Run Run: inmobiliarias ponen el pecho al pedido de transparencia en loteos, habeas corpus para Shanahan y Rosario cae como ciudad tech

• Vamos a arrancar con un tema recurrente en la agenda empresaria: la alta litigiosidad judicial por accidentes y enfermedades laborales. Se trata, como venimos viendo domingo a domingo, de una problemática con muchas causas y muchos responsables y una particularidad: en Santa Fe hay más juicios laborales que en Córdoba y ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esto ocurre? Cada sector en pugna tiene su lectura y sus culpables.
   

¿Y si en realidad la causa es que hay un sobre registro judicial de los incidentes? La hipótesis sorprende, pero merece prestarle atención. 

“Hay una realidad que observo cotidianamente desde mi tarea pericial: continúo recibiendo cédulas de un mismo trabajador cuyo reclamo fue parcializado en siete juicios diferentes, uno por cada patología denunciada. Como consecuencia de ello, intervenimos siete peritos médicos distintos, cada uno evaluando sólo una parte del daño, cuando en realidad se trata de una misma persona, con una misma historia laboral y una misma biografía de exposición”, le cuenta a Rosario3 Javier Amherd, médico laboralista.

Y mostró documentos con casos específicos, como el que adelantamos ahora:

“Creo que este ejemplo ayuda a comprender que el aumento de la cantidad de juicios laborales no siempre refleja un aumento equivalente de trabajadores reclamando, sino que muchas veces responde a la fragmentación procesal de los reclamos”, insiste. “Un solo trabajador puede transformarse estadísticamente en varios expedientes; una única historia de daño laboral puede multiplicarse en numerosos procesos judiciales”, reitera el médico laboralista.

¿Pasará lo mismo en las otras provincias? “En la reunión de Neuquén en la que fundamos la Asociación Argentina de Medicina del Trabajo hablé con los colegas de CABA, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Salta, Neuquén, Río Negro, Córdoba, etc. y les pregunté específicamente por este tema. En el único lugar que se hacía algo similar era en Mendoza, hasta que lograron la implementación del Cuerpo Médico Forense Laboral. Luego de esto, volvieron al sistema de un único expediente. El colega de Entre Ríos, nos comentó que, desde hace unos meses, comenzaron a hacerlo también en Paraná”, respondió el especialista.

Tal vez allí exista un aspecto poco analizado del fenómeno: no sólo debemos discutir cuántos juicios hay, sino también cómo se registran, cómo se contabilizan y cómo el propio sistema puede generar una expansión artificial de las cifras a partir de la división de los reclamos.

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• Sobre legislación laboral, saltamos de la Justicia a la Legislatura. Hay malestar en las entidades empresarias por lo que dicen el “noni/noni” que le dicen le están haciendo en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe a los cambios al Código Procesal Laboral que impulsa la Red de Entidades por la Producción para seguir cerrando los pliegos por donde, estiman, se filtran los “caranchos” y las “carancheadas” por conflictos laborales no vinculados a enfermedades y accidentes.
   

Cuatro son puntos que buscan cambiar: criterios de caducidad, que el recurso ante la Corte suspenda la ejecución de la sentencia, que haya una instancia de conciliación obligatoria y limitar embargos preventivos.
 

Los empresarios están medio chivos porque dicen que pese a haber sido ellos quiénes impulsado los cambios, la comisión -que preside Joaquín Blanco- recibió antes (y varias veces) a quienes se oponen a las modificaciones, como la Asociación de Abogados Laboralistas, sobre la cual los dirigentes empresarios no tienen la mejor de las opiniones. Más bien, opinan todo lo contrario.

Los empresarios no guardan el mejor de los recuerdos por lo que entienden fue el papel del socialismo en los cambios al sistema de peritos que se sancionaron en la Legislatura, ya que, sostienen, demoraron el proyecto del gobierno, impulsado por los radicales Martín Rosúa y José Corral.

Por el contrario, desde el socialismo siempre se vio con ceño fruncido lo que entendían eran “parches parciales” cuando lo que ellos analizan es la existencia de un fenómeno más complejo que requiere una respuesta más integral.

Justamente, esta semana el presidente de la Cámara de Senadores, el radical Felipe Michlig, cargó duro -sin nombrarlos- contra los legisladores socialistas por la falta de acompañamiento al tratamiento de las nuevas leyes de Seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro con mucha urgencia. 

Más allá de los argumentos y las razones de una y otra parte (por ejemplo, a pocos les cierra, y con mucha razón, que se le otorguen más atribuciones a la cuestionada policía santafesina, como quiere el gobierno), el empresariado toma nota de estos desencuentros internos en el frente gobernante.

“Existe una relación directa entre el funcionamiento del sistema laboral, la previsibilidad jurídica, los costos asociados a la contratación, la litigiosidad, los tiempos de resolución de los conflictos y las decisiones que toman las empresas a la hora de incorporar trabajadores. Por ello, consideramos necesario poner en discusión aquellos aspectos que, aun cuando puedan responder a objetivos legítimos de protección laboral, pueden generar efectos no deseados sobre el mercado de trabajo”, señaló el presidente de la Fundación Apertura, Cristian Bergmann, en la carta que le envió el mes pasado a la comisión pidiendo la reunión. 

