El ataque de Estados Unidos junto con Israel a Irán se convirtió en el inesperado tema de conversación informal en los círculos empresarios durante el fin de semana.
El impacto en los precios del petróleo (por el atacado Estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial) augura buenos ingresos extra a las petroleras por exportaciones pero también mete presión al precio de los combustibles en el surtidor, es la primera reflexión.
Por lo pronto, el Brent subió 10% en operaciones extra bursátiles (no porque el mercado espera que falten barriles sino por el riesgo de escasez futura), mientras que la OPEP anunció aumento de producción desde abril.
Pero quienes apuntan por ver a más largo plazo no dejan de analizar el impacto geopolítico negativo de un conflicto que se presume más de largo plazo - con mucho de “guerra santa” y la amenaza de violencia terrorista a lo largo del globo que ella conlleva- que no hace más que sumar tensión a un comercio global ya encarecido y trabado que hace difícil prever trazar escenarios y coberturas económicas.
Dicho esto: arrancamos con el Run Run de los negocios.
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- “Mentira. Una total mentira. Nosotros dejamos de trabajar con ellos en 2024 porque no nos pagaban”, respondió la empresaria Verónica Razzini a la consulta de Rosario3.
¿Y por qué la consulta? Es que el último argumento que presentó el grupo desarrollador inmobiliario Terraz a sus inversores para justificar las demoras en la entrega de los departamentos es que Materiales Razzini, que entró en convocatoria a mediados del año pasado, le había incumplido con las entregas de insumos.
Mientras tanto, la deuda en cheques sin fondos de las empresas del grupo Terraz sigue creciendo y, según la Central de Deudores del Banco Central, ya llega a los $1.458.325.057.
A todo esto, la participación de allegados a los socios del grupo Terraz en la nueva asociación empresaria que se formó en Funes, bautizada “Empresarios por Funes”, provocó que algunos hombres de negocios de la ciudad rechazaran la invitación a sumarse o decidieran dejar de participar.
La demora en entregar departamentos no es una exclusividad de Terraz, vale aclarar. Las ventas de las unidades terminadas no fluyen y se cortó el chorro fuerte de inversores siempre dispuestos a invertir en m2, por lo que aquellos desarrolladores que tenían atada la terminación de una obra a los fondos que le llegaban de la venta de una nueva al pozo están en apuros. No en vano, cada vez hay compradores de departamentos que no les entregan que están llevando sus reclamos a las puertas de los Tribunales.
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- Hablando de cheques devueltos, la Bolsa de Comercio de Chaco fue noticia esta semana por el embargo que le trabó la Justicia.
Ocurre que, a diferencia del resto de las Bolsas, la de Chaco opera como agente. Y uno de sus clientes, un municipio de la provincia, la denunció en la Justicia por invertir sus fondos en negocios de alto riesgo como es la compra de cheques no garantizados, que vinieron todos de vuelta generando un fuerte perjuicio a las arcas locales.
La Bolsa chaqueña emitió un comunicado quejándose porque el monto de fondos reclamados por el Municipio y que quedaron a disposición de la Justicia resultó significativamente superior a los volúmenes efectivamente operados para la comuna.
“Los fondos puestos a disposición del juzgado no pertenecen a los inversores. Se trata exclusivamente de recursos propios de la entidad. La capacidad financiera de la Bolsa no se ve afectada por esta decisión y cada inversor mantiene su dinero debidamente resguardado y plenamente disponible”, aclaró la entidad.
En la Bolsa de Chaco insisten con que quedaron injustamente involucrados en “una disputa política que le es completamente ajena, ya que no interviene en política”, y advierten “sobre la existencia de una campaña sistemática de ataques impulsada por determinados actores y empresas que buscan desprestigiarla para obtener ventajas e incrementar su participación en el mercado local, donde la Bolsa mantiene una presencia significativa”.
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- Ahora, sí de entidades convulsionadas, estalló una crisis de magnitud en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Bigand.
¿Qué pasó? Hubo cambio de mando y con la llegada de las nuevas autoridades se empezaron a revisarlos papeles y saltaron polémicos gastos de la anterior gestión (que estuvo más de 30 años) que habrían dejado a las cuentas de la entidad muy apremiadas. Es más, se habla de una deuda de mil millones.
