Aun sabiendo que la situación es incontrolable, la familia de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en Santa Fe a mediados de diciembre, pidió no contribuir a la viralización de las imágenes audiovisuales que muestran la atroz muerte del chico.
El video, que forma parte de la investigación penal, se filtró en las últimas horas y comenzó a circular de manera masiva por WhatsApp y Messenger. El material fue grabado por los homicidas en las ruinas de la fábrica Praxair, frente a la cancha de Colón de Santa Fe, donde fue hallado el cuerpo del adolescente, ultrajado a puñaladas.
En diálogo con la emisora Sol Play, Bruno Rugna, abogado de la familia, fue contundente y pidió expresamente que el video no se siga difundiendo ni reproduciendo. “Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, expresó al relatar las palabras de la madre del adolescente de 15 años asesinado el 18 de diciembre y hallado cuatro días después.
Desde la querella, Rugna indicó que el objetivo es localizar la fuente primigenia que permitió la viralización del video. Según explicó, se analizan distintas hipótesis sobre cómo se produjo la filtración, incluso la posibilidad de que haya salido desde algún ámbito oficial, ya que se trata de prueba judicial que no debería estar en circulación.
“Estamos arbitrando los medios para identificar a la persona que realizó la filtración y evaluar qué responsabilidad penal le podría caber”, señaló el abogado. En ese sentido, remarcó que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el origen o la difusión inicial del video será representada legalmente por el equipo penal que interviene en la causa.
Rugna confirmó además que los dispositivos tecnológicos secuestrados se encuentran actualmente bajo custodia, aunque subrayó un punto clave de la investigación: los menores involucrados en el homicidio tuvieron esos mismos elementos en su poder durante varios días antes de que fueran incautados.
“Nadie hace un video para guardarlo. Por eso estamos analizando todas las posibilidades”, sostuvo, al reforzar la gravedad institucional que implica que material sensible de una causa penal termine circulando libremente.
“No aporta nada a la investigación y solo profundiza el dolor. Es un material que pertenece a una causa penal y su difusión es una forma más de violencia”, concluyó el letrado.
Por el crimen de Jeremías Monzón, a fines de diciembre Milagros A., de 16 años, fue imputada por el fiscal de Menores Francisco Cecchini como coautora de homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento.
Tras escuchar las evidencias, el juez penal Sergio Carraro dispuso una medida de encierro, el término análogo a la prisión preventiva para los mayores de edad. Los otros dos involucrados en el caso son adolescentes de 15 y 14 años, no punibles, aunque fueron llevados a Tribunales para que un fiscal les hiciera lectura de los delitos perpetrados.