Cartas similares les enviaron, con el mismo objetivo, enviaron a la comisión Federación Gremial, Trascender y Sociedad Rural de Rosario.

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• Ya que hablamos de la Fundación Apertura, esta semana presentó un informe muy interesante sobre Transparencia Tributaria busca aportar información clara, comparable y verificable sobre la carga tributaria municipal que enfrentan las actividades económicas del Gran Rosario.
   

El tema es bastante sensible porque todos los gobiernos prefieren siempre hacer foco en cuánto costo fiscal suma el otro y no el propio. En efecto, la Nación, las Provincias y los Municipios siempre se tiran la pelota.

A través del relevamiento y análisis de las ordenanzas tributarias, la Fundación Apertura compara cuánto cobra cada municipio por el Derecho de Registro e Inspección (DReI), la tasa que alcanza los ingresos de comercios, industrias y prestadores de servicios.

La iniciativa no se limita a comparar alícuotas nominales: también considera los adicionales obligatorios, los mínimos mensuales y los tratamientos diferenciales según la actividad, para estimar la carga efectiva que soportan empresas y contribuyentes.

El primer informe releva la normativa vigente al 21 de octubre de 2026 en Rosario, localidades ubicadas en un radio aproximado de 40 kilómetros y las ciudades de Santa Fe y Rafaela. Sus resultados constituyen un insumo para la discusión de los presupuestos y las ordenanzas tributarias de 2027. 

Y los datos más importantes de la comparación de 19 jurisdicciones relevadas, fueron:

1. La alícuota efectiva general va del 5‰ en Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín al 7,48‰ en Alvear. Rosario se ubica en 6,5‰.
2. Nueve localidades del área no tienen disponible en línea la ordenanza tributaria vigente, lo que dificulta conocer y comparar su régimen fiscal.
3. En General Lagos, el mínimo mensual estimado para una metalúrgica de 30 empleados equivale al 21,78‰ de sus ventas, una carga efectiva muy superior a la alícuota general.
4. Los adicionales cambian el ranking. Villa Gobernador Gálvez (+10%), Alvear (+15%) y Pérez (+3%) cobran fondos afectados obligatorios sobre el DReI. Con ellos, Villa Gobernador Gálvez y Alvear pasan a ser las jurisdicciones de mayor carga general. 
5. Un umbral congelado desde 2021. Roldán cobra 6,5‰, pero sube a 7,5‰ cuando los ingresos anuales llegan a $140 millones, un umbral fijado en 2021 y nunca actualizado. Hoy lo supera un comercio que vende $11,7 millones por mes: en la práctica casi toda PyME de Roldán paga 7,5‰, el nivel de Alvear, el más alto del área, y sin diferencial para la industria. 
6. Mínimos que castigan el empleo. En General Lagos, una metalúrgica de 30 empleados pagaría una cuota mínima equivalente a 21,8‰ de sus ventas. En Rosario, una empresa de servicios con 12 empleados queda alcanzada por el mínimo de 610 MT ($320.860 por mes). 
7. Gastronomía, la mayor dispersión. Bares y restaurantes pagan 5‰ en Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín, pero 15‰ en Funes, 18‰ en Capitán Bermúdez y 20‰ en Pérez. 
8. Grandes complejos agroexportadores. Tributan cuotas fijas o mínimas mensuales que van de $34,5 millones (Timbúes) a $159 millones (Puerto General San Martín) y $170 millones (San Jerónimo Sud, plantas de más de un millón de toneladas), con criterios de encuadre distintos en cada jurisdicción.

En lo que hace a la industria, Funes (3‰) tiene la alícuota industrial más baja del área. Entre las ciudades de referencia, Rafaela grava la industria y el software con 3,5‰ y la ciudad de Santa Fe con 5‰. Le siguen Puerto General San Martín, Timbúes y San Lorenzo (5‰), y Granadero Baigorria y Pueblo Esther (5,5‰). 

Villa Gobernador Gálvez y Alvear concentran el beneficio en sus áreas industriales (5‰ y 4,5‰ nominales). En Luis Palacios la industria alimenticia paga 2,5‰. En el extremo opuesto, Fray Luis Beltrán grava la industria con 8‰ y un mínimo de $260.000, por encima de su alícuota general de 5‰: es el único caso del área en que la industria tributa más que el comercio. 

Rosario no tiene alícuota industrial diferencial: la industria paga 6,5‰, salvo la elaboración minorista de alimentos (6‰) y el software (6‰). San Jerónimo Sud grava a la industria con su alícuota general de 7‰ y mínimos de 100 o 200 UF según la superficie de la planta. Roldán tampoco diferencia a la industria: una PyME industrial paga 7,5‰ por superar el umbral de $140 millones anuales. 

