El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reforzó este miércoles el reclamo por las leyes de seguridad que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro y respondió a las objeciones sobre las facultades para intervenir en los barrios más violentos. “Estado de sitio es el que les ponen los delincuentes a los vecinos”, sostuvo antes de la apertura de la ExpoSeguridad en Rosario, a un día de la sesión de Diputados en la que el Ejecutivo espera que avancen las reformas que internamente, en Unidos, resiste el socialismo.
El funcionario defendió la necesidad de contar con nuevas herramientas y vinculó su aprobación con la posibilidad de profundizar los resultados. “Para nosotros, cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura”, afirmó.
Cococcioni rechazó que la reducción de la violencia vuelva innecesarias las modificaciones. Según señaló, la provincia pasó de tener una tasa de homicidios de casi cuatro veces la media nacional a una situación de menor violencia, pero todavía por encima del promedio del país. “Mejoramos en comparación a nosotros mismos, pero no estamos en niveles aceptables”, advirtió.
“No vivimos en el mundo ideal y en la fantasía donde ya no hay más delito. El delito predatorio está, es una realidad y pedimos más herramientas”, agregó. En ese marco, celebró la aprobación de la ley para abordar los mercados ilegales de celulares, a los que identificó como el objeto más robado en Rosario, pero insistió en que siguen pendientes otras medidas.
Uno de los puntos que defendió fue la posibilidad de realizar intervenciones especiales en las zonas con mayores niveles de violencia, justamente parte de lo que resiste el PS. “A nosotros nos dicen: «Esto es un miniestado de sitio». Estado de sitio es el que les ponen los delincuentes a los vecinos normales en los barrios”, planteó.
El ministro sostuvo que los habitantes ven restringida su vida cotidiana por el riesgo de sufrir una balacera. “No pueden salir a la calle, pero no por miedo a la policía”, afirmó. Desde esa perspectiva, reclamó que el Estado tenga herramientas para modificar esa situación y evitar que las organizaciones criminales cuenten con mayores posibilidades de acción que las fuerzas encargadas de combatirlas.
También cuestionó que el debate sobre las garantías constitucionales deje de lado el derecho a la seguridad. “Nosotros hablamos de garantías constitucionales, menos las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos a que no los maten”, expresó. Aseguró que los proyectos tienen anclaje en las normas constitucionales, incluida la reforma santafesina de 2025 y el derecho a vivir en un entorno seguro.
Cococcioni rechazó que el paquete pueda reducirse a una ampliación de las facultades policiales. Explicó que muchas modificaciones apuntan a descongestionar el sistema judicial mediante la simplificación de procedimientos y la reducción de audiencias que considera innecesarias.
“Hoy estamos haciendo, con gasto de impuestos de todos los santafesinos, audiencias donde no se discute nada y el juez baja el martillo para refrendar un acuerdo que hicieron las partes”, señaló. El objetivo, sostuvo, es contar tanto con una policía como con una Justicia más eficientes.
