- “Terreno en la isla frente a Rosario”, dice el aviso que circula por Instagram. Y cuando promociona que “la ubicación privilegiada es única”, no se equivoca. Son 30 metros de frente con acceso directo a una playa exclusiva y vista directa al Monumento a la Bandera, más otros 250 metros hacia adentro de la isla con entorno natural. Está ubicado a metros de un muelle y, cuando se contacta al vendedor, el precio en dólares no asusta a nadie porque es bastante accesible para un lote de esas características. La operación, promocionada por Instagram en la cuenta Prop Arg, se cierra por boleto y se promete la tramitación de la escritura vía Entre Ríos.
Sólo hay un problema. Quien la compre sería estafado o cómplice de un delito. Es que el lote no se puede vender ni comprar porque es un terreno fiscal del gobierno de la provincia en la isla Sabino Corsi, conocida como el “banquito de San Andrés”, que está bajo jurisdicción del Ente Administrador del Puerto de Rosario. Es más, el muelle al que se hacía referencia, que está ubicado a unos pocos metros del lote, es el que construyó el organismo oficial hace unos años.
“Son delincuentes”, alertan —sin medias tintas— en el Enapro y desde el gobierno provincial. Al tanto de que no se trata de un caso aislado, informaron ayer a Rosario3 que preparan un plan de intervención integral en la isla que buscará la normalización catastral, la persecución de operadores inmobiliarios irregulares y una campaña informativa, junto con un plan de impulso para actividades turísticas y recreativas; todo coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini.
A diferencia del grueso de las islas que están frente a Rosario, que son propiedad de Entre Ríos, la Sabino Corsi es de las pocas bajo jurisdicción santafesina. Históricamente, se la proyectó como una suerte de pulmón de actividades logísticas y de servicios para asistir al puerto, pero nunca se avanzó en nada. Y como todo el delta, fue parte de ese “lejano oeste” conquistado de maneras bastante irregulares.
Una visión por arriba concluye que toda construcción allí es irregular porque son terrenos fiscales. Y punto. Pero una lectura más contemplativa que pone la lupa en cada particularidad encuentra casos en los que sí hubo una contribución real y de buena fe de privados que a esta altura hasta tienen derechos adquiridos.
La anterior gestión del Enapro, a cargo de Guillermo Miguel, fue la primera en décadas en avanzar en la normalización, luego de que las administraciones socialistas en la provincia por años ni se interesaron. Además de levantar algo de infraestructura, se realizó un relevamiento catastral y se hicieron gestiones para la normalización.
En ese momento se detectaron dos inmobiliarias de Rosario que ofrecían terrenos fiscales y se pidió la intervención del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, que les aplicó duras sanciones a esos dos operadores, bajo advertencia de que la persistencia en ese negocio activaría demandas penales en su contra.
Pero ahora, según detectaron las autoridades, las ofertas de terrenos por las islas vienen de particulares que se presentan como inmobiliarias (en este caso Prop.Arg) pero que no están matriculados; y además no hay que confundir con Propia, el portal del colegio profesional en el que los operadores registrados publican sus ofertas con información errónea, por ejemplo, que desde Victoria se pueden escriturar esos terrenos.
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- Hablando de corredores inmobiliarios, fue muy importante institucionalmente lo que ocurrió esta semana en el Colegio profesional porque muestra la voluntad del sector en avanzar en la transparencia de la actividad.
¿Qué pasó? Una de las salas del Tribunal de Ética y Disciplina Profesional está juzgando a un matriculado por haber infringido la ley provincial 13.154 que regula el Corretaje Inmobiliario, y también el Estatuto del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe Sede Rosario. Se trata de la audiencia pública de juicio en el marco del expediente caratulado: “COCIR c/ Ceballos, Mario s/ denuncia” – Expte. N° 25/2024, contra el Corredor Inmobiliario Oscar Mario Ceballos, Mat. N° 782.
