El “run run” de los negocios de este domingo viene cargado. Así que vamos directo al “tole tole” entre dos grupos familiares que se están dirimiendo millones en la Justicia.
1) Una nueva denuncia judicial reactiva la batalla por una sociedad familiar que tiene más de 40 grandes y valiosas propiedades en la ciudad. Una sociedad con un patrimonio millonario en dólares que, según investigaciones judiciales en curso, habría sido vaciada.
Resulta que, en junio pasado, Liliana Jaef y el destacado abogado Horacio Martinez se presentaron en el juzgado de primera instancia civil y comercial número 8 reclamando acciones que les correspondían de la sociedad “Salvador Jaef Sacif” y que, de manera irregular, se las habrían birlado.
Esa sociedad fue fundada hace casi cien años por Salvador Jaef, abuelo de los herederos que hoy buscan recuperar su herencia, y acumuló por décadas grandes inmuebles convirtiéndose en uno de los principales jugadores del mercado inmobiliario. Por ejemplo, tiene esquinas emblemáticas como una de peatonal Córdoba y San Martin y otra de peatonal Córdoba y Sarmiento; como así también un edificio de 40 departamentos en San Luis y Entre Ríos, importantes locales en peatonal Córdoba, la última propiedad sobre la barranca en Avenida Carrasco antes de Puente y decenas de propiedades en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, entre otras ciudades.
A fines de 1999, el reconocido odontólogo Salvador Jaef (hijo de Basilio Jaef y nieto de Salvador) se presentó al juzgado número 8 para iniciar los trámites de sucesión testamentaria. Ocurre que Salvador empezó a percibir maniobras de vaciamiento de la sociedad familiar (que con el paso de tiempo se fue repartiendo entre tíos, primos, hermanos sin quedar un accionista mayoritario al mando), sospechas que fueron escalando con el tiempo sospechando de un posible vaciamiento.
Fue así que en 2015 se presentó en el juzgado civil y comercial número 18 reclamando “aseguramiento de pruebas”, trabando cautelares para evitar más ventas e iniciando un largo camino documental en busca de las propiedades que se estaban perdiendo, según el profesional, de manera irregular.
Comprobando importantes irregularidades, como falta de actas y libros contables, volvió en 2017 al juzgado 8 para reclamar ser nombrado administrador de la sociedad, pero la sorpresa que se llevó fue la respuesta de que poco importaba administrar la sociedad (algo que le rechazaron) ya que, en los papeles presentados por los administradores, gran parte de los inmuebles habían sido pasados a terceros quedando casi vacía de inmuebles la sociedad, entre ellos el inmueble adonde funcionaba su clínica antes de mudarse a Buenos Aires (la esquina de Oroño y San Juan) que reclama como propia por herencia paterna.
Como en los últimos seis meses avanzaron las investigaciones en el juzgado 18, sobre todo en la identificación de inmuebles de la sociedad con ventas flojas de papeles, se presentaron ahora primas de Salvador reclamando acciones que debían haber heredado de su padre (Nasrhi, tío de Salvador, y quien en los 80 fue presidente de la sociedad) pero que, según las primeras hipótesis, habrían pasado de manera fraudulenta a otro tío (Eduardo Jaef, también ya fallecido) para luego perderse en un entramado de sociedades externas.
Los familiares que fueron a la Justicia apuntan como partícipe clave en el vaciamiento al hermano de Salvador, el contador Marcelo Jaef, quien fuera implicado por su participación en la “mega-estafa inmobiliaria”, como se conoció en los medios al caso de un grupo de escribanos de la ciudad -con Eduardo Torres a la cabeza- que se apropiaban de manera fraudulenta de propiedades en operaciones financiadas por importantes empresarios.
Salvador mantiene un pleito judicial con su hermano desde hace 20 años por el uso de la marca Jaef y la propiedad en la que funciona la clínica. Es más, en diciembre pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el contador cese en el uso de la marca Jaef y ordenó remover todo tipo de referencia a ella de toda publicidad en torno a la clínica de Oroño 1101. El fallo de la Sala A del tribunal de apelaciones ratificó lo dispuesto por la jueza federal de primera instancia Silvia Aramberri en 2019.
Así y todo, el contador se comunicó días atrás con Rosario3 para informar que su clínica dental sigue funcionando con total normalidad con el nombre de “Instituto Jaef Implantes Dentales” y también hizo mención que hace 22 años que Salvador no pertenece, que “el inmueble le pertenece en forma exclusiva” y que nunca perteneció a su hermano.
