El Congreso de Perú debate este martes en una sesión extraordinaria la posible destitución del presidente interino José Jerí, quien es investigado por la fiscalía en dos causas por presunto tráfico de influencias.
La controversia se originó tras la difusión de reuniones reservadas que habría mantenido con empresarios de origen chino.
Si prospera la remoción, el Parlamento deberá designar a un nuevo titular cuando restan menos de dos meses para las elecciones presidenciales previstas para el 12 de abril, en un escenario político marcado por la inestabilidad. Jerí asumió hace poco más de cuatro meses y, de concretarse su salida, el país sumaría su octavo mandatario desde 2016.
Para que la medida avance, se requiere el voto favorable de más de la mitad de los legisladores presentes en la sesión convocada para este martes a las 10 (12 en Argentina). En ese caso, el titular del Congreso que resulte elegido asumirá automáticamente la jefatura del Estado de manera interina.
El actual mandatario, de 39 años, presidía el Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó a Dina Boluarte, quien fue destituida tras un juicio político exprés en el que se argumentó incapacidad para afrontar una ola de extorsiones y homicidios por encargo.
Jerí enfrenta hasta siete mociones de censura impulsadas por sectores de la oposición de izquierda y por un bloque de partidos de derecha que lo acusan de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para ejercer el cargo.
El viernes se presentaron 78 firmas, el mínimo requerido, para forzar la convocatoria a la sesión extraordinaria en período de receso.
En declaraciones televisivas el domingo por la noche, el presidente rechazó las acusaciones: “Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”. También afirmó: “No me considero muerto”, y sostuvo, sin aportar pruebas, que existen intereses destinados a afectar la “credibilidad” de su gestión.
Durante la entrevista se refirió además a su ausencia a una terapia psicológica por patología psicosexual dispuesta en enero de 2025, a la que debía concurrir en el marco de una denuncia por violación sexual presentada cuando era legislador y que luego fue archivada. Según explicó, nunca recibió una notificación “válida” del Poder Judicial.
“Si desde el primer momento, en lo más complicado que fue la denuncia, me allané a colaborar y a participar, resultaría ilógico e incongruente no aceptar otra recomendación, siempre que hubiera sido debidamente notificado. No puede ser que para una cosa sí colabores y para otra no colabores. Es inconsistente, e inconsistente no soy. Si hubiera llegado válidamente, habría cumplido lo que se me hubiera recomendado”, expresó.
En medio de la crisis política, el lunes reconoció en una actividad privada en el Palacio de Gobierno que el país atraviesa un “momento ciertamente complicado” y aseguró que “hasta el ultimo día que esté acá en Palacio de Gobierno” mantendrá su compromiso de garantizar seguridad e imparcialidad en los comicios del 12 de abril.
La tensión se profundizó luego de que la prensa revelara que el mandatario habría mantenido encuentros no informados con dos empresarios chinos, uno de ellos contratista del Estado y el otro investigado por integrar presuntamente una red vinculada al tráfico ilegal de madera.