¿Por qué tiene tanta trascendencia este juicio? Porque el matriculado acusado se relaciona con graves ilícitos por los cuales fue imputado y detenido de manera preventiva el empresario Andrés Lux, quien se presentaba como broker de inversiones tomando dinero de terceros a cambio de una renta que supuestamente provenía de operaciones inmobiliarias.
¿Por qué el Tribunal no juzga a Lux? Porque no es un Corredor Inmobiliario Matriculado y este organismo del Colegio sólo tiene potestad de juzgar a matriculados y matriculadas. ¿Entonces cómo podía concretar operaciones de compraventa? Ahí aparece Ceballos a través de una sociedad comercial que permitía la realización de los supuestos ilícitos.
El tema es ver si, en definitiva, Ceballos era “un prestamatrícula” o formaba parte de una sociedad de operación real; y la resolución del caso puede ser toda una señal porque se presupone que hay varios “prestamatrícula” operando en Rosario.
En rigor, el juicio se inició en 2024, y el largo proceso incluyó la presentación de pruebas, audiencias con testigos y medidas periciales, hasta llegar a la audiencia pública, como la que se llevó a cabo el miércoles pasado en la sede del colegio.
Lo que hay que resaltar es que estos procesos son difíciles porque se trata de pares, sin poder de policía o atribuciones judiciales, juzgando a colegas, y por eso es destacable la vocación institucional de hacer frente a estos problemas.
La resolución del tribunal estará en 15 días. ¿Qué sanciones pueden caberle al acusado, en caso de ser encontrado culpable? Las sanciones que se encuentran en la ley y el estatuto del colegio son amonestación, suspensión de la matrícula, y puede llegar a la máxima penalidad, que es la pérdida de matrícula.
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- La cuestión del dominio de la tierra es todo un tema en Santa Fe. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Urbanizadores, Martín Weller, aprovechó su exposición en el foro de la construcción Converge, realizado esta semana ante casi dos mil personas en la Bolsa, para exponer el problema de los terrenos que “no son apto crédito”.
¿Qué es lo que pasa? El 70% de los desarrollos urbanos terminados en el Gran Rosario no son terrenos apto crédito, por lo que el comprador no lo puede hipotecar para, por ejemplo, tomar un préstamo bancario para construir. Y eso ocurre porque, además de todos los trámites en Hídrica, Ambiente, Aguas, EPE y comunas (cada una con su mirada particular), se necesita que se apruebe la mensura de Catastro, con el plano para que después cada lote tenga su propia partida y, al estar registrado, ser hipotecable.
El problema está, según contó Weller, en que desde el acto de posesión, donde ya el comprador se puede mudar y habitar el inmueble, pasan mínimo 2 años hasta que sale la mensura. La pregunta es: ¿Es sólo por las demoras en Catastro o más que todo por responsabilidad de Hídrica y Medio Ambiente? Las respuestas están divididas.
Como sea, el titular de la Cámara de Urbanizadores prefirió ver el vaso medio lleno y resaltó que están trabajando con el gobierno provincial en distintas mesas para intentar hacer converger todos los requisitos y apurar los trámites, aunque reconoció que “es una tarea difícil”.
Así y todo, el premio es importante. “Si hay más terrenos que se pueden hipotecar, habrá más casas en construcción; y la construcción es un gran dinamizador de la economía por la demanda industrial, de servicios y de empleo que tracciona”, resaltó Weller.
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- Hablando de la problemática de la vivienda y la necesidad de transparencia, se repiten desde hace un tiempo fuertes cruces entre desarrolladores y compradores de unidades, tanto de departamentos que no se terminan en las ciudades como de lotes que se vendieron en la región sin tener todos lo papeles en orden (muchos en localidades de Ibarlucea y Piñero).
