- Todo indica que el empresario Juan Carlos Fertonani se estaría por quedar con la franquicia para poder jugar el año que viene el “Súper Rugby América” que la Unión Argentina de Rugby se apresta a otorgarle a Rosario (y La Región Litoral). Un torneo continental que, en paralelo al impulso que le dará al rugby local, activaría nuevos negocios deportivos en la región que la liga amateur no impulsa.
Formalmente, hay dos postulantes al negocio. Uno es Santa Fe Producciones, que con su CEO Fertonani a la cabeza, tiene reconocida experiencia en organización de eventos deportivos de magnitud. El otro interesado es Wilfredo Scarpello, abogado de profesión, vinculado al Jockey Club, y parte del grupo que gestionó Dallas Jackals en las temporadas 2023 y 2024.
Durante semanas ambos estuvieron recorriendo el espinel empresario de la región intentando convencerlos de que inviertan en el emprendimiento. Y es que la UAR para definir a quién se lo otorgará, realizará una suerte de compulsa privada para ver quién presenta el mejor canon.
No obstante, fuentes bien informadas del proceso, indican que el martillo ya se bajó en favor de Fertonani, comunicación que sería oficializada pronto.
El tema despertó la atención en el mundo del rugby, si hasta el hasta el crack Juan Imhoff, tryman histórico de Los Pumas en mundiales, se mostró interesado en sumarse.
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- ¿Qué pasó con la idea del gobierno provincial de construir un tren que cruce Rosario de norte a sur en su mayoría por el tramo costero, la gran y emblemática obra que la gestión de Maximiliano Pullaro quiere dejar como sello en Rosario?
Por un lado, avanzan los estudios (siendo algunos números de costos mayores a los previstos por el recorrido pretendido). No obstante, la Municipalidad (que participa de la mesa técnica) sigue prefiriendo que la inversión se enfoque en desarrollar un tranvía que haga el recorrido de la vieja M (o 103) porque está convencida de que aportaría una mejor solución a la movilidad urbana.
Si bien la inversión sería importante (hay que armar todo el tendido), a la Provincia le cuesta darle a esa idea el estatus de obra emblemática. Eso sí, hay un consenso: la obra emblemática vendrá por el lado de la movilidad urbana.
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- Una cortita de negocios. ¿Se acuerdan del anuncio de la compra de los frigoríficos de Mattievich por el grupo Lequio? Vendría difícil el due dilligence.
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- Vuelta de página: asoma un proyecto para levantar un complejo inmobiliario en el inmueble que Pesado Castro tiene en Salta al 1351.
La titularidad del proyecto inmobiliario es Salvador Lattuca, quien a través de la sociedad anónima Edig compuesta por distintos inversores de importancia, le compró la propiedad a Riviera SA, cuyo director es Jorge Pesado Castro, en la cifra de u$s1.3M para ponerlo luego en un fideicomiso bautizado “Attica Riviera”.
Se trata de un lote de 29,44 metros de frente x 61,47 metros de fondo, y los propietarios acordaron con la Municipalidad poder levantar allí un edificio de 13 pisos.
Como el convenio fue abrochado antes del cambio de normativa (igual falta el ok del Concejo) habrá que ver si ahora, como tiene grandes dimensiones (casi 2.000 m2), puede quedar habilitado para construir aún más alto y sin pasar por el Concejo.
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- Igual, es fundamental aclarar que hoy las desarrolladoras inmobiliarias están activas en la búsqueda de lotes y en la aprobación de la autorizaciones para sus complejos.
Pero lo que hace a la actividad de construir, todo viene en frasco chico. Algunas esperan para arrancar, otras lo hacen muy lento, y por eso no hay que confundir cierta mejora en el otorgamiento de permisos con una mejora en la actividad propiamente dicha. ¿Por qué? Hay pocas ventas y los costos se comen los precios.
Por ejemplo, esta semana se conoció que el juzgado civil y comercial número 5 activó el concurso de acreedores de la empresa Factia Construcciones, afectada por el grave parate de la actividad privada de la construcción que le bajó 60% su facturación.
Con la convocatoria, la empresa intenta regularizar su pasivo, que básicamente es con bancos y el fisco, ya que es acotada la deuda con proveedores y empleados.
Todo un signo de los tiempos.
