Un médico y un enfermero radicados en Wheelwright, a 170 kilómetros de Rosario, quedaron en prisión preventiva tras ser imputados formalmente por tener en su casa ampollas de fentanilo y morfina, lo que les valió la calificación penal de suministro de estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica, agravado por su destino ilegítimo, y el ejercicio ilegal de la medicina.
En la audiencia desarrollada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi expusieron el caso –mayormente vinculado al resultado de un allanamiento– y el juez Aurelio Cuello Murua dispuso que ambos profesionales de la salud queden detenidos por 90 días.
La investigación seguida al cardiólogo Martín Andrada y a su pareja, el enfermero Martín P., se inició cuando personal de la Policía Federal se topó con 243 ampollas de fentanilo (utilizadas) y 50 ampollas de morfina sin usar (dentro de una caja fuerte), junto a material orgánico, quirúrgico y otros elementos relacionados como vacunas inyectables, medicamentos en ampollas (diclofenac, ketorolco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina, penicilina y otros), bisturíes y otros insumos médicos.
El allanamiento estaba vinculado con una investigación que busca desentrañar una millonaria estafa al Pami (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) por parte del cardiólogo Andrada, causa que está a cargo de la Unidad Fiscal Rosario y que tendrá audiencia judicial en los próximos días.
Andrada se desempeñaba en el Samco de Acebal y, en los papeles formales, afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados de Pami y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025.
Para los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, los números no cierran y les resultó llamativo que la mayor parte de esos afiliados residan en otras provincias. Según la pesquisa, el total de la defraudación ronda los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones fueron abonados por Pami al profesional.
Las medidas investigativas determinaron que el cardiólogo registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día tras día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter).
Voceros judiciales agregaron que la investigación tuvo su origen en una actuación preliminar llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-Pami), a partir de haber tomado conocimiento de que se había detectado un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas supuestamente realizadas por el médico Andrada.
