En toda la crisis de Vicentin, que ya lleva más de un año, Buyanor SA, con planta en Avellaneda y dedicada a la industrialización y fraccionamiento de algodón hidrófilo y pañales, fue de las empresas satélites del grupo la que tuvo más bajo perfil. Hasta ahora.
Es que algunos de sus últimos movimientos, como sugestivos recambios de autoridades y operaciones inmobiliarias que no se escrituraron, llamaron la atención tanto del gobierno nacional, que tiene al grupo en la mira por más que haya dado vuelta de página con el fallido intento expropiador, como de los fiscales que investigan las denuncias por estafas presentadas por acreedores de la aceitera.
A diferencia de sus sociedades armadas en el extranjero (a las que se apunta como posibles canales de fuga de dinero), de Renova (cuyo 16% de acciones que todavía mantiene y que, por su alta cotización, son las “joyas de la abuela” del grupo defaulteado), del frigorífico Friar (que vendieron a su socia Baf), de la láctea Arsa (a la que le buscan comprador) o de Terminal Puerto Rosario (que aparece como otro activo interesante para algunos acreedores cerealistas), Buyanor sólo tuvo un breve paso por la prensa. Y fue que cuando anunció que, en medio de la pandemia, se largaba a fabricar alcohol en gel para vender al circuito mayorista, negocio que aprobó el juez que lleva la convocatoria de acreedores, Fabián Lorenzini.
La propiedad de Buyanor SA está dividida en partes iguales entre Vicentin y los dueños de MaximConsumo. En rigor, el 50% de Vicentin –fiel a su estilo- está dividido entre Agroalimentaria Latam (controlada en su totalidad por Vicentin Family Group, que quedó afuera de la convocatoria), que posee un 49.4%, y el 0.6% restante era de Vicentin Saic, que es la que entró en default.
En tanto, el otro 50% está en manos de Mavic Inversorsa SA, cuyos titulares son Mabel García (MA) y Víctor Fera (VIC), la pareja que es propietaria de MaxiConsumo pero que además tiene otros negocios como Marolio (venta de alimentos, bebidas y productos de limpieza), Polo Industrial SA (alquiler de inmuebles y marcas propias) y Supermercado Don Juan SACIGF (alquiler de inmuebles propios). La unión de los dos grupos se dio en 2015.
Cuando hacia mayo de 2020, Vicentin Saic informa al juez que alquilarán instalaciones de Buyanor para la elaboración del alcohol en gel a distribuir en los Maxiconsumos asegura en el escrito que la relación con sus socios es “excelente”. Pero, al parecer, pasaron cosas ahora entre ambas firmas.
A Fera, de diálogo fluido con muy altos funcionarios del gobierno nacional desde tiempos en que mantenía una relación de amistas con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, le empezaron a llegar en los últimos meses señales inequívocas del poder político de la conveniencia de separar aguas con “los” Vicentin. No en vano, el Banco Nación, con cuyo presidente Eduardo Hecker tienen trato regular, denunció penalmente a los ahora ex directores de la empresa y repetidas ocasiones se manifestó en contra de la marcha del proceso de convocatoria que se lleva adelante en el juzgado provincial de Reconquista.
Con esas recomendaciones desde los sillones del poder en la Casa Rosada y el Senado nacional, los ejecutivos de Maxiconsumo empezaron a pasar la lupa a la situación de la empresa que comparten con Vicentin. Y allí empezaron a aparecer temas espinosos. Según supo Rosario3, hay inmuebles comprados por Buyanor SA a Vicentin que no fueron escriturados y las razones para hacerlo no convencen. También aparecen diferencias llamativas en las liquidaciones de servicios corporativos pagados que tampoco cierran.
Pero el problema que se enfrentan ahora los dueños de Maxiconsumo es que no pueden salirse fácil de Buyanor ya que rige la prohibición de no innvoar en la composición accionaria de las empresas vinculadas a Vicentin que rige desde septiembre y que fue ordenada por el juez Nicolás Foppiani a pedido del fiscal Miguel Moreno que hizo suyo lo pedido por acreedores que denunciaron penalmente por estafa a la compañía.
NÚMEROS EN VERDE
Sobre Vicentin, en tanto, la novedad de la semana fue que la empresa informó a sus acreedores que en el último bimestre del año tuvo un resultado positivo de 976 mil dólares en sus operaciones de fasón, almacenamiento de granos y ventas en el mercado interno.
Según sus números, sus ingresos fueron por u$s$10,7 millones por trabajo a terceros, elevación y almacenaje de granos y cobranzas, en tanto que los egresos fueron de u$s9,8 millones en concepto de "costos de molienda, puerto, gastos de estructura, remuneraciones y medio aguinaldo".
Con ese resultado, la empresa asegura que ese resultado le permitirá "transitar un camino hacia la resolución concursal con una sólida posición de caja". En concreto dijo: "En función de los escenarios financieros proyectados para el período 2020-2021, aún en el más desfavorable, la Sociedad proyecta cumplir con todos sus compromisos internos", señaló en referencia a que no prevén inconvenientes con el pago de sueldos e impuestos.
Según sostiene Vicentin en el informe a los acreedores, el paro portuario de más de 20 días afectó a todas las terminales portuarias y al complejo oleaginoso afectó los ingresos proyectados. No obstante, al tratarse de los números cerrados a diciembre el impacto de la suspensión de Díaz y Forti, la exportadora que más utilizaba los servicios de su complejo fabril de San Lorenzo, no llegó a impactarle ya que eso ocurrió sobre el final del período contabilizado y porque logró tener un fazón de 80 mil toneladas de ACA, que si bien es menor al de Díaz y Forti (200 mil toneladas) aclanzó para que, al menos en los números de diciembre, se recorte el nivel de la pérdida que le significa que Díaz y Forti haya sido suspendida para operar por inconsistencias en las liquidaciones de sus exportaciones.