Por lo pronto, el nuevo consejo encargó una auditoría para poder precisar cómo están parados y según sus resultados se verán los pasos a seguir, que pueden incluir denuncias judiciales. Algunos datos preliminares del informe de la auditoría, a los que accedió Rosario3, son delicados:
En el último año, la cooperativa pagó en conceptos de seguros más de 240 millones de pesos por encima de los que les correspondía; esto es un sobre costo de 20 millones al mes.
Si bien la documentación salía correcta desde la cooperativa, se maneja la hipótesis que se alteraba en las oficinas del productor de seguros, José Luis Guardatti, hermano de Claudia Guardatti, mano derecha del anterior presidente Joaquín Roquero durante el período en el que se detectaron los sobre-costos.
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- Por el contrario, lo que se está calmando es la situación en la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez, que acumula una millonaria deuda con la EPE y que estuvo a punto de que le corten el abastecimiento mayorista.
Uno de los puntos cruciales era el alto impago por hurto de energía. Para la cooperativa se trataba de una cuestión estrictamente social circunscrita a los barrios carenciados ya que allí no hay tarifa social, pero para la EPE el no pago también tenía mucho que ver con la falta de controles y la ineficiencia de la cooperativa.
Finalmente, y no sin seguir mirándose con desconfianza, llegaron a un acuerdo de trabajar juntos. Y la novedad es que hubo avances: más de 2.000 personas ya regularizaron la colocación del medidor en la cooperativa.
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- Se suele decir que el AFA Gate parece muy alejado de Rosario, pero no tanto. Esta semana le cerraron la cuenta en uno de los bancos grandes a un empresario de la construcción local tras recibir transferencias de varios millones de pesos provenientes de Sur Finanzas, la financiera atribuida al Chiqui Tapia y su entorno, que, ante la consulta del banco, no pudo explicar cabalmente.
Recordemos que el martes pasado la Justicia federal realizó 30 allanamientos simultáneos por maniobras de lavado en torno a la causa de Sur Finanzas apuntadas a determinar si hubo maniobras cambiarias en tiempos de alta brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, sobre el final del gobierno nacional anterior.
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- Y hablando de bancos, esta semana las nuevas autoridades de la Arca (ex Afip) Regional Rosario se fueron a presentar a la Bolsa de Comercio de Rosario. Tal como contamos hace 15 días en esta columna, hubo un recambio en la titularidad de la conducción del ente recaudador, que ahora quedó en manos de Marcela Romero, enviada desde Buenos Aires.
La reunión, que fue más bien protocolar y en las que las partes aprovecharon para mostrar sus agendas de trabajo, marca un interesante contacto entre las dos entidades que no se venía registrando en los últimos tiempos y genera los lazos institucionales y de intercambio de información para poder avanzar en un tema crucial para la zona: la fiscalización de las operaciones granarias.
En la reunión reservada, un tema en que tanto Arca como la Bolsa compartieron inquietudes sin tener respuestas fue sobre el papel de los bancos en la aplicación de la “inocencia fiscal”. Es que hay incertidumbre sobre lo que van a hacer los bancos ante la presentación de un cliente que deposite dinero no declarado ya que todavía rigen en las entidades bancarias funciones de oficial de cumplimiento informativo ante la UIF, tarea que no les fue sustituida, y por lo que debería también indagar sobre el origen de los fondos, y dar aviso ante cualquier presunto dato sospechoso. Lo mismo en las Alycs.
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- La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) celebró esta semana sus noventa años con una impresionante gala en el Teatro Colón. Asistieron constructores de todo el país y en los palcos se vieron a los principales hombres y mujeres de negocios.
Pero los ánimos en el sector no eran de los mejores. No solo por la delicada coyuntura, sino porque en la reunión previa de sus principales dirigentes nacionales se informó que el gobierno nacional estudia saldar las deudas por obras impagas en bonos. Y no se trataría de la deuda “vieja” sino de las tareas no saldadas en 2024 y 2025.
Serían unos 200 millones de dólares en bonos para pagar obras viales y ferroviarias (las hídricas sí se pagarían en efectivo) y que el gobierno buscaría así que las empresas puedan obtener capital de trabajo para volcarse a las nuevas obras a concesionar.
El problema es que según los primeros cálculos a la hora de cambiar esos bonos en el mercado la quita sería del 30% (sin contar comisiones).