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- En materia de construcción y negocios inmobiliarios, en la ciudad la novedad estuvo en la aprobación del Concejo al proyecto de la Municipalidad de habilitar la construcción de torres de hasta 120 metros en parcelas de mil a cinco mil metros cuadrados.
Se trata de un cambio clave para el código urbano sancionado durante el gobierno de Miguel Lifschtiz, que puso topes y restricciones a la construcción en altura en el macro centro, y por eso los ediles socialistas se abstuvieron o votaron en contra.
“Quien quiera ver el efecto de la normativa actual que camine por la calle Brown. Son todos edificios de mediana altura sin espacios entre medianeras generando una muralla que provocó que no pase el aire, que haya solo sombra y que solo tengan vista al río los frentistas a Wheelwright. Por el contrario, el ejemplo de las dos torres Costavía, de Rivadavia al 2500, con amplios espacios entre medianeras, muestra el efecto positivo que tiene para el entorno”, repite el intendente Pablo Javkin ante quien quiera oírlo.
En concreto, se introdujo la figura de las torres de perímetro libre, es decir, edificaciones retiradas de todos los deslindes parcelarios y con indicadores urbanísticos específicos.
Desde la Intendencia se enfocaron en resaltar que no aumenta la edificabilidad, ya que los m2 que se pierden por no construir entre medianeras y sobre la vereda, se ganan en altura.
En concreto, se fija un retiro mínimo de 6 metros respecto a los deslindes parcelarios y de 5 metros en relación con la línea de edificación municipal.
Es más, solo en algunos casos aumentaría un poco la cantidad de metros cuadrados a construirse, por lo que no tensiona -asegura el gobierno- la cuestión de la provisión de servicios públicos, que es el punto crítico de la infraestructura de toda la provincia.
En materia ambiental, se exige una cobertura vegetal mínima del 30% de la superficie total de la parcela (cubiertas verdes en azoteas o planta baja o a través de vegetación en suelo natural, exclusivamente en planta baja).
Y como una imagen vale más que mil palabras, va este gráfico a continuación compara ambos esquemas.
Otro punto es que la ordenanza también prevé un mecanismo de compensación económica del 10% sobre el precio base por metro cuadrado. Ante la crítica de que, con la normativa actual la compensación era de un 15%, hay que aclarar que ese porcentaje se calculaba en base al diferencial entre la altura normada y la extra que se le permitía al proyecto. Y como ahora la altura extra será mayor y se amplía así la base sobre la que se calcula el diferencial, para compensar se bajó del 15 al 10 del valor del m2.
Solo media docena de parcelas estaría habilitadas hoy para hacer torres de 120 metros en el microcentro. Esta tipología podrá implementarse en el área central -delimitada por boulevar Oroño, avenida Pellegrini y el río Paraná-, en zonas definidas como “área de tejido 1” o primer anillo perimetral al área central (que sería el macro centro), en corredores urbanos (grandes avenidas) en el denominado "Frente de Renovación Urbana Rondeau", quedando excluidos barrios como Fisherton y La Florida, entre otras zonas.
Más allá de las cuestiones técnicas del cambio, quedan expuestos debates interesantes sobre el desarrollo urbano de la ciudad, que ahora pasamos a contar.
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- Por ejemplo, un interrogante a develar será el impacto que tendrá el cambio en la valuación de los terrenos. Y, sobre todo, si la nueva normativa, que avanza en la densificación en zonas con servicios públicos, tiene impacto alguno en el precio final de los departamentos a construir.
El debate excede, claramente, la normativa (porque involucra la cuestión de los créditos hipotecarios, el poder adquisitivo de los salarios y los costos de construcción), pero la pregunta es válida: ¿Para quién se construye? Y el sentido de la respuesta lo podrá puede el tipo de torres que se activen y los precios del m2 que se oferten.
También otro debate interesante es si la nueva construcción tiene impacto en el reparto del negocio entre los desarrolladores. Por definición, un edificio de PB+8 en la zona central es un proyecto alcanzable para los medianos desarrolladores cuando las grandes torres suponen jugadores de mayor espalda económica.
Por el contrario, la nueva normativa le permite a cualquier desarrollador iniciar automáticamente un proyecto en altura (dentro de la normativa, obvio) sin tener que pasar por el tedioso trámite de negociar exenciones a la normativa con la Municipalidad y el Concejo, y en ese caso quienes lo podían hacer eran los grandes desarrolladores (con equipos y más tiempo para afrontar las resoluciones) y no los pequeños empresarios, por lo cual está medida, por este lado, beneficia a los más chicos.
