Hace exactamente 5 años una publicación puso al mundo empresario y político patas para arriba. Parecía que ya nada sería igual en materia de corrupción y obra pública. Noticias sobre exfuncionarios y empresarios detenidos, confesiones y arrepentimientos coparon la agenda informativa a partir de entonces. Era la causa de los “cuadernos de la corrupción”, hoy un súper expediente que encuentra dificultades para llegar a la etapa de juicio oral. La vicepresidenta Cristina Kirchner, varios de sus exfuncionarios e importantes empresarios encabezan la lista de los acusados.
La causa salió a la luz el 31 de julio de 2018, después de la detención de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, uno de los hombres de confianza del exministro de Planificación durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido. Según reveló aquel día el diario La Nación, Centeno registró durante años, en pequeños cuadernos escolares, la ruta física del cobro de coimas a adjudicatarios de obras pública nacionales.
La investigación periodística la realizó el periodista Diego Cabot, que hizo la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso quedó a cargo del ahora fallecido juez federal Claudio Bonadio, que también el 31 de julio ordenó el allanamiento de decenas de domicilios y 12 detenciones, entre ellas la de Baratta.
En los días y semanas siguientes los operativos se sucedieron como un dominó. Cayeron peces tan gordos que hasta Paolo Rocca, el titular de Techint, fue procesado y afrontó un pedido de detención, aunque al poco tiempo lo sobreseyeron. También hubo empresarios santafesinos bajo la lupa, entre ellos el expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y de Vicentín Alberto Padoán.
Padoán fue procesado por el juez Claudio Bonadio por pagar coimas (cohecho) y por asociación ilícita. La Cámara Federal solo mantuvo el procesamiento por cohecho activo. Su defensa argumentó entonces que ya había transcurrido el plazo máximo de condena de dos años, por lo que corresponde declarar extinguido el caso y ser sobreseído. Pero el tribunal oral rechazó esa petición y uno de los jueces señaló que los delitos graves contra el Estado atentan contra la democracia y por eso son imprescriptibles.
Lo cierto es que la causa fue elevada a juicio oral desde 2019, pero la Justicia no consigue avanzar en ese sentido en medio de la maraña procesal que significa una causa con 229 imputados.
Así, las expectativas sobre la posibilidad de que esta investigación –de la que se derivaron varios expedientes más– marcara un antes y un después en materia de corrupción y obra pública naufragan entre los centenares de recursos que oponen los empresarios, exfuncionarios y testaferros que deben ir al banquillo de los acusados.
De hecho, en febrero los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli pidieron más recursos y espacio para poder hacer frente a la demanda que implica la investigación, ya que “El Tribunal vio sus capacidades tanto de recursos humanos como de espacio físico colapsadas”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no dio respuesta por ahora.
Así, la causa avanzó lento en este año electoral, aunque se produjeron algunas novedades. Una de ellas es que después de que la Cámara Federal rechazara un pedido de la defensa del empresario Armando Loson para anular la causa de los cuadernos por un peritaje que detectó irregularidades en las anotaciones de Oscar Centeno, investigadas en otro expediente, el juez federal Julián Ercolini decidió dar por cerrada la instrucción sobre un grupo de imputados y mandarlos a juicio. Entre ellos, no solo está Loson. También el ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y su ex secretario privado Martín Larraburu. La lista se completa con Roberto Baratta y su colaborador Nelson Lazarte, ya enviados a juicio por más hechos.
De todos modos, no hay fecha para el juicio pues el tribunal oral debe analizar las pruebas, para determinar cuáles siguen en pie y cuáles no. El proceso en sí mismo puede llevar larguísimos meses.
Lo cierto es que la instrucción de la causa expuso a la luz pública cómo era el circuito de las coimas, a partir de las declaraciones de los propios empresarios que participaban del mismo y que se “arrepentían” para no terminar en la cárcel.
Estos hombres de negocios, casi en su totalidad los mismos contratistas de la obra pública de hoy, siempre bajaban los montos y se manifestaban como rehenes de un sistema en el que de otra manera no podían sobrevivir.
Uno de esos empresarios era Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que nunca más apareció en público.
“El porcentaje del anticipo financiero iba entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra. Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante a modo de retorno. El monto de dinero era entregado a algunos de los recaudadores. Roberto Baratta disponía quién iba a recaudar, lo mismo el ingeniero (José) López (el mismo que llevó bolsos con dólares a un convento). Mi función era garantizar que el señor que ganaba la licitación les pagara y si la contratista no cumplía, me responsabilizaban a mí y me dificultaban el pago de los certificados de mi empresa”, dijo en su declaración.
Otro empresario, Manuel Santos Uribelarrea de MSU, declaró que en 2015 Baratta lo llamó para tener una reunión y que en ese encuentro la mano derecha de Julio De Vido le pidió plata para la campaña electoral de ese año. Según relató en los Tribunales, acordaron un monto de 100 mil dólares –el pedido original era mayor– que Uribelarrea pagó en tres partes: la primera antes de las primarias y las otros dos antes de las generales.
Además, entrecruzamientos telefónicos realizados por la Policía Federal, confirma el fluido intercambio de llamadas entre Roberto Baratta y varios empresarios en las mismas fechas que se habrían pagado las coimas. El ex funcionario del Ministerio de Planificación registra comunicaciones con Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, y con Hugo Alberto Dragonetti, dueño de la firma Panedile, entre otros.
A su turno, otro de los empresarios más importantes del país, Eduardo Eurnekian, negó haber tenido conocimiento alguno sobre los sobornos pagados por dos directivos de una de sus empresas a funcionarios kirchneristas por contratos vinculados a un corredor vial y a una ruta. Igualmente fue procesado.
A 5 años de la apertura de la causa, los mismos contratistas que aparecieron en los cuadernos de Centeno son quienes llevan las principales obras públicas nacionales que están en marcha hoy. Son los empresarios que confesaron haber realizado pagos irregulares a los funcionarios kirchneristas o que fueron delatados por Wagner y también por Ernesto Clarens, el financista de Kirchner que aportó un listado con todas las firmas viales que pagaban en su oficina.
La impunidad sobrevive en la Argentina. Con ella, la corrupción sigue teniendo el espacio donde desarrollarse.
Algunos de los imputados
En el requerimiento fiscal para que la causa vaya a juicio oral figuran entre los imputados la expresidenta Cristina Kirchner y los siguientes ex funcionarios: Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Rudy Fernando Ulloa Igor, Claudio Uberti, José Francisco López, Hugo Martín Larraburu y Oscar Centeno.
Entre los empresarios, además de Wagner y Padoán figuran, entre otros, Ernesto Clarens, Gerardo Luis Ferreyra, Germán Ariel Nivello, Oscar Alfredo Thomas, Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón, Walter Rodolfo Fagyas, Carlos José Mundín, Claudio Javier Glazman, Juan Carlos de Goycoechea, Raúl Víctor Vertúa, Angen Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Héctor Javier Sánchez Caballero, Armando Roberto Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Alberto Tasselli, Hernán Diego del Río, Aldo Benito Roggio, Alejandro Pedro Ivanissevich, Benjamín Gabriel Romero, Jorge Juan Balán, Hugo Alberto Dragonetti, Eduardo Eurnekian, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Osvaldo Antenor Acosta, Jorge Guillermo Neira, Raúl Horacio Copetti, Víctor Fabián Gutiérrez, Julio Daniel Alvarez, Rubén David Aranda, Miguel Ángel Marconi, Hugo Alberto Dragonetti.