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- El anuncio el viernes de que tres dragadoras extranjeras se presentaran a competir por la concesión de la hidrovía (Jan de Nul, Deme Dredging y la brasilera DTA) se conoció el viernes al mismo tiempo en que se realizaba el acto de ampliación de una línea de molienda de Luis Dreyfus en Timbúes, un acto que reunió a los principales referentes del mercado de granos. Así que, casi de inmediato, empezaron los comentarios.
En sintonía con el gobierno nacional, que hubiera tres ofertas (y sin impugnaciones cruzadas) fue interpretado como un nuevo hito del proceso licitatorio, ya que -como es sabido- a mayor cantidad de oferentes más transparencia y competencia.
Sobre todo, porque a la hora de la presentación de las ofertas técnicas (esos sobres se abren a fin del mes que viene), el gobierno las puede poner en tensión invitándolas a mejorar las condiciones del plan de obra, por ejemplo, acortando los plazos del inicio de las tareas de dragado para sumar profundidad. Algo que, si se hubiese presentado una sola dragadora, sería inútil porque no habría competencia.
Precisamente, el tema de las ofertas técnicas es el que ahora concentra la atención. Y sobre el último sobre, que se abrirá en abril, los usuarios privados prenden velas a que las tarifas estén por el mínimo dispuesto, ya que el monto que dispuso el gobierno es alto y la existencia de un peaje mínimo en el pliego ya de por sí bloqueo mucho la competencia en ese rubro, que hubiese sido un factor bajista en el precio
Por otro lado, llamó la atención la presencia de la dragadora brasilera. Es que la razón de la participación de DTA es toda una incógnita. Ocurre que, por magnitud, no le da el piné para la magnitud de la obra, siempre y cuando no esté aliado con algún otro peso pesado. No para pocos se están tirando un “piletazo” con miras a tener presencia en Argentina ya que, en paralelo, hay obras de dragado de canales y accesos a puertos en las que sí pueden dar pelea por los contratos. Pero también están los que entienden que la presencia de una dragadora brasilera es otra manifestación de que, a diferencia del pasado, Brasil está mirando a la hidrovía como salida logística para su gigantesca y siempre creciente producción granaria.
Finalmente, hubo otro dato que trajo alivio. Es que la Justicia Federal de Rosario, horas antes de la fecha de cierre para la presentación de antecedentes, rechazó una cautelar pedida por una organización ambientalista que buscaba evitar la apertura de sobres de la licitación de la hidrovía. Un buen precedente, entienden los empresarios, de cara a las medidas judiciales que estiman presentarán las ONG de ecologistas.
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- Como no podía ser de otra manera, en el piki piki que hubo tras el acto oficial de Dreyfus se habló del tema de los accesos viales a los puertos de la zona.
Hacia adentro del alambrado, empresas clase mundial. Del alambrado para afuera, calles de tierra, río y muchos pozos, sobre todo en Timbúes y Puerto San Martín. Los más optimistas señalaron que, pese a todo, están en una situación mucho mejor a la del pasado, sobre todo en Timbúes.
Lo que se escuchó es que, más allá de los anuncios a la prensa, la iniciativa del gobierno provincial de centralizar todo el sistema de accesos con un peaje único que elimine las tasas municipales pasó para 2027.
Es que si bien el tono de las conversaciones con los jefes locales mejoró (igual sigue habiendo puntos ríspidos) y hay números que no cierran (como los que presentó la consultora contratada por el gobierno provincial), las condiciones no estarían dadas para que haya definiciones pronto, señalan las autoridades locales.
Primero, porque la decisión del gobierno nacional de no ceder vías claves (como la A012) dificulta el armado de esa unidad central. Pero además, los intendentes, “tiempistas” como son en materia política, dicen que el gobernador Maximiliano Pullaro no tiene el músculo político del 2024 como para correrlos fácilmente. Y más de una localidad se juega mucho si cede el control de los millones que cobra por el paso de los camiones.
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- Sobre la inversión de 30 millones de dólares de la capacidad de molienda de Louis Dreyfus en su complejo de Timbúes (destinado a semillas de mayor contenido de aceite, como la camelina), es interesante ver como la logística y un nuevo menú de productos oleaginosos y biocombustibles avanzados son los factores que ahora guían las inversiones aceiteras cuando por años fue la soja.