Para Salvador, en tanto, ambas causas están vinculadas. El odontólogo abona la hipótesis de que el contador se esfuerza en mantener la clínica funcionando para justificar su solvencia financiera y desvincularse de la maniobra de lavado del dinero proveniente de las estafas inmobiliarias.
A todo esto, allegados al contador estuvieron haciendo correr en los últimos días que Marcelo habría quedado prácticamente desvinculado totalmente de la mega estafa y se mostraron interesados en barrer de Google los links con las noticias que lo nombraban. Pero ante la consulta de Rosario3, ayer sábado, el fiscal que preside las investigaciones, Sebastián Narvaja, ratificó que “Jaef está acusado e irá a juicio por los casos que se le imputaron en su momento”; haciendo referencia al campo de Villa Amelia y a un terreno de Presidente Roca y Wheelright sobre los que actuó el grupo estafador. Tras la reciente ampliación de imputaciones, por el descubrimientos de nuevos casos, los fiscales calculan que en febrero próximo empezaría el juicio por la "gran estafa inmobiliaria".
2) Otro tema judicial que involucra familias empresarias de renombre: los Abut. El viernes el barrio de Fisherton se vio alterado por la presencia de efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad Provincial realizando allanamientos en Furlong al 700 (junto a otros dos en otros dos barrios de la ciudad) vinculados al culebrón en el que derivó un divorcio que terminó con varios empresarios imputados por estafa.
Tal como informó Rosario3, a principios de julio el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Mariano Artacho, imputó a las hermanas Mariel y Alicia Abut (hijas del recientemente fallecido Jaime Abut) y a Carlos García Vidal (marido de Alicia) como coautores de una maniobra para privar al ex marido de Mariel (Guillermo Magnone) de las millonarias ganancias que le hubiesen correspondido por la venta de la agencia de Bolsa (Alyc) Futuros del Sur al banco Superville en 2019.
En rigor, la división de bienes del divorcio (firmado en octubre de 2019) venía transitando caminos muy pedregosos cuando, según Guillermo, descubrió que la participación de Mariel en la Alyc (con sede en 3 de febrero al 500 y de la que ejercía la presidencia) había sido pasada a su hermana en abril de 2019, y luego a su cuñado (Carlos) sin asentimiento conyugal establecido por ley.
Pero ahora la familia Abut (de la mano de Mariel) lo denunció a Guillermo en la Unidad de Delitos Económicos por una serie de delitos, como estafa. Y la situación del ex esposo se empezó a complicar.
Según la denuncia de la señora Abut en la fiscalía, a principios de 2019 (con el matrimonio en crisis) Magnone viajó a España por temas relaciones a empresas que tenían en Barcelona (como bienes gananciales, pero el marido siempre como socio gerente) teniendo previsto viajar ella unas semanas después. Pero un día antes de viajar fue a la caja de seguridad que tenían en una sucursal del banco Galicia y encontró que el dinero que tenían allí guardado no estaba. Según dijo, en total había 500 mil dólares (ese monto incluía también dinero de su hermana y su cuñado) de los que no había rastros.
Si bien el esposo le contó luego que había tomado el dinero para “mantenerlo a resguardo en España” y que “no se iba a quedar con nada que no fuera de él”, Abut, muy molesta, canceló su viaje. Sobre todo, porque descubrió que en el mismo día que su marido había retirado el dinero había abierto otra caja fuerte en el banco, pero junto con sus padres. Y sospechaba que, en realidad, allí estaba la plata.
Como el marido le insistió que viajara para firmar papeles para cerrar las empresas en España (luego de destaparse un problema con el fisco español que les podría costar el departamento allí comprado), Mariel viajó, pero con otros fines. Como estaba molesta por el vaciamiento de la caja fuerte, aprovechó el viaje para para ir a retirar el dinero de las cuentas que tenían en dos bancos españoles, pero se encontró con que también estaban vacías, a lo que su marido le respondió que lo había hecho por la “crisis de sus empresas españolas”. Para Mariel, “tanto el vaciamiento de la caja de seguridad como el de las cuentas bancarias en España responden a una maniobra defraudatoria de Magnone, quien se apoderó de bienes de su propiedad y de bienes que integraban la sociedad coyungal”.
