El fiscal Fernando Arrigo solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 penas de prisión perpetua para 14 policías acusados por la desaparición forzada de Franco Casco.
También pidió penas que van desde los 14 años y cuatro meses a 3 años de prisión para otros cuatro agentes y un civil por delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven, cuyo cuerpo fue hallado sin vida 23 días después de haber sido detenido por personal de la comisaría 7ª de barrio Luis Agote en octubre de 2014.
Este lunes, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el cierre de su alegato pidió penas de prisión perpetua para el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte.
También solicitó penas de prisión perpetua para el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, todos ellos considerados coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
El fiscal requirió la pena de catorce años y diez meses de prisión para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa al considerarlos partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, mientras que para dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar el pedido fue de cinco años y diez meses como coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado.
En tanto, Alberto Daniel Crespo, el vecino que acusado de formular la denuncia falsa con la que se intentó justificar la detención de Casco, fue señalado como autor del delito de falso testimonio, con una pena de tres años de prisión en suspenso. Por último, la fiscalía requirió la absolución del agente Walter Ortiz por falta de pruebas que acrediten su dolo.
Además, el fiscal Arrigo instó en su alegato una serie de medidas reparatorias, entre ellas, que se ordene al Poder Ejecutivo provincial que adopte las medidas necesarias para “desafectar las dependencias de la comisaría 7ª” y que ese espacio “sea convertido en un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional de las fuerzas de seguridad”, en el cual se deberá brindar acompañamiento jurídico y psicológico.
El 29 de septiembre de 2014, Franco Ezequiel Casco, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, llegó a la ciudad de Rosario para visitar a unos familiares. En la tarde del 6 de octubre se fue de la casa de su tía paterna –donde se había alojado– hacia la Estación de Trenes Rosario Norte, donde a la medianoche iba a tomar un tren para regresar a Buenos Aires.
Sin embargo, ese mismo 6 de octubre el joven de 20 años fue detenido por agentes de la comisaría 7ª. De acuerdo con el testimonio de otros detenidos, Casco fue aislado en un calabozo de la dependencia policial en calidad de “demorado” mientras averiguaban sus antecedentes.
Dado que Franco nunca llegó a Buenos Aires, su tía denunció su desaparición en la comisaría 20ª al tiempo que el padre del joven viajó a Rosario. Según declararon los familiares de Casco, el padre se presentó el 8 de octubre en la 7ª y pudo saber que el joven había estado allí. Sin embargo, le dijeron que lo habían aprehendido el día 7 de octubre y que la noche de ese mismo día “lo habían liberado, dejándolo en una plaza cerca de la estación de trenes”.
Finalmente, el 30 de octubre de 2014, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Franco, flotando en el río Paraná. La autopsia reveló que la víctima había muerto antes de ser arrojada al río.
De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, los efectivos policiales “privaron de libertad a Franco Casco, lo encerraron en un calabozo y lo sometieron a tormentos y tratos inhumanos y degradantes, todo lo cual, debe resaltarse, sucedió en un ámbito en el que la víctima se encontraba en un absoluto estado de indefensión”.
En su alegato, el fiscal Arrigo destacó que los policías que detuvieron a Casco “no documentaron su ingreso y no lo blanquearon para trabajar tranquilos sin plazos”.
De acuerdo con el representante del MPF, los agentes “lo torturaron, le tomaron los datos, le hicieron firmar el «acta de conocimiento derechos» con fechas y horarios que parecieran evidentemente errados, fichas dactilares y fotografías y luego lo siguieron torturando”.
De acuerdo a la reconstrucción realizada, como no era del ambiente y desconocía al personal de guardia, Casco “gritaba cada vez más fuerte, no sabía que no tenía que gritar para que le dejaran de pegar. Al final lograron callarlo, pero se les fue la mano, lo asfixiaron”, reconstruyó Arrigo. Dado que el hecho había ocurrido en la comisaría y que otros detenidos advirtieron la presencia de Casco, para el fiscal los acusados “sabían que no podían simplemente hacerlo desaparecer, necesitaban crear una coartada que les garantizase su impunidad”.
Aprovechando un corte de luz, los acusados habrían sacado el cuerpo sin vida de Casco de la comisaría para luego arrojarlo al río, “un buen mecanismo antiforense, pues se deshacían de los rastros de las torturas y, eventualmente, del cuerpo”, remarcó Arrigo. Luego, según la fiscalía, “los imputados fraguaron un sinnúmero de documentos públicos y libros, simularon consultas oficiales y, en definitiva, hicieron un montaje con el cual pretendieron probar que Franco Casco había sido detenido y alojado en la comisaría 7ª el 7 de octubre al mediodía -aproximadamente a las 13-, y había sido liberado ese mismo día cerca de las 22”.
