Tres personas quedaron demoradas este miércoles en una redada por extorsiones. Una de ellas es una suboficial de Policía en disponibilidad a la que personal de la Agencia de Control Policial (ACP; ex Asuntos Internos) le secuestró 2 millones de pesos en efectivo. El fiscal Federico Rébola investiga una serie de aprietes a un empresario pyme radicado en zona noroeste, que sufrió tres balaceras desde diciembre y notas mafiosas amenazas a sus nietos.
Uno de los procedimientos de este miércoles tuvo lugar en Guatemala al 300 bis, de donde personal de Balaceras de Agencia de Investigación Criminal (AIC) se llevó demorado a un hombre de 66 años y secuestró un revólver 32.
En tanto, en calle Casilda al 7400, fue demorada la suboficial Aldana B. y Darío S. El fiscal pidió el secuestro de 900 dólares y poco más de dos millones de pesos hallados en poder de los sospechosos.
Según deslizaron voceros de la AIC, Aldana B. se encontraba en disponibilidad, aunque las fuentes no se explayaron sobre los motivos.
Las víctimas poseen una peluquería, pero también una pyme de revestimiento y trabajos de metales en general ubicada en un galpón de Méjico al 148. Este emprendimiento fue blanco de balazos en la madrugada del 15 de junio. Jorge, el damnificado, salió a enfrentar las cámaras de televisión y dijo que no era la primera vez que sufría este tipo de aprietes. El martes, dos días antes, habían atentado contra su casa en Arévalo al 7100.
“El martes a las 4 de la madrugada me tiraron siete tiros en mi casa, tres impactaron en la planta alta y cuatro en la parte baja. Me dejaron una nota con una foto de mi familia y que les entregue 100 mil dólares”, dijo el hombre con la intención de denunciar el hecho.
El papel contenía información muy sensible, ya que los desconocidos escribieron “la cantidad de nietos” que tiene, “a quiénes iban a matar primero”, y luego continuaron su amenaza diciendo que seguirían con toda su familia si no pagaba ese dinero, de acuerdo con sus declaraciones a El Tres.
La saga había empezado en diciembre, con un ataque a tiros contra otra vivienda de la familia ubicada en Guatemala al 200, a escasos metros de los otros blancos. “La suma de 70 mil dólares o muerte”, decía el cartel hallado el año pasado. El fiscal Rébola aún debe determinar si imputa a los demorados.