“El mundo busca más aceite que harina y, mientras la soja tiene proporción de 20% y 80%, en la camelina es 50 y 50%”, dijo el CEO de la firma, Juan José Blanchard, quien fue el protagonista de las Charlas de Mercado de este sábado en Rosario3 y si no lo leíste lo podes leer luego haciendo clic acá.
Otro tema que se habló mucho en el piki piki, en el mismo día en el que el Senado trataba la reforma laboral, es el impacto negativo que tendría en el sector un paro por tiempo indeterminado de los gremios aceitero. Un dato que se comentó mucho es que la actual conducción del Sindicato Aceitero de San Lorenzo está siendo cascoteada por distintas líneas internas que buscan reemplazarla, y eso es todo un problema ya que los dirigentes cuando se ven presionados siempre optan por reforzar las dosis de rebeldía contra las empresas, tal como se nota en los últimos comunicados de prensa sobre la Reforma Laboral.
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- Ya que hablamos de hidrovía, hay novedades en Terminal Puerto Rosario (TPR), que sigue encarrilando su situación institucional y operativa, ahora con directores nuevos.
Ocurre que la mayoría de la participación accionaria en TPR que tenía el grupo Vicentín pasó a manos del Grupo Grassi, el holding cerealero que se impuso en el cram down de la defaulteada aceitera y que ya está muy activo para ponerla otra vez de pie.
Operado el traspaso patrimonial, llegó el turno de realizar el cambio de directores en TPR que provenían de la vieja Vicentín para que ingresen los de la nueva Vicentín. Fue así que días atrás terminó el mandato de Gustavo Nardelli (de la familia Vicentín) y en su lugar ya asumieron Mariano Grassi y Leandro Salvatierra.
El recambio de directores fue muy bien recibido por los accionistas mayoritarios -los chilenos del grupo Ultramar- ya que están muy interesados en tener un nuevo socio local, sobre todo de cara a las expansiones de negocios y de inversiones que se proyectan para los muelles rosarinos.
En tanto, en el directorio del Enapro todavía no se realizó el cambio de representante legal por parte de los trabajadores, ya que la nueva conducción gremial del Supa (el sindicato de estibadores) no terminó de presentar los papeles oficiales homologados por el Estado.
Y vaya que la tienen difícil, y bien lo saben quiénes están haciendo gestiones, porque las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo (en Rosario funcionan en la esquina de Rioja y Sarmiento) quedaron prácticamente vacías de personal y atribuciones y las oficinas centrales en Buenos Aires tampoco brillan de actividad.
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- Hablando de temas laborales, sobre el fin de la semana -luego de muchas discusiones y cruces- se fue acomodando la relación entre radicales y socialistas por los cambios al Código de Procedimiento Laboral que impulsa el gobierno provincial para cerrarle, al menos una de las puertas, a la industria del juicio laboral por accidentes y enfermedades, que tiene a Rosario como capital nacional. Y si todo se sigue afinando en los próximos días, puede haber media sanción en Diputados esta misma semana.
Con José Corral y Martín Rosúa, los diputados radicales buscaron que se apruebe en Diputados un proyecto que -en líneas generales- desacopla el pago de los peritos médicos asistentes de la Justicia la magnitud del accidente o la enfermedad para tener un honorario fijo, entendiendo que el actual sistema deja resquicios para que se filtren prácticas corruptas.
Mientras que los radicales -avalados por el gobernador Maximiliano Pullaro- pujaban por desarmar de a uno cada factor que incentivan los juicios laborales, los socialistas siempre prefirieron abarcar la problemática de manera más integral.
En rigor, en ese partido siempre vieron como poco acabado el proyecto de Corral y Rosúa porque entienden que el problema central está en el papel de las Comisiones Médicas de la SRT, sobre todo la de Rosario, que, al fijar grados nulos o muy bajos de incapacidad ante cada incidente, no le deja otra al trabajador que recurrir a la Justicia.
Los socialistas, por caso, rechazaban un artículo del proyecto radical que le daba 45 días a los trabajadores para recurrir a la Justicia luego del veredicto de la Comisión Médica cuando hoy no hay caducidad.
Cuando todo parecía que iba al choque -es más los socialistas decían que tenían un proyecto propio al salir- finalmente primó la búsqueda de acuerdos y se logró un compromiso de trabajar en conjunto un proyecto.