Con el tiempo se conocerán estas respuestas. Por lo pronto, Javkin asegura que esta normativa es más transparente (al eliminar el paso por el Concejo y la Municipalidad) y asegura que está pensada para impulsar la construcción en los grandes predios de cocheras que hay en el centro, generando así más densidad de vivienda (en zonas con servicios) con todo lo que eso genera para la vitalización del centro rosarino .
“Sobre San Lorenzo y San Martín se pueden levantar edificios, que por la bajada Sargento Cabral, desde el tercer piso ya tendrían vista franca al río”, se entusiasma el jefe comunal.
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- Mientras en Rosario se debaten obras, y la caja de la Municipalidad ya tiene los fondos asegurados para cumplir con sus compromisos de gastos hasta fin de año, hay otras localidades de la provincia que están pagando ahora sueldos con adelantos bancarios, lo que no solo muestra la urgencia, sino que también es un pésimo negocio porque las tasas de interés que les cobran se dispararon.
Algunos jefes comunales ya fueron a tocar las puertas del Ministerio de Economía de Santa Fe, pero allí los recibieron con un regaño. Y es que, sostienen en el equipo económico, hubo gobiernos locales que se fueron al mazo muy rápido en las discusiones paritarias con la federación de sindicatos municipales, convalidando fuertes subas (siendo el personal el principal gasto que tienen), y ahora van a pedir la escupidera a las arcas provinciales para que les compense el ajuste que ellos no hicieron.
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- Hablando de la Provincia, muy buena impresión del gobernador Maximiliano Pullaro se llevó el presidente del holding chileno Ultramar, Richard Von Appel, de la reunión que ambos mantuvieron esta semana. Así lo dejó trascender el dueño de la accionista principal de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de su visita a la ciudad.
Siendo uno de los empresarios más importantes del país trasandino y acostumbrado a tener contactos en las más altas esferas, la consideración adquiere relevancia.
Es más, Von Appel también consideró que el mandatario profesional tiene un perfil de líder político bien marcado, una frase que no pasa desapercibida en el actual contexto de inestabilidad política que atraviesa el país.
Claro está, Pullaro tocó música para los oídos del empresario al poner en el centro de su política de desarrollo productivo a los puertos, la hidrovía y la logística. Por su parte, el chileno dejó un mensaje que también fue música para los oídos de los funcionarios: comprometió inversiones por u$s30M para los muelles sin pedir a cambio la extensión contractual, como venía ocurriendo.
Parece que se dio una vuelta de página en una relación que no empezó con el pie derecho y en el encuentro hubo muy buena sintonía entre las partes, incluso cuando se tocaron puntos rispidos como la presencia de Vicentin como accionista minoritario de TPR y el enfrentamiento con la Municipalidad por el pago de tasas.
Además de la reuniones con empleados y ejecutivos de TPR, la visita del empresario chileno tuvo una escala importante en la Bolsa de Comercio de Rosario, siendo recibido por su presidente Miguel Simioni, reunión en la que se charló del potencial del complejo portuario local como centro logítsico de la floreciente industria minera argentina.
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- Hablando de puertos, en la Convención Constituyente se definió que en la Constitución se reconozca y consagre el valor estratégico de los puertos provinciales.
“Santa Fe mira al río y al futuro: somos la provincia más importante del país, porque desde aquí conectamos a la Argentina con el mundo. El 80% de las exportaciones nacionales salen desde nuestros puertos”, dijo el convencional Cristian Cunha, uno de los principales impulsores del reconocimiento constitucional.
Las entidades empresarias saludaron la iniciativa. Pero no les pasó desapercibido un tema. En la búsqueda de que las terminales graneleras también sean declaradas “esenciales”, lo que le cerraría legalmente el paso a muchas medidas sindicales, se encontraron con que los constituyentes de la Libertad Avanza, a quienes contaban de su lado, prefieren siempre emitir dictámenes de minoría en contra de todo y no involucrase en la negociación del articulado reduciendo así la cantidad de votos que podían tener en las comisiones.
Como pasó con los puertos, la postura contraria a la constituyente dejó a electorado que votó a libertaros con menor poder de fuego en la redacción del texto constitucional. Al menos así lo sienten en las aceiteras, la exportación de granos y en las terminales portuarias privadas.