En ese marco, el fiscal Miguel Moreno encabezó el viernes los allanamientos en la casa de Magnone y domicilios de sus empresas EuroChance SRL, European Retail Group, Domotilo 2010 SL y Orytek Holding Trading. De los allanamientos, las autoridades incautaron 5 notebook, 10 celulares, 2 tablet, un dispositivo de almacenamiento externo, un pendrive, un adaptador, una tarjeta de memoria, 56 cds y dinero en efectivo (33.946 dólares y $808.920 pesos). Todavía no está imputado, pero la información que consiguieron resultó ser vital para la causa. Habrá más novedades.
3) Los dos casos que acabamos de contar dan tanto para una serie en Netflix como para un culebrón mexicano de las tres de la tarde. Y eso que todavía no entramos en el caso Herrera. Aquí vamos:
Revisando esta semana para distraerse los portales con noticias deportivas, al joven empresario (con negocios vinculados al comercio exterior) le resultó llamativo un apellido que aparecía en la lista de los rosarinos confirmados para competir el fin de semana que viene de la jornada que la Confederación Sudamericana de Motonáutica organiza en Formosa. Y no era cualquier apellido. Era uno que tiene bien presente: Herrera. El financista que lo dejó enganchado en la larga lista de ahorristas que le depositaron miles de dólares que no les devuelve y les desconoce.
Por eso no dudó en llamar a un amigo que participa del mismo deporte y que justamente también aparecía como confirmado para competir en el sudamericano. Y su amigo se lo confirmó: el Herrera que se anotó para correr es uno de los hijos del financista Luis Herrera, cuya imputación y pedido de detención entró en tiempo de descuento. Es más, el deportista, también molesto por la presencia del hijo de Herrera (la familia de Luis es parte de la financiera), le calculó que, en base a los gastos y costos que él está afrontando para competir, el fin de semana en Formosa le costará a Herrera junior unos 2.000 dólares; eso sin contar los 20.000 dólares que vale su moto náutica y el valor de la camioneta en la que viajará. Sobra decir la indignación que juntaron en la charla los dos amigos.
4) Cambio de tema. Este miércoles el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) realizó un conversatorio sobre “Narcocriminalidad, Hábitat y Sociedad” en el marco de su ciclo “Desafíos Metropolitanos”.
Moderado por Juan Venesia, disertaron Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal, el periodista especializado Germán de los Santos y Fabiana Escobar, arquitecta y Magister en Proceso Urbanos y Ambientales. ¿Y por qué traemos el tema a colación? Primero, porque claramente vemos como la preocupación por la seguridad hasta copa las preocupaciones de la agenda empresaria ya que hasta no hace tanto este tipo de encuentros siempre versaban en temas como infraestructura, obra pública, presupuesto, logística, urbanismo. Pero sobre todo por la exposición de la arquitecta.
Resulta que Escobar presentó un estudio realizado por ella, con base en el urbanismo, sobre los cambios en la ciudad de Medellín, que en el pasado fue la más violenta de América del sur, y ahora atraviesa otra realidad substancialmente mejor. Y la especialista puso como una de las llaves la millonaria inversión en infraestructura que se hizo en las zonas más violentas.
“Luego de tocar fondo, con 6.500 homicidios en un año, la ciudad decidió empezar de nuevo. Y concluyó que en los territorios sin presencia del Estado los violentos coparon el control. Y para recuperar el suelo, concluyeron que lo primero que hay que hacer es equipar esos territorios dando respuestas a las necesidades de la gente, pero para usarlos como plataforma para las acciones de integración social (educativas, culturales, de capacitación, deportivas), que son la que generan horizontes”, agregó la urbanista.
“La infraestructura en las urbanizaciones no proyectadas por las autoridades fue una condición necesaria. Medellín se convirtió en un ícono del urbanismo social”, resaltó y empezó a mostrar imágenes y datos de la realización de “proyectos urbanos integrales” en los barrios que no sólo comprendían infraestructura básica (cloacas, agua, iluminación, pavimentos) sino infraestructura social (como escuelas, centros de salud, plazas, centros de espectáculos, culturales, deportivos) con una cualidad: toda la inversión era al mismo tiempo. Todo junto y al mismo tiempo. No era que había una obra un año y al año otro otra.
Contó que fue una avalancha de inversión que apuntaba a recuperar el uso público del suelo y que generó la infraestructura para que se pueda hacer gestión social, orientada sobre todo a la educación y el trabajo; en definitiva, orientada hacia la institucionalización de la gente mostrando que tenían otras oportunidades en la sociedad. “Se pusieron todos los elementos de desarrollo al mismo tiempo en el mismo lugar”, resaltó.
