El Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás procesó a dos personas como responsables del comercio de animales de la fauna silvestre provenientes de la caza furtiva, en el marco de una causa por tráfico de aves y depredación del medio ambiente. Al proveedor de los pájaros, oriundo de Granadero Baigorria, le secuestraron 20 jaulas con especies como jilgueros dorados, reina mora, cardenales copete rojo, corbatitas y varilleros congo, que luego eran vendidas a través de una red social. Además, se incautaron cuadernos con anotaciones donde figuraban precios, ventas y una significativa cantidad de especies fallecidas, todo lo cual corroboró la actividad ilícita, indicó fiscales.gob.ar.
El procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado el 11 de septiembre pasado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo y recayó sobre los imputados Darío M. G. y Sergio G. Al primero se le trabó embargo por 600.000 pesos y al segundo por 1.000.000 de pesos, y se dispuso que, en caso de no tener bienes para cubrir esos montos, se proceda a la inhibición general de ambos.
“El bien jurídico aquí protegido es la fauna silvestre en sí misma, independientemente de que su preservación sea de utilidad para el individuo. La ley tiende a la protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional de las especies animales que habitan en nuestro país”, destacó el juez en su resolución.
La investigación, que encabezó el fiscal federal Matías Di Lello, comenzó a mediados de 2023, cuando personal de la Policía Federal Argentina (PFA) tomó conocimiento de que un hombre comercializaba pájaros en el barrio Plastiversal de San Nicolás.
Según el relevamiento, en la casa se vendían cardenales, chalchas, reina mora, boyero de pico blanco, carpintero blanco y hasta tortugas pequeñas. Además, se corroboró que el 4 de julio de 2023, a las 17.30, arribó al domicilio un vehículo con jaulas. Ese día se constató que, en la red social Facebook, en un grupo de compra y venta de animales denominado “Gallinas San Nicolás”, el usuario Darío G. publicó que recibiría aves de todo tipo.
Mediante tareas de inteligencia se observó que de una camioneta Renault Duster bajó un hombre de aproximadamente 60 años, que abrió el baúl, extrajo del interior una jaula con aves, ingresó a la vivienda de Darío G. y, a los pocos minutos, se retiró con la jaula vacía.
Al mismo tiempo, a través de capturas de registros e interacciones en el grupo de Facebook, se pudo relevar que una usuaria consultó si alguien vendía loros grandes que hablen, ante lo cual Darío G. respondió que llegarían “loros amazonas”.
Tras constatarse las maniobras ilícitas de compra y venta de aves, y que el vehículo que las trasladó a San Nicolás pertenecía a Sergio G., con domicilio en Granadero Baigorria, el fiscal Di Lello pidió los allanamientos en los domicilios de las personas involucradas.
El 1° de febrero de 2024 se allanó la casa de Darío G., en Guido Spano al 500, de San Nicolás. En una de las habitaciones se encontraron cuatro jaulas de metal. En tres de ellas había ejemplares de cardenal y corbatita, y tres aves sin vida. Las que pudieron ser rescatadas fueron entregadas a la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y enviadas a la Fundación Temaikén, en el partido bonaerense de Escobar.
El otro allanamiento se concretó al día siguiente, en Rastras al 3500, de Granadero Baigorria, la vivienda de Sergio G. En un galpón del inmueble se encontraron 29 aves: 16 jilgueros dorados, una reina mora grande, dos corbatitas, un Lonchura striata (ave manón), seis varilleros congo y tres cardenales copete rojo, distribuidas en un total de veinte jaulas.
Asimismo, en el lugar se secuestraron dos cuadernos con anotaciones y contactos. Uno de ellos estaba en el interior de un vehículo marca Volkswagen Crossfox, estacionado en el garaje.
Según consta en el procesamiento, al declarar en el marco de las actuaciones, la inspectora y asesora legal de dicha brigada, Mariángeles Montero, manifestó que todas las aves encontradas pertenecen a la fauna silvestre y están protegidas por la Ley 22.421.