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- Siguiendo con la constituyente, el convencional libertario, Nicolás Mayoraz, sigue insistiendo con que nueva Constitución provincial otorgará total libertad a municipios y comunas para cobrar tasas sin la debida contraprestación de un servicio, una advertencia que le poen los pelos de punta al empresariado.
Durante una “Jornada de Seguimiento de la Convención Constituyente”, organizada este jueves 4 de septiembre por la Sociedad Rural de Santa Fe y la Asociación Civil Río Paraná, Mayoraz, planteó que la nueva Carta Magna definiría un “mapa tributario” alarmante, producto de la libertad para fijar tasas, las autonomías municipales y la negativa a establecer constitucionalmente un piso de coparticipación para los gobiernos locales.
El legislador libertario explicó que tanto en el artículo que define la potestad tributaria de la provincia como en el de las autonomías municipales se eliminó la exigencia que planteaba el ruralismo de establecer constitucionalmente la obligación de la debida contraprestación de un servicio para poder cobrar una tasa.
“En ninguno de los dos casos se animaron a definir algo que creo que los afecta a ustedes directamente como productores agropecuarios, y que tiene que ver con las famosas tasas. No quisieron poner en la Constitución la efectiva prestación del servicio como condición o como requisito”, planteó el constituyente.
Según contó, en el primer texto se había incluido esa exigencia. Pero luego los reformadores cambiaron “contraprestación” por “organización” del servicio. “Es decir, a la comuna o municipio le basta con demostrar que tiene la organización del servicio para poder cobrar la tasa. Después, si te lo da o no, es un problema que deja de ser tributario y pasa a ser administrativo, en caso de que reclames la prestación del servicio. Sin embargo, en una tercera versión también se quitó esta opción. Ahora directamente lo eliminaron; entonces esto es muy peligroso porque ya está mostrando la predisposición que tienen”, alertó.
Por el contrario, ante la consulta que se le hizo en Radiópolis (por Radio 2) al titular de convención, Felipe Michling, el constituyente rechazó de plano esa lectura. Y aprovechó para cargar contra los libertarios señalando que “cualquier empresario sabe que el grueso del costo tributario es el nacional, y ese no lo tocaron en la Casa Rosada, mientras que la incidencia de los impuestos provinciales, y sobre todo las tasas municipales, es radicalmente menor, pero de eso sí hablan todo el día".
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- Sobre este tema de las autonomías y los recursos, más allá de la discusión constitucional el tema estructural que asoma es la necesidad de sancionar una ley de coparticipación que establezca los criterios de reparto entre Provincia y Municipio.
Se trata de una batalla de primera importancia, muy decisiva. Y para Rosario deberá incluir una solución definitiva a su principal gasto: la salud.
Es que hasta ahora el fondeo provincial al servicio municipal se debate anualmente en convenios que se mueven al ritmo de los colores (y diferencias) políticas entre la Provincia y Rosario, cuando lo que se necesita es la maduración de una ley que deje todo asentado sin depender de los vaivenes políticos.
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- En materia judicial, el centro de la atención estuvo puesto en la discusión constitucional, pero también hubo novedades importantes en la administración diaria. Puntualmente, sobre un tema al que siempre volvemos en esta columna: el fuero laboral, al que en la Casa Gris ven como parte del problema a la hora de enfrentar la creciente “industria del juicio” por accidente o enfermedad laboral que carcome las finanzas de las empresas.
Resulta que el gobierno provincial definió que entre todos los concursados que aprobaron, enviará a la Legislatura los pliegos para cubrir cargos en la Cámara de Apelación Laboral de Rosario a María Victoria Acosta, Mariana García y Pablo Gueiler.
Afuera, y mascullando mucha bronca, quedaron dos candidatos que jugaron fuerte. Una que se movió mucho juntando avales políticos (Paula Calase) y otro que resaltaba a quien quería escucharlos que tenía los mejores pergaminos para el cargo (Fabián Vega).
No hay que indagar mucho en las razones. En el gobierno priorizaron para camaristas a aquellos que, entienden, no se pasaron de rosca con las tasas de interés aplicadas en sus fallos contra empresas (como Calase) y que no hayan aceptado recursos de amparo ante la reforma previsional (como Vega). Es más, bajaron más de un postulante por esa razón, averiguó Rosario3.
