El camarista Aníbal Pineda integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario explicó los motivos por los que rechazó el pedido de prescripción en la causa que investiga a la partera Dolly Viale de Garrido, acusada de liderar una red de entrega irregular de bebés durante las décadas de 1960 y 1970. Además, el tribunal revocó una decisión previa de primera instancia y ordenó que la mujer sea llamada a declaración indagatoria, marcando un avance clave en el expediente de la Justicia federal.
El debate central gira en torno al tiempo transcurrido desde los hechos, que datan de hace más de medio siglo, y la posibilidad de que la causa esté prescripta. Sin embargo, el magistrado aclaró en diálogo con Radiópolis (Radio 2) que el proceso se encuentra en su etapa inicial y es necesario recolectar más pruebas para definir la configuración exacta de las imputaciones.
"Para poder establecer efectivamente si el delito ha prescrito o no, se debe avanzar un poco más en la investigación, analizar las pruebas que traen tanto la Fiscalía como la defensa y poder ahí determinar de forma más específica el hecho que se le imputa", señaló.
Al tratarse de casos donde presuntamente se falsearon certificados de nacimiento para suprimir el origen de las personas, los tiempos legales se miden de una manera particular. Según precisó Pineda "la mayoría del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que esos delitos son permanentes, por lo cual cesan o terminan en su configuración recién cuando conoce su identidad biológica". En ese sentido, es a partir de ese instante que comienza a contar el plazo de prescripción.
Sobre el recurso presentado por la defensa de prescripción, la Cámara resolvió que "resultaba prematuro" hacer lugar a la solicitud debido a la etapa incipiente del proceso. "Habilitamos a la Fiscalía a que siga investigando y cuando reúna más pruebas, bueno, ahí volveremos a analizar la cuestión esta de la prescripción", destacó el magistrado.
El llamado a indagatoria y la investigación
Durante la entrevista, el camarista detalló que la semana pasada debieron intervenir en dos resoluciones vinculadas al accionar de la mujer cuando se desempeñaba en la zona sur. En una de ellas, la Fiscalía apelaba la negativa del juez de primera instancia de citar a la acusada.
"Nosotros con el voto de la doctora Vidal y el voto mío, le revocamos esa resolución y entendimos que había elementos de prueba suficientes que configuraban una sospecha de que efectivamente esta señora podría haber cometido ese delito y por lo cual dispusimos precisamente el llamado a indagatoria", afirmó Pineda.
La causa fue iniciada por Carlos Fargioni por una presunta sustracción de identidad vinculada con su nacimiento en Rosario en 1978. En consecuencia, ordenó al juez que convoque a indagatoria a la partera acusada en otros casos de presunta supresión y alteración del estado civil y de la identidad.
Se trata de una de las causas que se tramitan bajo el viejo sistema inquisitivo, a diferencia de otras del nuevo modelo acusatorio en las que la obstetra también fue imputada semanas atrás con cargos similares.
El caso que resolvió la Cámara en las últimas horas se originó a partir de las dudas de Carlos Fargioni sobre su identidad biológica. Un estudio de ADN excluyó que las personas identificadas como su madre y su padre fueran sus progenitores biológicos. Además, su partida de nacimiento indica que el nacimiento fue certificado por Viale, quien se desempeñó durante años como obstetra del Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario.
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) informó, además, sobre otras siete personas con dudas sobre su identidad cuyas partidas también fueron firmadas por Viale.
Ante la consulta sobre qué tipo de proceso le espera a la mujer de 88 años de edad, se indicó que, de avanzar la investigación en su contra y llegar a una sentencia, por su avanzada edad transcurriría las medidas restrictivas bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El circuito de supresión de identidad
El caso investiga si durante décadas operó en Rosario un circuito sistemático de entrega irregular de recién nacidos. De acuerdo a la información abordada en el programa, la trama gira alrededor de la partera, quien históricamente estuvo vinculada con el hospital Roque Sáenz Peña. La Justicia intenta determinar si hubo una gran cantidad de personas que fueron separadas de sus madres biológicas y entregadas a otras familias, registrándolas mediante documentación falsa.
Medio siglo después de aquellos sucesos, comenzaron a aparecer decenas de hombres y mujeres, hoy ya adultos, que albergan dudas sobre su origen y que buscan saber quiénes fueron realmente sus padres biológicos.
La fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, quien formalizó la investigación penal contra Viale por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público.
La funcionaria sostuvo en diálogo con Rosario3 que “son al menos cinco más los que vinieron a denunciar que tienen las partidas firmadas por ella. O sea, que sería una decena, más o menos, en principio”, destacó sobre las situaciones que podrían sumarse a la investigación judicial.
De esta manera, no todas las inquietudes acerca de la génesis biológica están relacionadas al presunto accionar de la partera Dolly. Es por eso que se efectúa un chequeo detallado de cada presentación a fin de poder vincularla o no a la investigación primera.
¿Cuáles son los próximos pasos?
“Nosotros seguimos investigando.Lo que dijo la Cámara es que no prescribió porque era prematuro el planteo, porque ellos consideran que la conducta, incluso puede ser más amplia . todavía no está firme esa calificación que hace la fiscalía. Tenemos un plazo de un año para investigar y establecer bien la hipótesis”, informó.
“Esto para nosotros recién empieza”, observó. “Solo que nos parecía importante por el tipo de causa y la edad de la imputada avanzar, mínimamente, con lo que ya teníamos de prueba, que lo teníamos probado”, agregó.
La tarea que tiene el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por delante es profundizar la pesquisa con respecto a seis denuncias (Silvina Garrido –hija adoptiva de Dolly–, Sandra Solsona, Ángeles Camarasa, Andrés Gómez, Marina Andreani y Andrea Camusso)– :“Tengo que hacer pruebas específicas con relación artículo 139,que es el examen de ADN con presuntos padres que aparecen en sus actas de nacimiento. Y de poder excluir primero el tipo biológico para poder luego avanzar y decir que entonces ese certificado es falso”, detalló.