La fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, formalizó la investigación penal contra Dolly Viale de Garrido, una mujer de 88 años que se desempeñó como partera en el hospital Roque Sáenz Peña, por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público. Le atribuyó haber confeccionado un certificado de nacimiento en el que volcó datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970.
La representante del Ministerio Público Fiscal, en diálogo con Rosario3, brindó detalles de la pesquisa que analiza además, denuncias de otras cinco víctimas, una de ellas criada como hija de la propia imputada, investigación que adquirió una notoria exposición pública, sobre todo, por la aparición de personas que buscan conocer sus orígenes biológicos y en ese sentido, saber si la imputada tuvo algo que ver con sus destinos.
“El caso tiene dos partes”, aclaró García. “Una se encuentra normalizada que es el caso de Carmen Quiroga”, señaló en referencia al caso ventilado en audiencia judicial. En 1970 la imputada habría confeccionado un certificado de nacimiento en el que consignó datos falsos sobre la filiación de una beba, hoy la denunciante.
La fiscalía encuadró la conducta en los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años (artículo 139 del Código Penal) y falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293 del mismo código). García sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que la utilización de un documento público para establecer una filiación falsa “produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”.
La mujer relató que durante años tuvo dudas acerca de su origen biológico y en 2012 decidió pedirle a la persona que figura en el acta de nacimiento como su madre que se realizara un examen de ADN. El análisis realizado determinó que no existía vínculo biológico. Así, la denunciante detalló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita coordinada por Dolly, , a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la niña.
“Ella misma contó también que su madre de crianza o apropiadora le cuenta que a ella efectivamente se la compra a Dolly. Esa es nuestra prueba y es el caso que se le adjudica a Dolly”, resumió la funcionaria.
La otra parte
“Lo que nosotros decimos en la audiencia es que tenemos una teoría del caso más amplia que estamos investigando y que tenemos que probar. De lo que surge ahí, todavía no lo sabemos y es lo que estamos investigando, es de dónde sacó los bebés Dolly, entonces ponemos como hipótesis que lo hubiesen entregado eso sería otra cosa, pero para que encuadren en un delito tiene que haber desapoderado a la madre de esos bebés”, sostuvo.
“No sabemos las circunstancias, o sea, que esos bebés llegaban para poder venderlos, pero nosotros establecimos hipótesis genéricas para poder descartar que ella podría haber llegado a desapoderar a las madres de esos bebés y entregado por dinero a terceras personas. Lo que tenemos como más fuerte es que sí los entregaba a terceras personas por plata. No sabemos las circunstancias, cómo ella conseguía esos bebés”, añadió y subrayó: “Es una hipótesis que tiene la fiscalía que necesitamos descartarla o no, es decir, si su conducta fue más gravosa o se limitó a hacer esta especie de adopción de los bebés que le parecían a ella”.
“Lo que cuentan los padres apropiadores es lo que les dijo Dolly de la madre biológoca, es decir, que era una chica de 14 años de Misiones, etc. No sabesmo si es cierto eso tampoco. Es por eso que se plantea una hipótesis más amplia para poder investigar la totalidad de su maniobra. Eso es como hipótesis. Yo no tengo más que una hipótesis. Tengo que corroborarla o no y ver si esa conducta encuadra en el artículo 146 de Código Penal”, precisó sobre la pena de prisión o reclusión de 5 a 15 años para quien sustraiga a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada, así como para quien lo retenga u oculte
Cómo sigue
Tras la audiencia en que Dolly fue formalmente vinculada a la investigación judicial en su contra, le siguió otra instancia judicial en la que la Cámara federal de Apelaciones determinó que el delito en cuestión no está prescripto tal cual argumentó la defensa de la partera. ¿Cuáles son los próximos pasos?
“Nosotros seguimos investigando.Lo que dijo la Cámara es que no prescribió porque era prematuro el planteo, porque ellos consideran que la conducta, incluso puede ser más amplia y todavía no está firme esa calificación que hace la fiscalía. Tenemos un plazo de un año para investigar y establecer bien la hipótesis”, informó.
“Esto para nosotros recién empieza”, observó. “Solo que nos parecía importante por el tipo de causa y la edad de la imputada avanzar, mínimamente, con lo que ya teníamos de prueba, que lo teníamos probado”, agregó.
La tarea que tiene el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por delante es profundizar la pesquisa con respecto a seis denuncias (Silvina Garrido –hija adoptiva de Dolly–, Sandra Solsona, Ángeles Camarasa, Andrés Gómez, Marina Andreani y Andrea Camusso)– :“Tengo que hacer pruebas específicas con relación artículo 139,que es el examen de ADN con presuntos padres que aparecen en sus actas de nacimiento. Y de poder excluir primero el tipo biológico para poder luego avanzar y decir que entonces ese certificado es falso”, detalló.
García expuso que la denuncia de Roberto Fargioni fue la primera y quedó en el viejo sistema procesal. “Ayer salió la resolución en el que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que la partera Dolly Viale de Garrido sea llamada a prestar declaración indagatoria”, recordó.
“Después voy a ver si puedo avanzar con los otros cinco. Tenemos que hacer los ADN, cada uno con su particularidad por lo que podemos solicitar al juez duplicar el plazo”, consideró teniendo en cuenta que los análisis van a suponer la exhumación de cadáveres lo cual convierte en “complejo” el procedimiento”, y habilita la extensión de la investigación a dos años.
“Eso va por un lado y por el otro lado, está la hipótesis amplia que es dónde consiguió a los bebés”, remarcó.
Más casos
García mencionó que debido a la publicidad y promoción de la causa comenzaron a acercarse a la Justicia muchas personas que desconocen o tienen dudas sobre sus orígenes biológicos. “Pensamos que son al menos cinco más los que vinieron a denunciar que tienen las partidas firmadas por ella. O sea, que sería una decena, más o menos, en principio”, destacó sobre las situaciones que podrían sumarse a la investigación judicial.
De esta manera, no todas las inquietudes acerca de la génesis biológica están relacionadas al presunto accionar de la partera Dolly. Es por eso que se efectúa un chequeo detallado de cada presentación a fin de poder vincularla o no a la investigación primera.
El trabajo se efectúa de la mano de la Secretaría de Derechos Humanos provincial. “Estamos recibiendo y estamos contactandonos bastante para poder canalizar todas las dudas. Nosotros nos comprometemos a que todo lo que es nuestra información se vuelque a un registro único. Si no hay elementos para vincularlos, no significa que se descarten, pero lo vamos a tratar de otra manera”, dijo.
Asistencia y recepción de información
El Área Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, puso a disposición el correo electrónico atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para quienes puedan aportar información vinculada con los hechos investigados o requieran asistencia.