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• Y si de impuestos se trata, el video más viralizado esta semana entre empresarios de la ciudad es uno que carga directo contra el tributo provincial a los Ingresos Brutos mostrando la distorsión que genera al cobrarse sobre la facturación en todas las operaciones de venta desde la producción inicial hasta el consumidor final que podes ver ahora:.
   

Es interesante cómo pese a adeudar la prometida reforma tributaria (no se eliminó el impuesto al Cheque y no se eliminaron retenciones) y el ARCA estar más duro que nunca con embargos a pymes, en materia de relato el gobierno nacional ganó la batalla en la conciencia empresaria y logró que el foco esté puesto en lo que cobran las provincias en Ingresos Brutos.

El tema adquiere más relevancia justo cuando se conoció esta semana que Santa Fe cerró el primer semestre de 2026 con déficit fiscal provincial (del 12%), teniendo el segundo rojo más alto del país, sólo superado por Tierra del Fuego.

Los libertarios aprovecharon y le entraron duro a la administración con la clásica acusación del gasto político y en personal. Pero, más allá de la segura incidencia de ambos factores en el déficit, el tema amerita un debate sobre cuánto del rojo es por el gasto extra que las provincias (y no solo Santa Fe) están afrontando ante el default del gobierno nacional que cortó todo tipo de servicios y prestaciones, como la escasa inversión en infraestructura y el desfinanciamiento en salud.

Más allá de ese debate, lo que los empresarios están tomando nota (sobre todo en las constructoras) es que para el año que viene se viene un “pullarismo sin plata”, y es que -a diferencia de la primera mitad de la gestión- el gobierno de Santa Fe enfrenta ahora el desafío de administrar lo que queda del año y todo el 2027 sin la billetera cargada de recursos.

Es por eso que, en este contexto, no asoma que sea posible una baja importante y masiva sobre el comercio y los servicios del impuesto que representa la principal fuente de ingresos de la Provincia. Si, como venimos contando, en la ley tributaria para el año que viene todo indica que habría exenciones puntuales, por ejemplo, para loteos y exportaciones por puertos y aeropuertos de Santa Fe. 
 

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• En esa avanzada contra Ingresos Brutos, la Asociación de Supermercados, que reúne a las empresas multinacionales y la grandes nacionales del sector, sorprendiendo con un pedido a Santa Fe no para que les bajen Ingresos Brutos por operaciones en billeteras virtuales sino para que también les cobren anticipos a los comercios más chicos (como minimarket, almacenes o supermercados cercanía).
   

Los grandes supermercados -que piden la adhesión de la provincia al régimen que retiene Ingresos Brutos en billeteras virtuales- aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, sino que buscan equiparar el control que ya rige para las cuentas bancarias y frenar la competencia desleal.

Desde el sector supermercadista alertaron sobre la distorsión que genera la falta de adhesión al llamado Sircupa (que sería como el “Sircreb” bancario, pero para movimientos virtuales), ya que mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales sin ningún tipo de impacto fiscal.

Esta ausencia de regulación en estos distritos genera, según la entidad, un escenario de competencia desleal, dado que el comercio que opera con billeteras virtuales (generalmente a nombre propio) elude las retenciones a cuenta que sí afrontan los negocios formalmente registrados.

¿Y qué responden desde el gobierno de Santa Fe? Toman distancia del reclamo de los grandes supermercados. No lo ven y no piensan adherir.  En el Ministerio de Economía explican que el micro y pequeño que opera cobrando a transferencias en cuenta virtuales es la misma cuenta personal donde se mezclan los movimientos del entendimiento y personales familiares, pero -en cambio- si se retienen en pagos con QR en cuentas virtuales, sea cuenta bancaria o virtual la cuenta receptora.

En el pequeño o micro comercio o prestador de servicio la persona usa la misma cuenta personal donde recibe los ingresos por las ventas de su comercio y los movimientos de plata con su familia, amigos, etc. que no son operaciones gravadas. Sin embargo, el Sircupa te retiene por cualquier movimiento. Así que, si la Provincia adhiriera, un pequeño comercio de barrio, al que trabaja de oficio independiente, taxistas, le empezaría a retener por todo lo que le entra en su cuenta virtual.

Veamos un caso hipotético pero muy común. Una profe tiene un gimnasio de barrio. El grupo de padres de la escuela de sus hijos junta fondos para pagar un viaje y ella es la que junta los fondos. Sircupa le retiene por cada transferencia que le haga cada padre o madre. Lo mismo si alguien que es, por ejemplo, fletero. Se juntaron a comer con amigos el viernes, él pagó y los demás le transfieren su parte del pago que hizo; así también le sacarían el adelanto por Ingresos Brutos.

El detalle final del razonamiento es que adherir al Sircupa era atentar contra el medio que más colaboró en sacar el efectivo de la calle y que era una vulnerabilidad en materia de seguridad. 

