La Conferencia Episcopal Argentina eligió una fórmula de fuerte contenido simbólico y densidad institucional para pronunciarse a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa. No se trata solo de una consigna, sino de un encuadre político deliberado. El documento evita el señalamiento directo al gobierno de Javier Milei, pero despliega una crítica transversal al clima general de la política argentina, con énfasis en la degradación del debate público, la exclusión social y el deterioro de la convivencia democrática.
A 50 años del golpe de Estado, la Iglesia Católica argentina expresó su preocupación por el avance del autoritarismo, la polarización política y el deterioro del debate democrático, según un comunicado difundido por la Comisión Permanente del Episcopado. El mensaje alerta sobre la tendencia a la exclusión social y la fragilidad del tejido comunitario, sin confrontar abiertamente con el Gobierno nacional, pero enfatizando la necesidad de reconstruir la fraternidad como eje para el futuro.
“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”. Esta definición, incluida en el documento, condensa el diagnóstico más contundente de la Iglesia sobre el presente político argentino.
El mensaje, firmado por la Comisión Permanente del Episcopado, se presenta como una intervención pública en un momento de alta sensibilidad política y simbólica. El aniversario número 50 del inicio del último régimen militar encuentra a la Argentina atravesada por una discusión abierta sobre la memoria histórica. Desde el Gobierno nacional, esa discusión incorpora —como parte de su narrativa— el accionar de las organizaciones armadas que precedieron al golpe, una lectura que complejiza el consenso construido en las décadas posteriores a la recuperación democrática.
El texto inicia con una definición categórica sobre el período 1976–1983, al describirlo como “una oscura noche” atravesada por el terrorismo de Estado. Afirma: “Hoy decimos de manera rotunda: «nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa”. No hay ambigüedad en la condena. Además, reconoce “la gravedad de lo acontecido en esos años violentos” y sostiene que “la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella”. Inmediatamente, introduce un segundo plano de análisis: la necesidad de reconstruir la fraternidad social como condición para proyectar un futuro común.
Uno de los ejes más relevantes del mensaje es la idea de una “memoria íntegra y luminosa”. La expresión, tomada del magisterio del papa Francisco, funciona como concepto ordenador. La Iglesia advierte sobre los riesgos de “mutilar la historia” y sostiene que “nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”. En esa línea, enfatiza la necesidad de “mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”. Este punto refuerza un consenso básico de la democracia argentina: la centralidad de los derechos humanos como límite infranqueable.
El mensaje social y la agenda del presente
En el segundo apartado, bajo el título “Queremos ser Nación”, el Episcopado introduce una agenda social explícita. La democracia, afirma, debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. No se trata de una definición abstracta. El documento advierte que “la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera” y plantea interrogantes concretos: “mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices?”. La referencia apunta a la situación social actual como un problema estructural que interpela al sistema político.
La enumeración de problemáticas —pobreza, deterioro del trabajo, vulnerabilidad de niños y jóvenes— funciona como diagnóstico del presente argentino. En ese diagnóstico hay una crítica implícita a la incapacidad del sistema político, en su conjunto, para dar respuestas sostenidas. La Iglesia no individualiza responsabilidades, pero expone el resultado: una democracia que no logra integrar plenamente a su población.
El tercer eje del documento profundiza esa línea y la lleva al terreno del clima político. Allí aparece una de las definiciones más relevantes y contundentes del texto, que funciona como diagnóstico directo del presente: “Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”.
El documento introduce también una defensa explícita del rol del Estado. Sostiene la necesidad de una “presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas”. Esta definición resulta relevante en el contexto actual, donde el Gobierno impulsa una reducción del Estado como eje central de su programa. Sin confrontar abiertamente, la Iglesia fija un criterio: sin Estado, no hay garantía efectiva de derechos.
