La reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro podría obtener este jueves media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe, si prosperan las negociaciones que representantes de la UCR y el socialismo encaminaron –aunque no definitivamente–, con reuniones que duraron hasta casi la medianoche. Voceros legislativos de ambos sectores coincidieron este jueves por la mañana en que se acercaron posiciones. Una altísima fuente del Ejecutivo, en tanto, confirmó a Rosario3 que hubo avances. Pero aclaró, a la vez, que el gobierno devolvió observaciones y correcciones a lo propuesto por los diputados. Eso, seguramente, generará nuevos tires y aflojes de resultado todavía incierto, luego de que las tensiones internas entre los principales socios de Unidos escalaron hasta un punto que algunos creyeron que podía ser de no retorno.
Se esperaba que los diputados radicales tuvieran a primera hora de la mañana un diálogo con el gobierno para, justamente, hablar sobre los cambios introducidos en las reuniones con el socialismo. El paso siguiente es el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales, convocado para las 11. Si de allí sale un dictamen acordado, el proyecto quedará en condiciones de pasar al recinto y ser aprobado.
La negociación se allanó el miércoles en la ExpoSeguridad de Rosario. Después de los cuestionamientos de Federico Angelini y Cristian Cunha al socialismo, que llevaron la tensión al extremo, Pullaro dijo que las diferencias entre los socios eran parte del funcionamiento de la coalición y admitió que el proyecto podía mejorarse. Así, retrocedió de la posición original que la semana pasada transmitieron a los legisladores sus ministros: que, después de cinco meses de que el proyecto fuera presentado sin ser discutido, ahora pretendían que se votara la versión original.
“El gobierno bajó las pretensiones”, interpretó anoche una fuente socialista. Según su relato, los legisladores radicales llegaron con disposición a buscar acuerdos y la posibilidad de votar un texto modificado retomó el curso que tenía antes del endurecimiento del discurso público. Una fuente radical de la Legislatura interpretó esta mañana que las modificaciones acordadas este miércoles eran razonables y que Pullaro había dejado abierta la puerta para incorporarlas. Pero lo cierto es que la redacción seguía en discusión este jueves.
Los cambios posibles
Lo que se discute en Diputados es un solo proyecto que modifica alrededor de media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y las leyes de inteligencia, de la Defensa y orgánica de la Policía. Lleva unos cinco meses en la Legislatura y pasó por varias rondas de consultas. La negociación de anoche abarcó varios puntos, pero se concentró en los tres más cuestionados por el PS en el texto original.
- Declaraciones de imputados. Quedaría afuera la disposición que, en determinadas circunstancias, permitía tomarle declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor.
- Zonas con facultades policiales ampliadas. Se retiraría el régimen especial de intervención policial previsto para zonas atravesadas por situaciones graves de violencia. Es la supresión que la fuente radical identificó con mayor claridad.
- Allanamientos. Para los supuestos excepcionales que el proyecto contemplaba sin orden judicial, la fórmula discutida anoche prevé una orden del fiscal y control judicial. El alcance de ese control dependerá de la redacción final.
En el radicalismo sostienen que la mayor parte de las herramientas se conserva y que los cambios apuntan, sobre todo, a reforzar los controles sobre su aplicación. Para el socialismo, la discusión remite al reparto de atribuciones acordado en la reforma constitucional de 2025. Su objeción es que algunas disposiciones del texto original ampliaban el margen de actuación del Ministerio de Seguridad y de la Policía en un terreno cuya conducción, según el acuerdo que reivindica el PS, corresponde al Ministerio Público de la Acusación.
Hasta el acercamiento de anoche, el oficialismo había empezado a contar votos fuera de Unidos ante la posibilidad de que el socialismo rechazara la versión original. La negociación volvió a abrir la posibilidad de que radicales y socialistas acompañen un mismo texto.
Discusión política y videos anónimos
Radicales y socialistas ya atravesaron diferencias fuertes que terminaron en acuerdos desde que asumió el actual gobernador. La reforma constitucional es el antecedente más claro. Hubo tensiones desde la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución hasta la discusión de artículos en la Convención. La diferencia, esta vez, es que los cuestionamientos entre socios se hicieron públicos y coincidieron con un acercamiento de Pullaro a La Libertad Avanza. En sectores del PS, esos contactos alimentan la sospecha de que un eventual entendimiento electoral con los libertarios pueda empujarlos fuera del armado de 2027.
La intervención del gobernador bajó el tono de los cruces públicos, pero las escaramuzas siguieron por lo bajo.
Mientras los legisladores negociaban, circularon dos videos de autoría desconocida que reclamaban la aprobación de la reforma. Uno atribuye el freno al “peronismo y la izquierda”, es decir ubica al socialismo del lado de la oposición. En la UCR aseguran que ni el partido ni el gobierno tuvieron participación en los videos.
En tanto, dentro del socialismo había dirigentes que se manifestaban heridos y molestos con los cuestionamientos que recibieron, sobre todo de parte de dirigentes que son del PRO pero que responden a Pullaro. Aunque también están quienes buscaban bajar decibeles: “Es cierto que hubo algunos que se pasaron tres pueblos. Pero somos parte de una coalición de gobierno y tenemos que actuar con responsabilidad. No se trata de cuestiones individuales, sino colectivas”.