“Tiene que ser un proyecto serio. Que no cuide estrictamente a las ART, a pesar de que estamos dispuestos a conversar la caducidad. Pero la idea es que beneficie a la actividad privada y a los trabajadores y que ponga la mirada en las Comisiones Médicas, que hoy no funcionan bien”, dijeron a Rosario3 desde el bloque socialista.
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- Antes de cambiar el tema, un punto que no puede pasar desapercibido por lo preocupante. Resulta que el perito médico Javier Amherd, al que solemos citar en esta columna, está siendo presionando en la Justicia para que deje de dar declaraciones a la prensa criticando la performance del sistema de ART.
En efecto, una aseguradora del sector realizó una presentación a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en la que solicita la investigación y eventual sanción disciplinaria del perito médico Amherd por declaraciones muy críticas sobre el papel de las ART, como la que hizo hace unos quince días en esta columna y que podes leer haciendo clic acá.
Al tomar conocimiento, la Cámara de Diputados de la Provincia emitió una declaración en la que expresó “su profunda preocupación por la denuncia interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, contra el Perito Médico Legista Dr. Javier Amherd porque esta acción, orientada a lograr una eventual sanción disciplinaria del profesional por sus opiniones públicas sobre el régimen de riesgos del trabajo, podría configurar un antecedente institucionalmente riesgoso por cuanto afectaría tanto el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
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- Ya que estamos. Un apunte sobre la reforma laboral. Un día antes de la sanción en el Senado, se reunieron en Rosario enviados de todas las delegaciones regionales del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que preside Sergio Aladio, enfrentado con la conducción del gremio que lleva adelante la familia Moyano.
¿Cómo les impacta la reforma laboral? Poco y nada. Y es que el gremio, como se recordó en las reuniones de trabajo, acordó años atrás un nuevo convenio colectivo de trabajo con las empresas de la provincia. Y en ese nuevo marco se actualizaron muchas cláusulas de manera consensuada y dialogada entre capital y trabajo, con tiempo para acercar posturas y sin el apuro de una discusión parlamentaria y altos los cruces políticos, como pasó esta semana.
“Veníamos siendo previsible. Fuimos haciendo lo que había que hacer para concretar las reformas que necesita el sector, que en santa fe tiene 4.600 empresas y 24 mil trabajadores. Y como con los empresarios decidimos empezar a hablar como sector y eso era convenir un nuevo convenio de trabajo”, le dijo Aladio a Rosario3.
Queda flotando la enseñanza de que las discusiones dadas a tiempo siempre arrojan mejores resultados para ambas partes que en pretender que nada cambie, ya que más tarde o más temprano es imposible evitar actualizarse al nuevo escenario y ahí es cuando los camiones chocan de frente y los heridos se multiplican.
Párrafo aparte, ahora que se viene el intento de judicialización de la ley de reforma, ya que al tratarse de una ley y no de un decreto (como en el intento anterior) no alcanza con una cautelar y para disputar el tema en Tribunales habrá que ver cuántos gremios tienen los papeles en orden como para poder presentarse.
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- En “la previa del Run Run” del viernes le dimos un especial interés al acto de presentación en la Bolsa de Comercio de una novedosa alternativa de financiamiento que presentó el gobierno provincial: bonificará 10 puntos en la tasa de interés a las pymes que vayan a cambiar cheques o pagarés al Mercado Argentino de Valores (MAV)
Primero, hay que destacar la gestión del ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, que tomó el tema -que nació en una conversación con operadores del mercado en la edición del año pasado en Expoagro- y que, para lograrlo, pudo superar escollos administrativos varios y hasta cierta resistencia (nunca declarada) del agente oficial, el Banco de Santa Fe, al que logró interesar recién luego de que sumarán al Banco Municipal de Rosario.
No en vano, tanto en público como en privado (en la previa), el ministro de Economía, Pablo Olivares, le dijo al banco que salga de la jaula y empiecen a prestar. Es que, por ahora, solo los cheques que lleven el Santa Fe y el Municipal obtendrán el beneficio. Fue ahí que el titular del MAV, Alberto Curado, también dijo que es clave para darle más llegada a la bonificación que los agentes también puedan lograr que sus clientes accedan a ella, recado que el gobierno provincial prometió para una segunda etapa.