Hoy es común que el pequeño comercio ofrezca un descuento si el cliente paga con transferencia a CVU porque de esa manera evita retenciones (o incluso vende en negro). Si el gobierno adhiere al Sircupa el comercio va a dejar de hacer esa oferta para el pago mediante CVU y va a volver a incentivar el pago en efectivo. Ergo, el fisco no va a recaudar y volviste a incentivar el uso de efectivo que es un instrumento vulnerable para el delito. Y esto en Santa Fe (y en especial Rosario) es un factor muy fuerte
 

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• Vuelta de página. “Nosotros tenemos una empresa familiar de aberturas metálicas en Rosario con 50 años de trayectoria”, contó Jorgelina Gonano, de Aberturas Inducor, flamante presidenta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM). Y lo particular de la entrevista con Radio2 es que expone en primera persona una singularidad de la situación económica actual: 
   

“El sector está complicado y arrastra más de dos años de caída. En nuestro rubro el problema es más que nada la falta de consumo y demanda. El impacto de las importaciones es menor. Pero nosotros, en nuestra empresa, estamos en actividad. Nos reconvertimos, nos adaptamos al cambio. Antes hacíamos fabricación estándar. Ahora, volvimos a venderles a proveedores de obra pública, provincial y municipal. Se puede, pero necesitamos que el Estado haga lo suyo, tanto en la reducción de la presión impositiva como en el tema de los embargos masivos”.

La industrial condensa así el reconocimiento a la necesidad de que el empresariado debe hacer sus deberes puertas adentro para enfrentar un mercado más competitivo, y al mismo tiempo admite que si no fuera por el tirón de la demanda de la obra pública, todo ese esfuerzo sería en vano. 

En efecto, en el empresariado existe la sensación de que darle eficiencia y productividad a la empresa de poco sirve si falta demanda. Y es que falta la zanahoria de la expectativa de mejores ventas. La actividad está necesitando algo de estímulo.

No en vano, entre los industriales las mejoras internas son vistas como parte de una estrategia defensiva y aguante hasta que se active la demanda más que un camino al crecimiento. 

Es más, los números de septiembre del Indec confirman que es el menor consumo y no la competencia importadora la razón de la menor actividad: las importaciones totales bajaron 2.5% contra el mismo mes de 2025. Y si se hace la comparación en cantidad de unidades, la baja fue de 9.7%. 
 

Avalancha importadora no hay. 
 

El otro punto de la frase de Gonano a destacar es el reconocimiento a que en el proceso de reconversión es clave el acompañamiento del Estado, por ejemplo, con la obra pública. Es que, como se dice, la construcción es una industria de industria. Son muy diversas las herramientas y, obviamente, muy distinto el poder de fuego, pero la experiencia muestra que los procesos exitosos de reconversión empresaria por la desregulación de las economías nacionales tuvieron acompañamiento de políticas públicas. 

¿Hay acompañamiento en la Argentina de hoy al esfuerzo del sector privado? Están los que dicen que la estabilidad que genera la prudencia fiscal y la baja de la inflación, más la apertura de mercados externos, son apoyos clave. Por el contrario, hay otros, como se desprende de lo dicho por la titular de AIM, que le recuerdan el incumplimiento de la promesa electoral de bajar impuestos. 
 

El debate está abierto. 
 

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• Estas particularidades de la situación económica se pudieron ver esta semana en Neuquén, adonde casi 200 empresas santafesinas se hicieron presente para asistir a la “Exposición Internacional del Petróleo y del Gas” que se hizo en la ciudad cabecera de Vaca Muerta, el tren al que toda la industria se quiere subir para intentar zafar de la crisis fabril que sacude al mercado interno.

Primer dato a tener en cuenta: el año pasado asistieron unas 80 firmas de la provincia a ese mega encuentro. Que este 2026 se haya duplicado la participación es tanto una señal de la positiva integración que se busca como una alerta de la mala situación general del sector fuera de ese círculo.

Y es que, en rigor, las santafesinas que están haciendo hoy negocios en el sector (y algunos realmente muy buenos) son las que hace 5 o 6 años que empezaron a transitar el largo camino de convertirse en proveedores de segundo, tercer o cuarto anillo de las grandes petroleras o mineras. 

Así como unas 20 firmas de la provincia ya le están sacando el juego al sector, el resto todavía está recorriendo el largo camino de poder concretar negocios. En este caso, a diferencia del resto de la economía, sí está la zanahoria de las futuras ventas, del que antes hacíamos referencia. Es que el crecimiento actual y proyectado del rubro es tan fuerte que, quiénes a fuerza de talento, inversión y competitividad, pueden llegar a integrarse van a poder hacer una diferencia. 

“Es tan fuerte el crecimiento que se proyecta que nos llamó la atención que el tema del resultado de las próximas elecciones presidenciales, que ya es una preocupación en el resto de los sectores pero no aparece como algo que tengan en cuenta”, relató el industrial Rafael Catalano, presente en el encuentro. 

Lo que sí aparece como interrogante es que a las industrias no les alcance el tiempo para llegar a subirse a ese tren, salvo que haya una mejora en el mercado interno que sí le permita llega. Es que la misma empresa que, esta semana tenía a sus ingenieros explorando oportunidades en Vaca Muerta, en Rosario a sus contadores estaban haciendo malabares para cubrir cheques y hacer caja para pagar sueldos la semana que viene. 