Pero el que no se activa, como si solo fuera una cuestión de privados, es el gobierno provincial, particularmente Defensa del Consumidor, que bien podría accionar en favor de los consumidores. ¿Como? Por ejemplo, armando un listado en que se pudiera ver online y gratuitamente el estado documental de cada lote (sin papeles, con papeles en trámite, con papeles aprobados; toda información que tiene la provincia) para evitar que compradores queden enganchados en propuestas comerciales de buen marketing, pero de dudosa factibilidad.
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- Volviendo al Enapro, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo informaron que se decidió suspender la participación como consejero del ente portuario y del listado de capacitadores en comercio exterior de la Provincia a Jorge de Gotardi, apoderado legal y gerente de Transmodal, el depósito fiscal de Pérez al que ARCA le incautó 300 toneladas de maíz en negro y tiene expedientes abiertos en Aduana y la Justicia, tal como publicamos la semana pasada en esta columna.
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- Del río nos vamos a Funes. Pero seguimos hablando de tierras. Y de un conflicto de tierras propio, si se quiere menor pero bastante repetido, del avance urbanizador en el área metropolitana del Gran Rosario.
La historia comienza en 2007 cuando un grupo de amigos compró un grupo de lotes redondeando unos 2.000 m2 en la zona en la que ahora está la intersección de la conexión del aeropuerto con Illia (la continuación de calle Mendoza).
Cuando Vialidad Provincial encaró hacia 2010 esa obra, expropió varios terrenos, pero no los lotes en cuestión. Pero además, y en lo que fue una decisión técnicamente acertada, levantó un guardarraíl (o valla de protección) bloqueando el ingreso al lote.
Ese problema se subsanaba en el plan original de la constructora (Obring) porque se disponía la construcción de una suerte de colectora, habilitando así otro camino de ingreso y —precisamente—, terminada la obra, Vialidad le cedió los terrenos al Municipio de Funes, que era el encargado de realizarla. Pero pasaron los años y nunca se hizo, pese a las innumerables gestiones de los propietarios.
El tema es que ante la ausencia de esa obra, los propietarios hace años que no pueden ingresar al lote porque para hacerlo tienen que atravesar otros lotes privados que están frente a la ruta. Salvo que lo hagan en helicóptero o paracaídas.
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- Hablando de Funes, el crack de la Selección, Ángel Di María, revolucionó esa ciudad el viernes por la noche al asistir a la apertura de una sucursal de Di María Negocios Inmobiliarios, que preside Vanesa Di María.
“Esta nueva sede no sólo busca acompañar la demanda habitacional, sino también interpretar esta nueva etapa de la ciudad, incorporando una mirada estratégica sobre el crecimiento del territorio”, expresó Vanesa.
La empresa asumió la comercialización de Capua, un desarrollo de usos mixtos que la desarrolladora Edilizia impulsa en la ciudad de Funes.
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- Nos trasladamos ahora al Centro de Justicia Penal. Allí el gobierno provincial salió airoso y ganó la batalla al recibir la aprobación del juez Alejandro Negroni para poder subastar la semana próxima el avión Cessna 402A incautado al agente de Bolsa, detenido de manera preventiva por estafas, Daniel Casanovas.
Quienes perdieron fueron los acreedores, ya que el dinero de lo recaudado por el remate del avión no irá a los damnificados, sino al Tesoro Provincial hasta que haya sentencia firme (penal), cuando se lo reintegrarán a una tasa de interés menor a la de la inflación. Sin contar que el 20% de lo recaudado se usará para afrontar gastos de remate (¿solo a este cronista le parece que es mucho?), a lo que habrá que sumarle los gastos de estadía y traslado que también saldrán del bolsillo de los damnificados.
¿Más que cortarle las alas al narcotráfico, como lo promocionan (erróneamente, porque no es un avión narco), no le cortaron las piernas a los acreedores? Y es que esos fondos también eran clave para hacer frente a la convocatoria en marcha de la empresa que tiene la titularidad de la aeronave, que se llama Cereales del Sur (CDS).