Ahora: ¿Cómo financiar una avalancha así de inversiones en Rosario? Según Escobar, el Registro Nacional de Barrios Populares, que reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina, concluyó que hay 162 barrios populares en Rosario, “pero pese a que se dispone de presupuesto de un fideicomiso nacional sólo hay un puñado de barrios con proyectos para mejoramientos”. Y se quejó diciendo: “el dinero de los subsidios esta, pero los recursos están siendo subutilizados”.
Y hablando de recursos nacionales subutilizados que impactan negativamente en la ciudad, el Colegio de Abogados de Rosario, que preside Lucas Galdeano, organizó el viernes un conversatorio sobre “Justicia Federal”, que tuvo como orador principal al abogado Miguel Pidecasas, candidato a integrar por el sector vinculado a Juntos por el Cambio al Consejo de la Magistratura.
Fue en esa charla, coordinada por este cronista de Rosario3, que Piedecasas tiró un dato preocupante: Mientras que el promedio nacional de falta de coberturas de cargos vacantes en la Justicia Federal es del 25%, en los tribunales federales de Rosario la vacancia llega al 40% de los cargos. Sin infraestructura, sin recursos, sin nuevos juzgados y también sin personal, más ventajas la Justicia Federal no le puede dar al narcotráfico en Rosario. La Fundación Apertura, que reúne a importantes empresarios, se manifestó en contra de la falta de creación de nuevos juzgados y la cobertura de cargos vacantes en la Justicia Federal. Pero el tema no tomó temperatura todavía en el resto del arco empresario.
5) Habiendo tantos temas densos en el arranque de este “run run”, sería injusto mezclarlos con los muchos casos de empresas y emprendedores que esta semana también fueron noticia en Rosario por inversiones y lanzamiento de productos. Y es por eso que las vamos a contar en un "run run nocturno", que se publicará este domingo entre las 19 y las 20. Pero para no cerrar esta nota con sabor amargo, vamos de dedicarle un lugar a quienes, dentro de las finanzas, se están esforzando institucionalmente para darle combate a los delitos económicos.Y resulta que la buena nueva es que la Bolsa de Comercio de Rosario y los fiscales tienden puentes para dar esa batalla.
En efecto, la entidad bursátil y el MPA firmaron el viernes un acuerdo de complementación en que ambas organizaciones trabajarán en la implementación de programas formativos en asuntos económicos, sociales y comerciales, con el objetivo de que quienes intervienen en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos estén permanentemente actualizados. Además, el acuerdo permitirá a la Justicia fortalecer el vínculo institucional, optimizar recursos e intercambiar experiencias público-privadas en pos de los objetivos comunes, como así también conocer el circuito comercial granario.
“Este acuerdo reafirma nuestra intención de conformar una Bolsa de puertas abiertas y realmente consustanciada con los asuntos que le afectan a la comunidad, como lo son la inseguridad y la violencia, principales preocupaciones de los rosarinos”, destacó el presidente de la Bolsa, Miguel Simioni, durante la firma del entendimiento junto con el fiscal general, Jorge Baclini.
Pero más allá de los objetivos formales del convenio, el acercamiento institucional es lo importante ya que los lazos que se tejen entre ambas organizaciones permiten derribar mitos y prejuicios de ambos lados. Y tener instituciones fuertes y conectadas siempre es una buena noticia.
Como muestra que los tiempos pueden estar cambiando para mejor, el jueves en el acto por el 138 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario por primera vez se vio entre los invitados a parte del equipo de la Unidad de Delitos Económicos. Y no para preparar un allanamiento sino para acompañar a la nueva gestión de la Bolsa. Y no fueron los únicos. En efecto, en la Bolsa habían preparado 700 sillas en el salón, pero fue tanta gente que muchos quedaron parados. Como hace tiempo no ocurría, y tras la fuerte renovación interna, el empresariado volvió a ver una referencia en la Bolsa.
Y vaya que se pudio recolectar mucho “run run” en el coctail posterior al acto de la Bolsa porque estuvo todo el mundo. Desde una gran inversión industrial que dará que hablar en Buenos Aires, un desarrollo inmobiliario que empieza a tomar carrera, dos financieras que salen a la venta regaladas, la vuelta de un dirigente empresario muy querido, una visita de alto nivel, y muchas inversiones en la gastronomía. Toda info que ya podes leer haciendo clic acá.