La idea oficial es que los pliegos se empiecen a tratar en 15 días, pero algunos funcionarios ya están pensando en el destino de los tres nuevos camaristas. A la jueza Acosta, que es a la que menos confianza les genera por sus lazos con el peronismo, buscarán sumarla a la sala que ya está conformada (y por ende algo contenida) y enviar a García y Gueiler a la sala que en la actualidad no tiene miembros (y podría empezar su propia jurisprudencia).
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- A los jueces laboralistas de Rosario (primera y, sobre todo, de Cámara) les disgusta que en el gobierno los sindiquen como parte de los causantes de la creciente litigiosidad laboral al sostener que, ante el mismo nivel de empleos registrados y accidentes denunciados que en Córdoba, la “industria del juicio laboral” sea mucho más fuerte en Santa Fe en la provincia vecina.
Y, en un diálogo mantenido con Rosario3 en el Colegio de Magistrados, presentaron un catálogo de factores para defenderse de ese mote en lo que hace a juicios por accidentes y enfermedades.
Repasemos los principales apuntes de la charla con los jueces:
En primer lugar sostienen que la diversidad de tasas de interés que aplican en sus fallos se explican por dos factores. Uno es la falta de precisión de la normativa vigente para las causas más antiguas, a diferencia de las que rigen tras la última reforma.
Y la otra es la alta inflación que sufre el país desde 2021 (que se aceleró en 2023 llegando al 200%, que en 2024 fue del 100% anual y que este 2025 seguirá alta en torno al 30%) genera tal distorsión que obliga a buscar, dentro de la normativa, la tasa más alta que reduzca el impacto de licuación del monto a abonar por la empresa.
Y con papeles en la mano, muestran que aún la tasa más alta aplicada queda muy por debajo del acumulado inflacionario. Según esa lectura, con una inflación normal como en el resto de América latina (en torno al 8% anual) la polémica por la las tasas aplicadas se desactivaría. Pero hay más.
Los jueces apuntan que las comisiones médicas de Santa Fe tienen una extrema “vocación por el bochazo” (otorgarle un 0 a la afectación que denuncia el trabajador) que empuja al demandante a optar por la vía judicial, a diferencia de la cordobesa que al admitir un nivel de incidencia lleva a que muchas veces no seduzca transitar el largo camino del reclamo judicial.
También cuentan que constantemente detectan muchos errores de forma en las gestiones de los abogados de las ART que los lleva a perder pleitos. Y la pregunta asoma: ¿No tienen gente preparada o les cuesta menos perder que extender los litigios ya que las aseguradoras lo que hacen es trasladar el costo a una mayor alícuota a cobrar a la empresa afectada?
Este punto no es menor. Muchos industriales -en su momento quien puso mucho el grito en el cielo fue Miguel Conde cuando era presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM)- cargaban duro contra la ART porque al tiempo que cobraban alícuotas muy por encima que en otras provincias muchas veces ni avisaban a su clientes que estaban acumulando juicios en contra.
Otra. Los jueces laboristas se sienten en el grupo de los afectados por la alta litigiosidad laboral señalando la cantidad de casos que deben resolver anualmente, a razón de 20 mil en primera instancia y unos 3.000 en segunda instancia. Es más, señalan que si se trata de comparar con Córdoba, para la misma cantidad de casos hay 10 jueces laborales en Rosario contra 30 que hay en la docta.
Y en Cámara, hasta ahora estuvieron haciendo frente a la avalancha de casos con solo 4 jueces operativos. Y si bien la provincia se dispone a sumar 3, sigue el déficit porque todavía restaría sumar dos jueces para lograr los 9 que completarían las salas.
Tampoco les pasa desapercibido a los jueces laboralistas que el gobierno haya avanzado con reformas estructurales en los fueros penales y civil y comercial, pero nada haya cambiado en lo laboral. "¿Hay tanta voluntad, como dicen, de combatir la alta litgiosidad?", se preguntan.
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- Ahora bien, hay un tema en el que, se podrá decir, sí coinciden entre jueces laboralistas de Rosario y gobierno provincial: una parte central del problema es que los honorarios de los peritos están vinculados a la cuantía económica del pleito, todo un incentivo perverso que puede afectar la objetividad del médico.
La Corte Suprema se dispone a sumar tres nuevos peritos que tendrían honorarios fijos. Pero además de que no hay claridad sobre en qué casos y distritos actuarían, es una gota en el desierto lo que podrían sumar ante la alta litigiosidad laboral, ya que todos los peritos actuales siguen cobrando bajo el sistema actual.