Lo que queremos agregar ahora es un comentario muy atinado que luego hizo el director ejecutivo del MAV, Fernando Luciani, sobre lo importante de esta iniciativa, más allá del acompañamiento a pymes. Y es que no distorsiona la generación del valor de la tasa de interés. Ocurre que cuando en el pasado el gobierno nacional subsidiaba tasas de interés bancaria a tomadores de créditos distorsionaba su valor. Por ejemplo, el Banco Nación prestando a un interés menor que el de plaza. Ahora, en cambio, el comprador del cheque recibe la tasa de interés del mercado ya que ese es el costo que pagará el vendedor, quien luego obtendrá la bonificación del 10% por parte de la provincia. Puede parecer un tema menor pero es saludable para la economía que la formación de sus precios sea transparente porque así se convierten en referencias válidas
Si queres escuchar la previa, lo podes hacer ahora, y también te vas a enterar que hay dos bancos que no quieren seguir exponiéndose en Argentina, cómo está la morosidad de los créditos de la fintech y la importante cerealera que salió al rescate de una alimenticia líder que está cayendo en picada.
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- Entre tanta tensión económica no tiene que pasar desapercibido el pronunciamiento que hizo la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), que tras la reunión de su consejo directivo se expresó en términos casi dramáticos
“Son recientes dificultades para mantener plantas operativas y preservar puestos de trabajo en amplios sectores productivos. La combinación de altas tasas de interés que encarecen el financiamiento, apreciación cambiaria que abarata los productos importados y un mercado interno debilitado por bajos ingresos resulta en una ecuación de alta complejidad para la industria”, señaló
Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, una baja del 4,9% y 5,6%, respectivamente. “Estas cifras reflejan un proceso de desindustrialización que pone en riesgo la subsistencia del entramado productivo local”, señaló Fisfe.
El lunes, Fisfe organizó junto con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), una reunión en la Asociación Empresaria con la prensa para alertar sobre la magnitud de la crisis. Y para el martes, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) también armó un encuentro para alertar a la opinión pública sobre la delicada situación por la que atraviesa el sector fabril.
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- Sobre agenda, la semana que viene la Justicia debe resolver la apelación realizada por la defensa del financista Luis Herrera a la ampliación hasta abril/mayo de la prisión preventiva que se vence en marzo.
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- Vamos a terminar con el nuevo round por Bioceres, que ya se está convirtiendo en un nuevo clásico de esta columna. Esta semana, como nunca, salieron a la luz pública las dos partes publica en pugna blanqueando la guerra societaria entre dos grupos
De un lado, el “grupo de los fundadores” que tiene como emblema Federico Trucco, el CEO del holding, que sostiene que resiste un intento de toma agresiva del control de parte de los “nuevos accionistas financieros” que lidera el mega empresario uruguayo, Juan Sartori, quien empuja la crisis para quedarse con la empresa. Y por el otro lado, los “nuevos accionistas financieros” sostienen que lo que están haciendo es, precisamente, intentar rescatar al holding de los desmanejos financieros provocados por Trucco y compañía.
Por ahora el terreno de la batalla es sobre Bioceres SA, quien fuera la empresa madre hasta los cambios accionarios de mediados del año pasado que la dejaron fuera del grupo sin activos y con muchas deudas, y la asamblea de la semana pasada en la que el nuevo directorio (de Sartori) buscó avanzar con reclamos de indemnización al anterior directorio (Trucco) por el default en 30 millones de dólares.
“Es un nuevo intento de extorsión por parte de Juan Sartori”, señaló el grupo de Trucco en un comunicado difundido a la prensa en el que “buscan aclarar la verdadera naturaleza del conflicto societario” en el que rechazaron la caracterización que intenta presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones.
“Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra. Los fundadores de Bioceres no participan de esta decisión ni la convalidan. Las medidas adoptadas apuntan directamente contra quienes impulsaron un proceso serio de reestructuración financiera con el objetivo de preservar la continuidad operativa de la compañía. Sartori optó por una estrategia de confrontación en lugar de buscar un proceso de reestructuración ordenado y responsable”, señalaron.
