La Justicia de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, que permanece ocupada desde febrero por trabajadores despedidos tras el cierre de la fábrica. La medida fue dictada a pocas horas de una convocatoria para realizar un abrazo simbólico al establecimiento, por lo que se esperan momentos de tensión.
La resolución fue adoptada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar a una denuncia por usurpación presentada por el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).
La fábrica cerró en febrero y dejó 920 operarios despedidos. Desde el 18 de febrero, algunos de esos trabajadores permanecen dentro del predio de 44 hectáreas.
El rechazo del SUTNA y la convocatoria en la planta
SUTNA calificó la decisión judicial como “aberrante” y sostuvo que quienes están actuando de manera “totalmente ilegal” son los propietarios de la empresa. Desde el gremio plantearon que la compañía llevó adelante un “lockout” disfrazado de cierre de la fábrica.
Según la posición expresada por el sindicato, la empresa decidió detener la producción con el objetivo de ampliar otros negocios en los que Madanes Quintanilla busca concentrarse, entre ellos el aluminio y la energía.
En ese contexto, los trabajadores resolvieron ocupar la planta para resguardar la maquinaria utilizada para producir neumáticos, evitar un eventual vaciamiento e impulsar ante la Justicia el dictado de una conciliación obligatoria que permita retomar la actividad.
Luego de conocerse la nueva orden de desalojo, SUTNA convocó a concentrarse frente a la puerta principal del predio para “apoyar a los trabajadores de Fate ante semejante injusticia”, según consignó Clarín.
Una causa que atraviesa distintas instancias judiciales
El conflicto entre Fate y sus trabajadores atravesó distintas etapas judiciales desde febrero. Luego de la ocupación y de la denuncia presentada por Madanes Quintanilla, hubo inspecciones, decenas de citaciones, pedidos de declaración indagatoria y órdenes de desalojo que fueron frenadas mediante apelaciones.
En las últimas semanas, además, los trabajadores presentaron una denuncia por presunto hostigamiento contra una empresa de seguridad contratada por la compañía.
Según denunciaron los operarios, se habrían producido acciones de “agresión” contra quienes permanecen en la fábrica, entre ellas el presunto esparcimiento de productos químicos contaminantes en sectores utilizados como baños y zonas de descanso, además de episodios de violencia y hostigamiento.
En otro tramo de la causa, el juez de Garantías Esteban Rossignoli había ordenado el desalojo de la planta. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones suspendió esa medida mientras analizaba la apelación presentada contra la resolución.
El tribunal finalmente falló a favor de los trabajadores, aunque el fiscal Marcelo Fuenzalida insistió con el pedido de desalojo.
Ahora, con la nueva orden judicial de desalojo y la convocatoria del SUTNA frente a la fábrica, el conflicto vuelve a quedar en el centro de la escena y se esperan horas de tensión en la planta de Virreyes.