Es por eso que Unidos impulsará en la Legislatura (apenas se reactive tras la convención constituyente) el proyecto de ley sobre honorarios de peritos que impulsa el diputado Martín Rosua para cambiar el régimen a todos los peritos en actividad que consta en que la retribución no esté condicionada al monto del litigio y lo vincula a criterios objetivos: calidad, extensión y diligencia.
Si prospera los criterios para fijar honorarios una vez presentado el dictamen, se dispone que los honorarios se fijarán entre 5 y 10 JUS, según extensión del trabajo, relevancia del informe para la causa y celeridad y responsabilidad en el cumplimiento del cargo; eliminado toda relación entre el valor económico del caso y la compensación del perito.
El proyecto ya está presentado y debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que podría avanzar rápido.
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- Y vaya que urge terminar con la alta litigiosidad laboral. El caso de Acindar así lo deja expuesto cuando el costo de la ART pone en jaque a una contratista
La situación de la siderúrgica de Villa Constitución es delicada por varias razones. La caída de la demanda de acero por el bajó económico, está en el corazón de todo. Pero hay más:
1) Su competencia dice que no bajó tanto los precios y que por eso perdió ventas.
2) En el Ministerio de Trabajo de la Provincia creen que la planta estaba sobredimensionda acorde al momento de gran expansión de las ventas fáciles y el constante aumento de precios por la inflación, a diferencia de otras empresas del sector que no se pasaron de rosca con el empleo y las contrataciones.
3) A los capitales multinacionales que la poseen (que son indios), la planta en el país le significa pocos negocios frente al caudal de problemas que les genera, y por eso hay decisiones críticas que se toman lejos con otra lectura.
Pero la situación se tensó en la planta de Acindar en Villa Constitución cuando la UOM denunció que una contratista, llamada Gisi, retiró equipos y recursos del complejo fabril durante el fin de semana.
Además de la incertidumbre de los empleados de la contratista, llamada por el futuro de sus puestos, los trabajadores de la siderúrgica empleados temieron que avance un vaciamiento, ya que la planta trabajó todo el 2024 a la mitad de su capacidad y rige un esquema de suspensiones acordado con el gremio por la caída de ventas debido a la menor demanda.
Desde Acindar señalaron que ellos pagaron todos los cánones en tiempo y forma, por lo que el retiro no es un tema de falta de pagos sino por la imposibilidad de la firma de cumplir con sus compromisos.
¿Y por qué no pudo? Según pudo averiguar Rosario3 de fuentes de Tribunales, Gisi afronta un caudal inmenso de juicios laborales que tornó inviable su operación por el costo financiero a afrontar. Todos esos juicios laborales elevaron el costo de la ART a valores por arriba del 20%, muy por encima de la alícuota promedio que se paga en Santa Fe que es del 6%.
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- Otro tema. Vamos a dar una vuelta por “los sospechosos de siempre” que tiene este Run Run porque hubo novedades. Y es que esta semana se complicó la situación judicial con sendas prisiones preventivas al agente de Bolsa Daniel Casanovas y al bróker de inversiones inmobiliarias Alejandro Lux, imputados de múltiples estafas.
Sobre Casanovas, se podría decir que lo más importante fue que el fiscal Miguel Moreno le sumó 25 nuevas imputaciones, siendo lo más importante las que aparecieron sobre administración fraudulenta porque se detectó que el agente de Bolsa habría vendido sin autorización de su comitente los títulos públicos que tenía en sus cuentas y además quedándose con saldos líquidos, dos cosas totalmente prohibidas por ley y de una gravedad extrema para la confianza de los ahorristas en el mercado de capitales.
¿De cuánta plata es el perjuicio? Según Fiscalía, de unos 16 millones de dólares.
La defensa, a cargo del abogado Emanuel Díaz, calificó de “puro humo” la exposición de Fiscalía, y señaló que “todo fue una puesta en escena de los querellantes, una escena de vodevil montada para encarcelar a Casanovas y que así les pague a un puñado de clientes codiciosos”.
Según sostuvo, hay varias denunciantes a los que ya se le pagó o que se sumaron a las convocatorias de acreedores de sus empresas (Cerelales de Sur y Rosario E Trade) y calificó de “hipócritas y cínicos” a los clientes que lo denunciaron. “Quieren cobrar en dólares y con un interés anual del 8% sus acreencias en pesos, procurando con sus denuncias un pingue negocio, sin importarles el proceso concursal en marcha”, exclamó.