Un cambio importante que registraron los industriales santafesinos fue que, a diferencia de años anteriores, las empresas de Neuquén están más propensas a analizar alianzas y tercerizar procesos y compras. 

¿Por qué? Es que 2024 y 2025 hubo un mejor ritmo de instalaciones de nuevos complejos fabriles o aumento de capacidades productivas (lo que hubo fue más producción de las plantas), y por eso muchas proveedoras, que estaban pasadas de estructura, tuvieron que hacer fuertes ajustes. Ahora, con un sector que está madurando, las industrias neuquinas apuestan a contratar (servicios fabriles) para hacer frente a las proyecciones de aumentos de instalaciones para no volver a quedar expuestas si vuelve a bajar el ritmo. 

Para cerrar con Vaca Muerta, en esta columna dominguera venimos publicando que especialistas en planificación urbana advierten sobre el riesgo de que los nuevos conurbanos cordilleranos repitan los fallidos esquemas de aglomeración sin infraestructura de los conurbanos industriales clásicos, con el de Buenos Aires a la cabeza.

Lo que sumamos ahora que la historia vuelve a repetirse con el la infraestructura de acceso vial a esa zona. Así como no se puede entender que el principal complejo portuario cerealero del mundo, y principal responsable de las exportaciones del país, tenga caminos de acceso del tercer mundo, lo mismo está ocurriendo con Vaca Muerta, la nueva reina de la economía nacional.

“Nosotros fuimos en auto. El estado de los caminos hace parecer a la ruta 34 como un billar. No se puede creer. Es una desidia. Una locura. Hay, por ejemplo, en una zona entre Río Negro y Neuquén, que siempre estuvo rota, en la que la ruta directamente desparece”, comentó espantado Catalano.

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• No podemos cerrar una crónica sobre la participación santafesina en la gran feria de “Oil and Gas” sin destacar el apoyo del gobierno provincial a los industriales. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se puso al hombro la promoción y el respaldo de las compañías que fueron a la búsqueda de negocios, un acompañamiento institucional clave para la concreción de negocios.

Esta semana, el punto fuerte será la realización de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que va a convocar los principales proyectos vinculados al desarrollo energético, industrial y logístico del país, se llevará adelante el próximo jueves 29 de octubre, en La Fluvial de Rosario, encabezado por el Ministerio de Economía de la Nación y articulado con el Gobierno de Santa Fe. 

Con un nivel de adhesión que superó las proyecciones iniciales, la nómina de grandes firmas inversoras y compradoras confirmadas ascendió a 43 proyectos, posicionando a la provincia como el gran puente de enlace entre las inversiones estratégicas y la capacidad manufacturera argentina.

La iniciativa, coordinada entre el Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, congregará a las principales operadoras de minería metalífera, litio, industria e infraestructura pesada y pondrá cara a cara a más de 1.800 pequeñas y medianas empresas de todo el país, entre las que se destaca una fuerte presencia del sector metalmecánico, calderero, logístico y tecnológico santafesino. 
 

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• La actitud de los industriales de salir a pelearla también arroja un dato positivo que no es de su exclusividad: el tejido empresario regional sigue apostando. Y que el empresariado, con o sin zanahoria de futuras ventas, no baje los brazos, significa que la batalla continúa.
   

En efecto, con independencia de tamaños y sectores, los empresarios continúan generando instancias que empujan al crecimiento -algunas en soledad otra junto con los gobiernos regionales- aun sabiendo del impacto acotado a un sector o limitado en su efecto para el resto de la economía.

Por ejemplo, esta semana se celebró en Rosario el anuncio de que, por primera vez se realizará Casa FOA en la ciudad, el evento top nacional del diseño y la arquitectura. La ciudad le ganó el prestigioso evento a Córdoba, y todos los eventos de alcance nacional que se consiguen para Rosario son celebrados como un gol por lo que contribuyen a consolidar la imagen de mejor de la ciudad y la generación de actividad. 

En este caso, se hará en Midtown, el complejo inmobiliario top de 25nmil m2 que Pecam, Sancor Seguros, Qala y Maestu desarrollan en Pichincha. Los condos, que llevan el sello del prestigioso estudio Aisenson, estarán listo el primer semestre de 2028. 

En el acto de anuncio, que se hizo en las instalaciones de Midtown, se dijo que se vienen novedades con la familia dueña de Pecam, los Griot, como la pronta inauguración de la “Casa Griot”, a cargo de Clara Griot, un proyecto de interiorismo creado por el estudio Griot Concept. Su ubicación es estratégica: en una zona de fuerte crecimiento entre Refinería y Puerto Norte. Ampliaremos.

En la presentación, que se hizo el lunes pasado, a ninguno de los empresarios del sector se le escapa que el negocio del desarrollo de real state no fluye, y que la realización de Casa Foa no cambiará la situación, pero es un evento que suma en el camino de la recuperación de algunos segmentos del negocio, entre otros factores, por la visibilidad que genera, sobre todo de Rosario en Buenos Aires.