El dato a destacar es que, precisamente, fue el primer comunicado oficial del “grupo de fundadores” (hasta ahora todo lo manejaban en off the récord y con una estrategia más que todo negadora o minimizadora del conflicto). Y esa novedad comunicacional en el conflicto, provocó otra el sábado: el grupo de Sartorio también emitió su primer parte oficial de la batalla por Bioceres SA. Y lo hizo desparramando duras acusaciones.
“Las razones por las que Bioceres SA decidió solicitar su propia quiebra es por el profundo deterioro económico y financiero provocado por la gestión de su CEO, Federico Trucco, quien convirtió una empresa fundada por productores agropecuarios en una compañía gestionada bajo un esquema de concentración absoluta de poder”, dicen.
Según los números que mostraron, al 30 de junio del año pasado la firma registró pérdidas por 157 mil millones de pesos, cuando el rojo de balance anterior era de 6 mil millones de pesos. Y también mostraron una auditoría de Price que señaló un patrimonio neto negativo de 170 millones de dólares.
“Esta cifra no es una interpretación: es el resultado patrimonial de una estrategia financiera ejecutada bajo conducción centralizada que asumió riesgos extraordinarios”, sostiene el grupo de Sartori.
“Las operaciones de mayor relevancia que generaron el daño patrimonial -incluyendo emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento cancelable en 30 días, otorgamiento de acciones de Biox (la firma del grupo que cotiza en Wall Street) como garantías- fueron definidas y ejecutadas por Trucco.
Sartori resalta que Trucco fue el artífice de todas las medidas como la reestructuración accionaria producto de incumplimiento de Biox (que hicieron que Bioceres SA pierda su manejo sobre la controlad) generaron una pérdida de activos por 295 millones de dólares, y luego concluye: “la solicitud de quiebra no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación”.
Hasta acá lo que dicen ambas partes. Pero hay dos temas que no pueden perderse como centrales: primero y primordial es que si hay una víctima son los inversores y ahorristas que compraron en Bolsa los documentos de Bioceres. No importa la discusión sobre quiénes son los responsables: los pagarés no se pagaron. Se calcula que hay casi 40 millones de dólares que tomaron de la Bolsa y no abonaron.
Y el segundo punto que asoma -también independientemente del bando entre los dos grupos de socios que se adopte- es si fue correcta la estrategia del holding de largarse a jugar en las grandes ligas financieras -como los es Wall Street- en la que solo juegan los grandes equipos -multinacionales con base en países desarrollados- y en las que los torneos son muy largos (el negocio bio tiene ganancias en plazos extensos).
¿Querer dar ese salto no significó la pérdida de la esencia de la compañía y asimilarla a un negocio financiero? ¿Le daba el piné al grupo para semejante salto?
Asoma, entonces, otro modelo de integración de ciencia y negocio. Menos marketinero, pero con bases industriales más sólidas. Un rumbo que pensó menos en escalar rápido para llegar a las luces de Wall Street (los domicilios fiscales en países de baja tributación, como hizo el grupo) y más en generar infraestructura de equipos y profesionales que, asentados productivamente en el país, exportan a todo el mundo.
Un modelo que tiene claros referentes como Zelltek, una empresa que, instalada en Parque Tecnológico del Litoral, hace más de 30 años que trabaja en biotecnología (hoy es parte del grupo internacional Amega Biotech) y que desde hace años es la empresa de la ciudad de de Santa Fe que más divisas en exportación genera. Sí, más que cualquier industria tradicional.
Un modelo que también tiene un claro referente en Rosario, como Wiener Lab, que a fuerza de 50 años de inversión real se convirtió en la empresa de diagnóstico in vitro más grande en Latinoamérica llegando a tener mil empleados.
No son los únicos. Otro modelo es Terragene, que parece estar pronto a cambiar de manos (al menos parte de sus unidades) sumándose a un grupo extranjero. También está Keklon. Ambas nacidas en claustros científicos logrando estructuras productivas y fabriles propias en el Gran Rosario.
Asoma, finalmente también, el debate sobre la conveniencia para el desarrollo económico de ir hacia un modelo que, dicho en términos futbolísticos, más que pensar en sacar buenos jugadores de las inferiores de los clubes para venderlos rápidos al exterior (modelo Wall Street), se focalice en armar una liga profesional competitiva con clubes fuertes y atractivos que juegan en el país.
¿Queremos hacer startups para un modelo productivo o financiero? Esa es la pregunta.