Es más, Díaz dijo que "algunos acreedores hacen la denuncia penal y no asoman sus narices al concurso a verificar porque no pueden justificar sus inversiones, ya que los síndicos tienen que avisar a la UIF por operaciones sospechosas".
Precisamente, para las querellas lo más importante fueron las 41 imputaciones por colusión (compra por izquierda de votos de adhesión a las convocatorias de acreedores de sus empresas) que realizó el fiscal Moreno porque exponen un argumento fuerte contra la posturas de las defensas de los financistas de que las investigaciones penales son un ataque al fuero civil y comercial y provocan inseguridad jurídica, tema del que ya hablamos la semana pasada y nos vamos a extender en la próxima.
¿Qué datos podemos agregar ahora?
Que Fiscalía logró el pedido de secuestro de dos propiedades de Casanovas: un avión marca Cessna Modelo 402 A; con 2 motores Continental, modelo TSIO-520-E; y 2 hélices marca Mc Cauley, que compró en enero de 2019, unos pocos meses antes de defaultear, y del Motorhome Mercedes Benz Nuevo Atego 1726 - Blue Tec valuado en unos 260 mil dólares. “Los compró con la nuestra”, repetía un cliente que participó de la audiencia.
Más allá del maltrato del imputado contra la prensa, los fiscales, algunos querellantes y hasta con el juez (que tiró para atrás la pensada defensa de Díaz), hay un tema muy delicado que pasó en la audiencia que vamos a contar en el próximo punto.
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- Resulta que Casanovas primero fue detenido en una comisaría (la séptima) y luego fue traslado a otra (la décima) en la que, según su abogado, se produjeron situaciones muy delicadas (habló de "torturas" para que pague sus deudas) que ameritaron su posterior traslado a la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) de 27 de febrero al 7.800. De movida el tema es delicado y amerita denuncias formales y respuestas oficiales. Pero a lo que vamos ahora es que desde allí tenía que ser trasladado esta semana al Centro de Justicia Penal para la audiencia imputativa en la que el juez Gustavo Pérez de Urrechu debía definir si quedaba detenido en prisión preventiva.
Pero llegada la cita, y con todas las partes ya sentadas, el Servicio Penitenciario no había traído a Casanovas diciendo que participe por zoom (dicho sea de paso, la imagen, el audio y la transmisión es paupérrima, ameritando urgentes inversiones que mejoren la conectividad).
La defensa argumentó que al tratarse de un caso muy complejo debía estar presente en la sala ya que el intercambio reservado y fluido con su cliente era fundamental. Como tanto Fiscalía como los querellantes avalaron el pedido de la defensa, el juez ordenó el traslado.
Pero, más de una hora después, el Servicio Penitenciario respondió que por reglamentaciones que prohíben el traslado de detenidos desde allí no iban a cumplir la orden del juez y le pidió que lo reconsidere. El juez planteó el tema en la sala, y la defensa, la querella y la Fiscalía insistieron con la necesidad de que el detenido esté presente. El magistrado, entonces, volvió a pedir el traslado y el Servicio Penitenciario volvió a desobedecer la orden del juez.
¿Qué hicieron? Lograron trasladarlo a la PSA (en el Aeropuerto) y desde allí, esa agencia, al otro día, lo trasladó al Centro de Justicia Penal. El comentario en los pasillos de ese tribunal fue la “independencia” con la que se está manejando el Servicio Penitenciario que hasta desobedece órdenes judiciales. Es un tema delicado, dicen los expertos en estas cuestiones.
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- Sobre las imputaciones al bróker de negocios inmobiliarios Andrés Lux, a quien dejaron en prisión preventiva al menos por dos años (o hasta que arranque el juicio) por riesgo de fuga, y cuyos detalles podes leer haciendo clic acá, un tema que llamó la atención a los querellantes es que la imposibilidad de la defensa, a cargo de Hugo Páez Alvarez, de estructurar una argumentación con la que dar batalla.
Pero además hay un tema que se puede sacar en limpio de la amplia y precisa exposición que brindó la fiscal María Teresa Granato, sobre todo si se trata de hacer docencia en educación financiera, algo que urge por estas pampas.