El juez Negroni le terminó dando el visto bueno a la subasta que realizará la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) por razones técnicas y procesales, lo que para el abogado defensor de Casanovas, Emiliano Díaz, fue una decisión arbitraria y con graves falencias jurídicas. Por ejemplo:
- Violación del Derecho Concursal (Propiedad del bien): El avión no es del imputado Daniel Casanovas, sino de la firma Cereales del Sur S.A., la cual está en concurso preventivo. Díaz argumenta que el bien debe estar sujeto a las reglas del derecho concursal y bajo la potestad del juez civil, no de un organismo administrativo provincial.
- Contradicción sobre la Medida Cautelar: El abogado denuncia una incongruencia insalvable: el juez Negroni afirmó que el secuestro del avión lo ordenó la fiscalía, pero el registro del expediente y la propia fiscal Granato confirmaron que lo ordenó el juez Pérez de Urrechu en 2025. Esta confusión permitiría que la fiscalía y la APRAD ejecuten bienes sin control judicial real.
- Convalidación de un Acto Administrativo Irregular: Díaz critica que el juez reconoció que la resolución de la APRAD para subastar el avión tenía irregularidades formales que la hacían inválida, pero las consideró "saneadas" solo por lo que dijo el abogado de la agencia en la audiencia. Para la defensa, la legalidad de un acto del Estado no puede depender de la palabra de un letrado en una sala.
- Negligencia sobre la Publicidad Oficial: La APRAD alegó desconocer el concurso preventivo de la empresa dueña del avión. Díaz sostiene que esto es jurídicamente insostenible, ya que el concurso fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. El Estado provincial no puede alegar que ignora lo que él mismo publica.
- Incumplimiento de Plazos: La ley exige esperar seis meses antes de subastar un bien secuestrado, plazo que no venció. El juez dijo que un decreto provincial eliminó ese plazo, pero Díaz afirma que un decreto no puede derogar una ley, y menos una nacional.
- Figura del Juez: La ley nacional dice que "el juez" debe autorizar la subasta. El magistrado interpretó que "el juez" significa "el fiscal". Díaz señala que esta interpretación es inadmisible en materia penal.
- Falta de Racionalidad Económica: El Estado gastó 50 millones de pesos para trasladar en camión un avión que no vuela y que pretende subastarse por esa misma cifra. Díaz cuestiona el "uso racional de recursos" que invoca la APRAD, calificando el gasto de incoherente.
- Perjuicio a las Víctimas (Querellantes): Díaz destaca que las propias víctimas se opusieron a la subasta. Argumenta que el remate apresurado licúa el valor del dinero por la inflación y los altos costos de comisión (20%), perjudicando el futuro resarcimiento de los estafados.
Más allá de todos los argumentos jurídicos de este choque, lo que quedó en el aire —al menos para los querellantes— es que la Justicia decidió no poner palos en la rueda a un punto central de la política de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro. Claramente, la resolución se interpretó como un guiño judicial al gobierno.
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- No fue esa la única victoria judicial que tuvo el gobierno provincial esta semana. La otra vino desde el fuero federal en un tema que, si bien es económico, refiere a los círculos de poder, que es —a fin de cuentas— sujeto de análisis central de esta columna.
Resulta que el juez federal de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz rechazó la competencia de una investigación por microtráfico que había sido girada por la camarista Gabriela Sansó del fuero santafesino, hecho que había motivado cruces entre el Colegio de Magistrados y el fiscal regional de Rosario.
Hasta ahí se podría decir que se enmarca en un capítulo más de esta tensión entre ambos poderes por la competencia en las causas de narcotráfico y narcomenudeo. Pero el tema no quedó allí: el juez federal pidió que el fiscal regional Matías Merlo “investigue la posible comisión de un delito de acción pública" por parte de la magistrada.
