La casa de la familia Funes, un apellido ligado a las crónicas policiales en sur rosarino, será “refuncionalizada” para ser convertida un centro para el tratamiento de adicciones. Al menos así lo indica un proyecto municipal que este martes tuvo el visto bueno de un juez, a partir de una presentación de fiscales de la Unidad de Microtráfico.

En Ayacucho al 4300, vereda este, hoy quedan los restos de la vivienda, una casa de dos plantas que forma parte del denominado Cordón Ayacucho, nombre que recibió el asentamiento –hoy urbanizado– que a mediados del siglo pasado se originó con la clausura de la Estación La Bajada y su playa de maniobras ferroviarias.

En 2016, en el marco de una escalada de un conflicto entre la familia Funes y Alexis Caminos, hijo de Roberto “Pimpi” Caminos, una disputa que derivó en el crimen de Mariela Miranda y otros episodios de sangre, la casa de Ayacucho al 4300 devino, a la fuerza, en un aguantadero. El crimen de la madre de los hermanos Funes, cometido ya hace una década, torció el destino no solo de los familiares de la mujer, sino el de la propiedad, donde supo funcionar una gomería y una verdulería.

Los estragos de la violencia, reflejados en el estado de una vivienda que alguna vez supo ser familiar. Foto: Rosario3.
Los estragos de la violencia, reflejados en el estado de una vivienda que alguna vez supo ser familiar. Foto: Rosario3.

Entre enero y febrero de 2018 fueron asesinados Jonatan y Ulises Funes, e intentaron matar a Jorge Funes, ya cuando este se había mudado a la localidad de Alvear y la casa de Ayacucho y Uriburu había comenzado su derrotero de decadencia.

Hoy, los restos de la casa son un testimonio de los estragos de la narcocriminalidad sobre una familia que fue protagonista y a la vez víctima de la violencia.

Enero de 2024. Un mueble de la familia Funes aún en pie durante la 'inactivación' de la propiedad.
Enero de 2024. Un mueble de la familia Funes aún en pie durante la "inactivación" de la propiedad.

Para 2024, ya con la sanción de la ley provincuial de microtráfico, que permite el “cese de estado antijurídico” de construcciones ligadas al delito, el inmueble fue uno de los primeros en ser intervenido, con el cierre de aberturas para tornarlo inhabitable. El derribo, dijeron los funcionarios, no era viable.

Por esos días dentro de esas paredes aún quedaban pertenencias de la familia Funes, como fotos, cuadernos escolares y hasta viejos de DVD de series de “mafia y sicarios”.

Así estaba la casa de Ayacucho al 4300 en enero de 2024. Foto: Rosario3.
Así estaba la casa de Ayacucho al 4300 en enero de 2024. Foto: Rosario3.

Hoy, la casa sigue en pie, pero con un notorio deterioro y, según el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat de Rosario, aún genera “inseguridad”.

En una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal el juez Alejandro Negroni escuchó la propuesta de las fiscales Brenda Debiasi y Mercedes Banchio, quienes, a partir de una presentación de la Municipalidad, solicitaron que el lugar sea utilizado “con fines sociales dentro del plan de pacificación y de la mesa de intervenciones barriales focalizadas”. En concreto, los funcionarios municipales presentes propusieron la contrucción de un dispositivo para el tratamiento de adicciones.

Al final de la audiencia el juez autorizó la reutilización de la contrucción con fines comunitarios y de bien público, conforme el proyecto municipal. Y recordó que deberán cumplimentarse informes periódicos de parte de estamentos municipales a la Fiscalía como así al Tribunal.