En concreto, en las 6 nuevas imputaciones (que provocaron un perjuicio de unos 500 mil dólares) se repitieron conductas que permiten ir armando un perfil del tipo o estilo de financista al que no conviene acercarse, y mucho menos girarle dinero para que lo trabaje. Veamos 4 señales de alerta a tener en cuenta para no caer en las garras:
1) “Para estafar se valió de una imagen de solvencia: estilo de vida ostentoso, exhibición de un alto nivel de compra con vehículos de alta gama, participación de eventos sociales, realización de viajes al exterior y mostrando siempre estar muy contactado en el rubro”, enumeró la fiscal.
2) Prometen negocios de una renta fácil y rápida muy por encima del promedio con negocios poco conocidos. Por ejemplo, Lux prometía altas rentabilidades en plazos breves (20% en dólares a 15 días y luego 3–5% mensual) para hacer negocios inmobiliarios "de compra y venta de alta rotación", sea lo que eso haya querido significar. Cualquier operador inmobiliario sabe que no son plazos y rendimientos reales para el real state.
3) Cuando los clientes le exigían el dinero depositado, Lux "siempre hablaba de trabas en el Registro Catastral, firmas que faltaba para cerrar nuevos negocios, operaciones que se destrababan la semana próxima, cambios de escribano/abogado y aportes de capital que están por ingresar”, señaló Granato. Así que cuando aparecen esas excusas, quiere decir que se viene el default.
4) Y una última recomendación: no girarle más dinero cuando el operador reclama “nuevas ayudas para destrabar” supuestas ventas que permitirían devolver todo lo adeudado. En ese momento, conviene pasar a pérdida lo depositado hasta ese momento, pero nunca hacer un nuevo envío.
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- Este Run Run llega a su fin, y como siempre lo hacemos, vamos a destacar los acontecimientos que exponen que, contra todas las dificultades, los actores productivos siguen tirando para adelante. En este caso, incluso, destacando una vital calidad de la región: la integración de políticas públicas con el sector privado.
El protagonista, como no podía ser de otra forma, fue el Santa Fe Business Forum, que se realizó toda la semana en La Fluvial organizado por el gobierno provincial.
Los números duros de esta segunda edición lo dicen todo: el impacto económico concreto del evento en la semana en que transcurrió fue de casi 3.500 millones de pesos, 215 % respecto a la edición 2024. Por otra parte, se generaron, entre ventas y pedidos entre compradores y vendedores, unos 15 millones de dólares.
El foro internacional organizado por el Gobierno Provincial reunió en Rosario a más de mil empresas, 250 compradores de 45 países y 40 fondos de inversión. Se concretaron 3.120 reuniones de negocios.
“Se dejó una huella concreta en la economía local y en la agenda estratégica de la provincia”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, artífice central de la gran movida. “Los compradores internacionales destacaron la calidad de la gente, la hospitalidad y las oportunidades de negocio que se concretaron y las que vendrán. Todo esto consolida nuestro objetivo de liderar la internacionalización de las empresas santafesinas”, agregó.
Durante cinco jornadas, La Fluvial se convirtió en epicentro de rondas de negocios, paneles sectoriales, capacitaciones, sesiones de networking y recorridos productivos. Se concretaron más de 3.120 reuniones B2B, con operaciones en agroindustria, biotecnología, software, salud, logística, energías renovables y alimentos.
El dinamismo generado por el encuentro tuvo efecto directo en la hotelería. En Rosario, la ocupación en hoteles cinco estrellas alcanzó el 64 % durante la semana del evento. Ese nivel de demanda impactó también en gastronomía, transporte y servicios vinculados al turismo corporativo.
Desde la Secretaría de Turismo de la Provincia se destaca que el turismo de reuniones genera un gasto hasta tres veces mayor al turismo tradicional y que este tipo de foros deja un legado en infraestructura, conocimiento y posicionamiento internacional.
Rosario ya fue confirmada como sede del Congreso Mundial de la Soja en 2027 y prepara candidaturas para nuevas citas en salud, tecnología y agroindustria. “El desafío era recuperar a Rosario como sede confiable y competitiva para recibir congresos de alto nivel. Hoy, gracias a un trabajo coordinado entre provincia y municipio, la ciudad vuelve a ser opción para grandes eventos”, expresó Puccini.
Y pese a que hasta en su propio equipo le insistieron con que este tipo de eventos conviene realizarlos año por medio, el ministro anunció que en 2026 se realizará la tercera edición