No es la primera vez que el magistrado devuelve con quejas expedientes a la Justicia provincial (ya lo había hecho en causas que llevaban la firma del camarista Javier Beltramone), pero la decisión de pedir que se investigue el accionar de un juez cayó como una bomba que dinamitó los puentes de contacto entre ambos fueros.
Según sostienen en la Cámara, reaccionar de esa forma por una cuestión de competencia o de posibles errores materiales de una resolución es un escándalo en sí mismo. Y es que hay que entender la magnitud de lo puesto en juego: se debe disponer de suficiente documental para pedir que se investigue la comisión de un delito a un juez; no es algo que se puede tirar sobre la mesa livianamente.
Es por eso que los camaristas santafesinos analizan recurrir al Consejo de la Magistratura contra el juez federal Da Cruz. Un dato no menor es que la resolución del magistrado se realizó en la misma semana en que ambos fueros habían cerrado un acuerdo de cómo afrontar y resolver problemáticas vinculadas a competencias en el tráfico de drogas, acordando incluso un protocolo de acción; un entendimiento que llevó las firmas de los jueces federales, incluso de De la Cruz, quien ahora dinamitó ese entendimiento, según entienden en la Cámara.
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- No aparece conexión evidente entre este cruce y la decisión del juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, de salir en los medios duro contra la Justicia federal. “Las diferencias con la administración de justicia provincial son considerables. La nuestra es más eficiente y transparente”, dijo en Radiópolis, por Radio 2.
Es más, señaló que los avances en la oralidad de los procesos son muy escuetos a nivel federal frente a lo que ocurre a nivel de la Justicia penal santafesina. “Es más, acabamos de aprobar un protocolo de oralidad civil que significa la puesta en marcha de un sistema de audiencias públicas y orales para todos los procesos de derecho privado”, anunció. “Es un avance importante porque implica transparentar y acortar tiempos”, agregó. “No se puede decir lo mismo de los procesos federales”, insistió.
Pero no todo quedó en una cuestión de procedimientos. “Nosotros no tenemos jueces suspendidos que siguen trabajando o que renunciaron por escándalos”, disparó en un claro tiro por elevación a lo que pasa en la Justicia federal rosarina. “No hay que naturalizar lo que pasa en la Justicia federal; eso no pasa en Santa Fe”, remató.
Ahora: esa eficiencia de la que hace gala Erbetta choca con una realidad si se analiza lo que ocurre en el fuero laboral de Rosario, que está estallado. Se acumulan cientos de causas, faltan cargos y escasean recursos.
“Es cierto que tenemos una situación en Familia y Laboral; y el tema nos preocupa”, admitió Erbetta ante la consulta de este cronista. “En el fuero laboral tenemos un problema. Necesitamos refuerzos porque 10 jueces son muy pocos, y la Cámara llegó a funcionar con 4 o 5 vacantes. Todo eso sin contar que tenemos un tercio de la cantidad de jueces que tiene Córdoba. Ahora estamos abordando la creación de un sistema similar al que vamos a implementar en los procesos civiles”, enumeró.
En ese sentido, destacó que se nombraron 3 peritos oficiales en la Corte para intervenir en los casos laborales y contó que “aparentemente se sumarán otros 6 más, por lo que va a bajar fuerte la litigiosidad laboral”.
Sobre el tema de la “industria del juicio laboral”, el gobierno provincial espera que la semana que viene el Senado apruebe el cambio que ya avaló Diputados al Código Procesal Laboral, con el cual buscan cerrar grietas, sobre todo en el papel de los auxiliares médicos, por donde —entienden— se filtran los “caranchos” que carcomen las empresas y las fuentes de empleo.
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- Volvamos a la economía. Esta semana viene bien cargada de actividades. El lunes, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, estará en Rosario para participar de la presentación del libro del consultor de empresas Salvador Di Stéfano. Será en la Bolsa de Comercio y para el jueves ya había más de 300 inscriptos.