En esa misma línea se puede colocar, a la política de la Secretaría del Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo. Su titular, Gustavo Rezzoaglio, fue tejiendo acuerdo con 17 centros comerciales barriales y un grupo de bancos para que puedan ofrecer acciones de promoción comerciales para el Día de la Madre, con el apoyo de la Asociación Empresaria de Rosario, para el día de la Madre.

 “La idea era emparentarlos con las promociones de los grandes shoppings y contribuir a la luchar contra el desánimo”, dijo el funcionario provincial.  Nadie se salvó con estas promociones, pero mientras que en todo el país la baja promedio de las ventas por el Día de la Madre fue del 3 por ciento, en Rosario fue la ciudad que menos cayó con una baja del 1 por ciento.
 

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• Y hablando de eventos, sobre el cierre de la semana se destacó el Primer Congreso Inmobiliario que se realizó en la ciudad organizado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe (CCI), La Cámara Inmobiliaria Rosario (CIR) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
   

Con los salones de Puerto Norte a full, el evento permitió a las entidades colegiadas exponer su amplia agenda institucional, así como impulsar la profesionalización y capacitación de los operadores.

Antes de concentrarnos con el mensaje mensaje institucional del Congreso (que es tema central del Run Run), vamos a hacer una parada sobre cómo están viendo los operadores las proyecciones del mercado.

Claramente, al nuevo escenario de menores ventas de unidades a construir se lo combate con proyectos bien pero bien segmentados y se lo hace desde empresas con eficiencia en costos, como venimos contando. Como sea, mientras no haya crédito hipotecario, las ventas de propiedades nuevas o usadas seguirán a cuenta gota. 

Y si de nichos se trata, un tema debatido en los pasillos es hasta cuando seguirá burbuja de Funes en lo referente a alquileres comerciales. “¿Cómo se sostiene una cafetería pagando alquileres de 8.000 dólares al mes?”, se escuchó preguntar.

Pero un dato novedoso que presentó el Colegio junto con la Facultad de Economía de la UNR fue lo que está ocurriendo este año con el segmento de los galpones, que en años anteriores era un boom y hoy está bastante golpeado. ¿Por qué?

Lo que está pasando es que se combin. la caída de la actividad industrial y el cambio de modelo (en el que tener stock era la clave, y por ende había mucha necesidad de lugares de almacenamiento) con la salida al mercado de muchos galpones y naves que se empezaron a construir cuando el negocio brillaba.

Un dato lo muestra cabalmente: entre 2026 y 2025 aumentó un 70% la oferta de galpones y hay un 65% más de superficie. Según el relevamiento realizado en Rosario y las ciudades más cercanas de cordón hay 131 naves en venta y otras 162 en alquiler.

¿A qué valores se ofrecen para la venta? A u$s510 el m2 en el radio urbano, saltando a u$s 583 en el primer cordón y u$s 560 en el segundo cordón. ¿Y cómo es la tendencia? De recuperación. Están volviendo a los valores de 2024, luego de bajar en 2025, formando una figura similar a una U. 

¿Y cómo marcha la renta del negocio? En lo que hace a venta, aumentó un 10% en dólares frente al año pasado, pero la inflación en dólares fue del 16%. En alquiler la brecha se achicó, pero es deficitaria. Así y todo, sigue siendo un negocio de inmobiliario más rentable que el residencial, sostienen los operadores
 

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• Ahora sí, vamos al mensaje institucional del Congreso. Y es que ante las avanzadas desreguladoras del gobierno nacional, uno de los principales conceptos fue la defensa de la matriculación de la actividad como sello de calidad y responsabilidad para hacer frente a un desafiante y complejo mercado. 

No en vano, en una de las mesas del congreso inmobiliario se analizó el tema de la “Seguridad jurídica y protección del consumidor, ¿Quién y cuándo responde?”, de mucha actualidad ante los repetidos casos de conflictos con desarrolladores que no cumplen con las entregas en tiempo y forma.

“A los operadores inmobiliarios les digo que tengan cuidado. Pueden ser que sean los que menos involucrados en los conflictos están, pero para la ley de Defensa del Consumidor son igual de responsables que los desarrolladores que incumplieron las entregas”, les advirtió Marcelo Quaglia, juez civil y comercial de primera instancia. “Recuerden que la publicidad los hace parte del contrato”, apuntó.

A su lado, Agustín Grandinetti, secretario del Colegio de Corredores, llamó a que el profesional no se exceda del concepto de intermediación, que por definición es quien no tiene subordinación o dependencia con algunas de las partes involucradas en la operación. 

“Por ser profesionales liberales, no estamos enmarcados en la ley de defensa del consumidor. Pero en cuanto nos excedemos los límites de la intermediación, sí quedamos enmarcados. Por eso es clave el cuidado en la publicidad al prometer obras de las cuales no somos responsables porque las debe hacer la desarrolladora, no organizarnos como persona jurídica y parecer se parte del grupo desarrollador”, señaló el corredor inmobiliario.

