Los cuatro gendarmes que el pasado 22 de julio robaron un millón de pesos a una familia durante un control vehicular llevado a cabo en el barrio Nuevo Alberdi fueron condenados por la Justicia federal a través de juicios abreviados. Todos recibieron penas de hasta 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional.
En una audiencia celebrada este martes en los Tribunales federales de Rosario, el juez de Garantías Román Lanzón homologó un acuerdo alcanzado entre el fiscal Federico Reynares Solari y la defensa del gendarme Santiago Hernán Romero, quien aceptó una pena a dos años y medio de cárcel y una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena.
Si bien el legajo se inició en la Justicia provincial, la Fiscalía Federal solicitó que se dicte la competencia del fuero federal mediante audiencia formalizada el 5 de agosto, donde el juez de Garantías ordenó al Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario la remisión de las actuaciones. En ese sentido, el fiscal Reynares Solari destacó que “se empieza a plasmar en la jurisdicción un cambio de temperamento institucional: el Ministerio Público Fiscal va a defender, cuando corresponda, la competencia federal y su capacidad de intervenir en múltiples conflictos”.
De acuerdo a los datos de la causa, el 22 de julio a las 22.45, Romero junto a sus compañeros de la fuerza Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales frenaron en Bouchard y Servellera un auto en el que iba un hombre, su pareja y sus hijos de 6 años y 7 meses. Obligaron a los ocupantes a bajar del vehículo para poder requisarlo, cuando no existía motivo legal para hacerlo.
Mientras revisaban el auto de la familia, uno de los gendarmes se apoderó ilegítimamente del dinero que estaba dentro del rodado, se dirigieron hacia la camioneta oficial, ascendieron y se retiraron raudamente del lugar con el producto del ilícito.
Minutos después, las víctimas denunciaron el hecho en un puesto de Gendarmería ubicado en Sorrento y Cullen. Tras convocar a las unidades de Gendarmería a la base de la fuerza en el Club Atlético Sparta (Machain y Maciel), al presentarse la camioneta con los cuatro gendarmes señalados, los denunciantes los reconocieron como quienes les habían sustraído el dinero.
A Romero se le atribuye el delito de coacción ya que, según las evidencias y testimonios, en su rol de autoridad amenazó a las víctimas con la promesa de devolver el dinero, pero si desistían de formalizar la denuncia.
Por su parte, los gendarmes Pacheco, Santillán y Torales aceptaron un abreviado que se llevó adelante en otra audiencia, por una pena a 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena como coautores de abuso de autoridad en concurso real con hurto agravado, por haber sido cometido por funcionarios públicos.
Además, se acordó para todos los imputados reglas de conducta a cumplir durante dos años: fijar domicilio, el que de variar deberán informar a la autoridad de control; someterse al control del patronato de liberados; prohibición de acercamiento y/o contacto por cualquier medio con las víctimas de los hechos. A su vez, como parte del acuerdo, los imputados deberán abonar a las víctimas 50 mil pesos en concepto de reparación.