El jueves, G70 presenta “Pradea”, un desarrollo inmobiliario top en un predio de 2.000 m2 en Avenida Perón al 8400, entre Acevedo y Maradona, en la zona de mayor crecimiento de Fisherton, que al contrafrente tiene vista al campo de golf del Jockey Club, una condición que le aporta visuales abiertas y un fuerte valor agregado. El complejo tiene residencias, oficinas y comercios, todos de categoría, y hasta 55 cocheras subterráneas.
Y el plato fuerte es la presencia de unas 50 empresas alimenticias, 15 de ellas de Santa Fe, viajando a la principal feria de supermercados del sur de Brasil (Expo Apras) que se realiza en Curitiba; una misión organizada por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Las firmas que van por la provincia son: Kretz, Buen Sol, Inalpa, Las Colonias, La Cumbre, Sentinelia, Guillermo Ocampo, Rinaudo, Agrocomercial Vangioni, entre otras.
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- Y si hablamos de consumo, el supermercadista Carlos Cassinero aportó un concepto que grafica perfectamente una sensación que recorre al empresariado local. Es que el grueso de los hombres de negocios de ese sector votó al presidente Javier Milei y ahora sufre la brusca caída de la actividad y las ventas. Reconocer la estabilidad de precios, la posibilidad de suma oferta importada y la disponibilidad de stock son particularidades de este modelo que ellos apoyan, pero que hace tiempo saben a muy poco por el fuerte derrape de las ventas y los ajustes que están encarando.
La pregunta es: ¿Igual siguen apoyando al presidente? “Apoyamos el rumbo fijado, pero no como lo estamos transitando”, dijo Cassinero. A todo esto, los supermercados de Rosario quieren dejar de vender con descuentos a través de las tarjetas de crédito. "Los bancos quieren que nosotros afrontemos el 70% de la promoción, cuando siempre fue 50 y 50", dijo Cassinero.
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- Es momento de cerrar y, como siempre, lo queremos hacer resaltando aquellas experiencias que, contra todo, tiran para adelante marcando el rumbo del desarrollo económico. Y en un “run run” con mucho ladrillo, tenían que estar vinculados al segmento de la construcción. Pero no al negocio en sí mismo. Y son dos casos.
El primero fue el 40 aniversario de la constructora Fundar, que lo celebró presentando un libro y una muestra en el Museo Castagnino con todas sus obras, en un acto realizado el viernes al que asistieron los principales referentes públicos y privados del sector. Más allá de las formalidades, lo importante fue lo emotivo. Todo aquello que no se puede comprar con dinero. Lo que se celebró fue la buena gente (desde socios fundadores a sus familias, pasando por colaboradores profesionales y trabajadores) que está detrás de la marca. Más allá de sus logros empresarios, profesionales y comerciales, al fin y al cabo lo que suma en todo emprendimiento es la buena vibra de sus emprendedores.
Y el segundo caso tiene que ver con el foro de la construcción Converge, del que algo hablamos más arriba y en el que nos focalizamos el sábado en “La previa del Run Run”. Pero lo que queremos ahora resaltar es el empuje de sus dos fundadores, Lucas Bavestrello (CEO de CREA Desarrollos) y Juan Fortuna (CEO de La Económica. En momentos difíciles para la ciudad, el anteaño pasado, se animaron a realizar un evento de mucha magnitud. Bien pensado para el sector que conocen y abriendo el juego a todos los actores. Invirtiendo de su bolsillo para traer expositores de primer nivel y poniendo en juego sus nombres a una iniciativa que hoy no se entiende que no existiera antes: un foro anual de la construcción privada en Rosario.
Con casi dos mil asistentes, una docena de stands y referentes públicos y privados colmando las instalaciones de la Bolsa, a no pocos les recordó los inicios del congreso anual de Aapresid, el evento corporativo más grande que tiene (y recuperó) Rosario.
¿Está la semilla de un nuevo Aapresid?