En la mesa también estaba la directora provincial de Defensas del Consumidor, Valeria Schvartz, cuya exposición dejó expuestas las dificultades que enfrenta el gobierno provincial para acomodar la situación luego de que, hay que resaltarlo, hizo lo que nadie venía haciendo en las anteriores gestiones: exigir a los loteos que cumplan con las normas.

“Nuestro ámbito de competencia es limitado”, dijo la funcionaria, quien señaló que lo que buscan es tratar de que las partes en pugna logren una conciliación en reuniones convocadas por la autoridad. Y por eso resaltó que la clave está en la prevención, en evitar que se generen conflictos, que luego son difíciles de resolver. 

Y allí puso el énfasis sobre la publicidad haciendo referencia a que la información que se hace circular no se induzca a un error o engaño, por ejemplo, especificando claramente cuántos m2 son de uso exclusivo y cuántos de uso común.

En ese marco, saltó el debate sobre la posibilidad de que los loteadores deban obtener una suerte de certificación previa otorgada por el gobierno para poder vender y que, cual registro oficial, sirva como herramienta para que el consumidor inmobiliario pueda ver también antecedentes del vendedor.

Fue ahí que la funcionaria tiró la pelota para el costado. “Es algo complejo y necesita seguimiento diario”, dijo la directora sacándose el problema de encima. “Hay desarrolladores que vienen haciendo todo bien y eso no garantiza que el próximo desarrollo que encaren esté en orden”, siguió tomando distancia.

El escenario, con casi mil personas escuchando, era el ideal para que el gobierno provincial dejara un mensaje de mayor compromiso en la resolución del problema del que padecen los cientos de santafesinos afectados por los desarrolladores defaulteadores, pero primó el lenguaje burocrático que nada resuelve cuando los problemas se salen de la chata escuadra de las oficinas públicas. 

Por ejemplo, en materia de soluciones innovadoras, tienen a mano el proyecto de ley que presentó la diputada socialista Lionela Cattalini que dispone el armado por parte del gobierno provincial de un registro online y de acceso libre donde el consumidor inmobiliario pueda ver de manera actualizada cómo es el estado administrativo del lote que le está, ofreciendo, evitando así caer en las garras de empresarios inescrupulosos o incumplidores seriales. Eso sí, para hacerlo, los funcionarios deben comprometerse y ser responsable de tener la información al día, que -además- premiaría con a difusión a quiénes sí hacen bien las cosas.

Quien sí recogió el guante y salió a hacerse cargo de la situación fue Grandinetti, secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios. “Esa factibilidad la podría otorgar el corredor, cuya obligación es, precisamente, chequear antes de salir a ofrecer si los vendedores cumplen con los requisitos. Asumamos nuestro rol como profesionales. El que acude a nosotros está depositando confianza de que vamos a hacer bien nuestra tarea y por eso es nuestra obligación tener respaldo documental sobre la situación jurídica del desarrollo. Y si no la tiene, avisarle de manera clara, contundente y documentada, que la compra tiene un riesgo, y que seguramente ese riesgo explica el menor precio”, resaltó. 

Eso es compromiso. 

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• Precisamente, en las afueras del congreso, realizado en Puerto Norte, se movilizaron de manera conjunta clientes afectados por los incumplimientos de Pilay y Roma. 
   

La exposición del conflicto sigue mostrando que, por la cantidad de afectados, el problema rebalsa el mote de un mero conflicto entre privados, como se avienta desde oficinas gubernamentales a los que este tipo de casos molesta porque no saben cómo manejarlos.

Los manifestantes fueron recibidos por autoridades del Colegio, quienes le transmitieron el compromiso de seguir avanzando con las investigaciones en el Tribunal de Ética sobre los matriculados denunciados por vender lotes del Grupo Roma sin avisar que no tenían todas las autorizaciones correspondientes para poder hacer posesión y construir.

Sobre Pilay, contaron los ahorristas, que la empresa sigue con la misma estrategia de buscar acuerdos particulares prometiendo para el largo plazo inmuebles en las afueras de la ciudad en lugar de los departamentos céntricos que ya deberían haber entregado, quita de capital incluida. 

Ambos grupos volverán a verse este lunes a las 17.30 en una reunión organizada por el Ceysac para seguir debatiendo, junto con abogados, alternativas y analizando las últimas resoluciones judiciales. Al encuentro fueron invitados legisladores provinciales. 

A todo esto, sobre el Grupo Roma empezaron a circular versiones inquietantes. Clientes de los barrios Comunidad Evolutiva y Campo Madero, de los más avanzados y en los que se veía cierta actividad en obras, registraron en los últimos días que personal de la empresa retiró equipos (como partes de una planta potabilizadora y generadores de electricidad) al mismo tiempo en que se dice que Pablo Cofano decidió retirarse y no hacerse más cargo de los loteos, que se los va a entregar a la Justicia.

Y mientras los clientes debate sobre si es verdad que se retira o solo una amenaza para que aflojen los reclamos, gente de su entorno está diciendo por estas horas que su salud está muy afectada.
 

