Frente a las dificultades para conseguir consenso para aprobarla el jueves en el Senado, el gobierno nacional introdujo nuevas modificaciones al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El principal cambio afecta al capítulo que reforma la ley de tierras: el oficialismo desistiría de eliminar completamente las restricciones para los compradores extranjeros, pero propondría elevar el límite actualmente vigente.

De acuerdo con las últimas versiones que circulan en el Congreso, el nuevo techo se ubicaría entre el 20% y el 25% de las tierras rurales. La ley 26.737, sancionada en 2011, establece actualmente que la propiedad en manos extranjeras no puede superar el 15% del territorio nacional, provincial y departamental.

La redacción definitiva, sin embargo, todavía no fue presentada oficialmente. Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, encabezará este martes a las 16 una conferencia de prensa en el Senado para comunicar los cambios. Estará acompañada por Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El oficialismo pretende llevar la iniciativa al recinto el jueves 6 de agosto, después de varias postergaciones provocadas por la falta de acuerdos dentro de La Libertad Avanza y con los bloques dialoguistas.

La propuesta original del Ejecutivo buscaba levantar las principales restricciones que alcanzan a personas y empresas extranjeras interesadas en comprar tierras rurales. La resistencia de senadores aliados y de distintos gobiernos provinciales obligó al oficialismo a modificar esa posición.

El último acuerdo contemplaría conservar un límite general, aunque lo elevaría hasta diez puntos por encima del porcentaje vigente. Las provincias, además, quedarían facultadas para autorizar, regular o impedir operaciones dentro de sus jurisdicciones.

También se eliminarían los límites departamentales. De esa manera, el techo se calcularía por provincia y cada distrito podría establecer exigencias adicionales mediante su propia legislación.

Otro de los cambios mantendría bajo responsabilidad del Estado nacional el control de las zonas de frontera y de las áreas consideradas estratégicas para la seguridad. Además, se crearían registros nacionales y provinciales de las tierras rurales pertenecientes a extranjeros.

El proyecto tuvo más de quince versiones y fue postergado en reiteradas ocasiones. Desde el oficialismo señalaron que las modificaciones fueron acordadas para ampliar el respaldo político y permitir que los bloques aliados se sientan representados en el texto.

Qué establece la ley vigente

La legislación actual fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Dentro de ese porcentaje, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del total extranjerizado.

La norma también establece límites individuales de superficie, que en la zona núcleo equivalen a mil hectáreas, y contiene restricciones para las compras en zonas de frontera y en campos que incluyen cuerpos de agua relevantes.

El proyecto del Gobierno había sido presentado como una herramienta para atraer inversiones y reforzar la seguridad jurídica. Las organizaciones que lo rechazan sostienen, en cambio, que la flexibilización facilitaría la concentración de tierras y pondría recursos naturales estratégicos bajo control extranjero.

En Argentina existen alrededor de 13 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras. Aunque representan cerca del 5% del territorio nacional, algunos departamentos ya alcanzan o superan el límite del 15% establecido por la ley.

Jueves de protestas

Mientras el Senado debata la iniciativa, organizaciones sociales, sindicales, ambientales, políticas y de derechos humanos realizarán el jueves una jornada federal contra la reforma.

La protesta principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, pero también se anunciaron actividades en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche, San Miguel de Tucumán, Resistencia y Posadas, entre otras ciudades.

En Rosario, la convocatoria comenzará durante la mañana en la plaza San Martín. Las organizaciones locales anunciaron una concentración, intervenciones con sábanas pintadas y una movilización hacia el Monumento Nacional a la Bandera durante la tarde.

Las actividades se realizarán bajo consignas como “Argentina no se vende” y “Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”.