Un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería fueron imputados por una presunta maniobra defraudatoria contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), a partir de la facturación de miles de prestaciones médicas que, según la investigación, nunca fueron realizadas.
Los acusados son el cardiólogo M.G.A. y el enfermero M.A.P., quienes ya habían sido detenidos e imputados en junio pasado en Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina. Esa causa se había iniciado como un desprendimiento de la investigación por las presuntas irregularidades en la facturación a PAMI.
La nueva imputación fue formalizada el 26 de agosto ante el juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Alberto Vera Barros. El magistrado estableció un plazo de seis meses para avanzar con la investigación, hasta el 25 de febrero de 2027, y dispuso como medidas de coerción la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia y la prohibición de salir del país.
Según informó el sitio Fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada en abril por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del PAMI (UFI-PAMI), luego de una pesquisa preliminar sobre las presuntas maniobras.
De acuerdo con la acusación, a través del sistema CUP de PAMI, el cardiólogo informó que entre octubre de 2023 y octubre de 2024 había realizado 36.085 prácticas médicas a nombre de 4.982 afiliados. Entre los estudios declarados se encontraban ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios mediante Holter. Por esas prestaciones, el organismo abonó $579.943.598,88.
Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el profesional informó otras 14.546 prácticas supuestamente realizadas a 2.275 afiliados, por un monto de $147.974.775,68. En este caso, el pago no llegó a concretarse debido a que fueron detectadas irregularidades en la facturación.
La investigación incorporó testimonios de afiliados que viven en distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haber sido atendidos por el médico. A esto se sumaron elementos que, según la fiscalía, demostrarían la imposibilidad material de que se hubieran realizado la cantidad de prácticas facturadas.
También se realizó un cruce con registros migratorios, mediante el cual se estableció que el cardiólogo no se encontraba en el país en momentos en que se habrían realizado algunos de los estudios declarados. Para la fiscalía, los acusados habrían utilizado datos personales de afiliados de distintas jurisdicciones para confeccionar las facturaciones.
La pesquisa también detectó una operación inmobiliaria realizada en junio de 2024. Según la hipótesis fiscal, los acusados habrían adquirido una vivienda mediante la presentación de documentación apócrifa ante una escribana y a través de una sociedad constituida por ambos que no registraba actividad comercial real. Esa estructura habría sido utilizada para dar apariencia de legalidad al origen de los fondos.
En la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal encuadraron los hechos como defraudación en perjuicio de la Administración Pública, consumada y en grado de tentativa, y lavado de activos. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Rosario, representada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración de la UFI-PAMI, encabezada por el fiscal federal Santiago Marquevich. El área de Criminalidad Económica, Trata y otros Delitos Complejos intervino bajo la coordinación de la fiscal Soledad García.
El antecedente por fentanilo y morfina
Los dos acusados ya habían sido detenidos en junio, en el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto. En esa oportunidad se realizaron allanamientos en domicilios de Acebal y Wheelwright, donde fueron hallados elementos que, según la pesquisa, indicaban que funcionaba un consultorio médico sin habilitación.
Durante los procedimientos fueron secuestradas 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y otros elementos destinados a prácticas médicas.
En esa causa, el médico M.G.A. y el enfermero M.A.P. fueron imputados por suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos previstos por la terapéutica y con destino ilegítimo, atribuido al primero como autor y al segundo como partícipe necesario. También fueron acusados por ejercicio ilegal de la profesión, en carácter de coautores.
El juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, formalizó entonces la investigación y dispuso la prisión preventiva de ambos por 90 días a pedido del Ministerio Público Fiscal.