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• Y hablando de cuestiones médicas, hay novedades muy delicadas sobre la salud, gravemente deteriorada, del empresario y ex presidente de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, condenado por narcotraficante en la causa conocida como “Cuevas Blancas”.
   

El empresario rosarino, de 70 años, arrastra múltiples enfermedades crónicas que están deteriorando de manera progresiva su salud que se venía agravando por las deficiencias en la atención médica en el complejo penitenciario federal II de Marcos Paz. Pero, según advierte su abogado defensor Renzo Biga, la situación se complicó aún más por el agravamiento de las condiciones de detención al ser traslado al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

En efecto, luego de que, pese a las advertencias médicas incorporadas al expediente, el Tribunal Oral Federal N.º 3 de Rosario rechazó en julio pasado pedido de prisión domiciliaria, Shanhan fue trasladado el pasado 13 de octubre al nuevo presidio destinado a recibir internos de Villa Devoto y de otras unidades penitenciarias federales.

Su defensa denunció que el procedimiento se realizó sin contemplar adecuadamente la particular vulnerabilidad del detenido, su edad, sus enfermedades crónicas ni las graves limitaciones físicas que presentaba. El procedimiento de traslado terminó exponiéndolo, según la denuncia, a nuevas condiciones de sufrimiento físico.

Al llegar al nuevo establecimiento, manifestó haber sido alojado en condiciones materiales que agravaron sus padecimientos físicos, en un sector colectivo que describió como aún afectado por las condiciones propias de una obra reciente.

Sin embargo, la preocupación más grave no estaba vinculada exclusivamente con las características edilicias del lugar. Shanahan denunció que, a partir del traslado, se había interrumpido la atención sanitaria que recibía, que no tenía acceso a su medicación habitual y que el nuevo sector de alojamiento carecía de un servicio médico operativo y accesible para atender sus necesidades.

Es más, durante casi cuarenta y ocho horas, su familia y sus abogados tuvieron dificultades para establecer con certeza dónde estaba alojado y conocer su situación. 

Frente a estos acontecimientos, su defensa denunció un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y promovieron una acción de hábeas corpus correctivo, reclamando una intervención judicial urgente que permitiera comprobar su estado de salud y garantizar la continuidad de los tratamientos.
 

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• Vamos a cerrar cambiando la onda y mejores vibras. Pero no significa que los desafíos estén superados. Aún en sectores en los que está instalado la pujanza que tiene la ciudad y la región, como es el caso de las tecnológicas. 

Esta semana se realizó “la Rosario Tech Week”, un encuentro en el que hubo más de 35 eventos en distintos puntos de la ciudad (desde la Bolsa de Comercio hasta bares, coworkings y cooperativas tecnológicas) para que quienes innovan desde empresas, startups, universidades y organizaciones locales se conozcan, compartan experiencias y generen oportunidades de trabajo conjunto. 

Además de convertirse en un gran espacio de networking, el objetivo principal de la movida fue darle visibilidad al pujante tejido que se armó en la región, que combina nuevos emprendimientos con empresas ya consolidadas. 

Y el lema elegido fue interesante (“Del gran Rosario agroexportador al Hub de Innovación de la biotecnología”), precisamente porque pone en agenda de que, pese a lo avanzado, aún hay mucho por hacer y que no hay que confundirse porque todavía hay cosas que no se están haciendo bien o por lo menos no están encaminadas.

Y la presentación realizada por Damián Silva, uno de los organizadores, le pone números a ese concepto. Resulta que en el ranking global que hizo StartupBlink sobre ecosistema de startups de base tecnológica, se puede ver que Rosario aumentó el 3.9% en la edición 2026 frente a la del 2025. 

En una economía adonde el signo negativo antecede todas las cifras, es realmente buen dato. Pero una mirada más focalizada muestra que, al compararse con otras ciudades, Rosario cayó 34 puestos al lugar 629 en el ránking global, detrás de as también argentinas Buenos Aires y Córdoba. “Crecimos, pero otras ciudades crecen más rápido”, concluyó Silva. 

El viento a favor está: las que más crecen en el sector a nivel internacional son las ciudades intermedias, pero hay factores que explican que Rosario caiga en el conteo.

Según el relevamiento presentado por Silva, en las ciudades en que crece más el ecosistema de startups tech aparecen siempre cuatro favores: la existencia de organizadores institucionales (privados, públicos o mixtos) que lideren el desarrollo, la presencia de capital local apuntalando emprendimientos, la existencia puntos de encuentro, y la creación de una narrativa colectiva que permita expandir un mensaje para que el sector tenga visibilidad en la atracción de inversiones.

“En Rosario no empezamos de cero. Pero caemos porque nos mostramos de manera individual. El nuestro no es un problema de falta de piezas, sino de ensamble. Falta, por ejemplo, que haya todavía más conexiones entre el capital regional y los emprendedores regional. No es que no lo hay. Sino que hay que agrandar la mesa, hay que institucionalizar mejor la articulación, medirnos mejor para saber a ciencias ciertas qué falta y qué sobra de nuestra oferta y, sobre todo, mostrarnos como una sola voz”, concluyó.

A trabajar, entonces.