que está en sus inicios, nosotros entendemos que también le cabe al gobierno de la provincia participar de estos procesos en calidad de querellantes, incorporarnos al proceso”, explicó Lifschitz en medio de la segunda conferencia de prensa sobre el tema en cuatro días.

“Por eso le hemos dado instrucciones al fiscal de Estado Pablo Saccone para que prepare la presentación que seguramente en los próximos días estaremos haciendo. Afecta el bien jurídico de propiedad, porque estamos hablando de que presuntamente, personas con determinados bienes, podrían haber sido burlados en su buena fe y perdido esa propiedad porque también se afecta el orden público por la figura de una asociación ilícita, porque se ha vulnerado la fe pública al falsificarse documentos públicos, como son las escrituras”, detalló.

Por último agregó que “se afecta el orden económico y financiero porque uno de los delitos que se imputan es el de lavado de activos de origen ilícito. En ese sentido le cabe también en este caso al gobierno de la provincia le cabe participar de este proceso y aportar elementos que puedan ser útiles para dilucidar lo más rápido posible estas causas y por otro lado cumplir con nuestra responsabilidad”.