Entre las modificaciones introducidas en la última reforma de la Constitución provincial, el Servicio Público de la Defensa Penal ha sido instituido como Ministerio Público y fusiona a la defensa penal y a la civil. Esto lo ha convertido en un ámbito independiente –también autónomo y autárquico– de otros poderes del Estado, dejando de estar bajo la órbita del Judicial, como sucedió con el Ministerio Público de la Acusación.
Su responsable, Estrella Moreno Robinson, hizo un análisis ante Rosario3 sobre los desafíos y, fundamentalmente, sobre los recursos para atender nuevas demandas como la justicia penal juvenil y los imputados por microtráfico de estupefacientes, entre otros.
La funcionaria también rechazó la idea de bajar la edad de imputabilidad a menores en conflicto con la ley penal y defendió el sistema público de defensa que atiende a la mayoría de las personas acusadas y condenadas por delitos.
–El 2025 será el año del reconocimiento constitucional del sistema de defensa pública en Santa Fe, no es poco.
–Fue lo más importante ya que cambia la historia de la defensa pública de la provincia de Santa Fe. No sólo para el organismo que pasó de ser Servicio Público de la Defensa Penal a Ministerio Público de la Defensa. Sino que también Santa Fe deja de ser la excepción en todo el país de tener dividida la defensa civil y penal, algo que no era bien visto por nadie. Éramos los únicos y ahora afrontamos ese camino de unión.
–Más allá de esto, ¿por qué fue tan importante?
–Éramos el Servicio Público provincial de Defensa Penal y habíamos sido creados por ley, sólo por ley. Las leyes pueden ser cambiadas y cuando no hay un reconocimiento constitucional todo puede modificarse. Ahora somos un organismo absolutamente consolidado y fuerte. Por otro lado, ha cambiado la ubicación institucional dejando de ser un organismo dependiente del Poder Judicial para pasar a ser un organismo independiente de otros poderes. No está más subordinado al Poder Judicial y está en otra órbita junto al Ministerio Público de la Acusación, independiente uno de otro. Y además, lo que decía la ley que somos un organismo autónomo y autárquico, eso queda consagrado constitucionalmente. Ahora somos independientes, autónomos y autárquicos. El hecho de serlo hace que tengamos la posibilidad de diseñar nuestras propias políticas para garantizar el acceso a la justicia sin la injerencia de otros poderes. Estamos en condiciones de garantizar un servicio público de defensa eficiente que no tenga injerencia ni controles indebidos por parte de otros poderes del Estado.
–¿Empieza otro camino y es el de conseguir los recursos para el funcionamiento bajo este nuevo estatus?
–Tenemos autarquía financiera: elaboramos, administramos y ejecutamos nuestro propio presupuesto. Lo tuvimos antes respecto de los bienes de uso y de su funcionamiento. Ahora también estamos a cargo de liquidar y pagar los sueldos y en el nuevo diseño deberemos hacer junto a la Legislatura una ley orgánica para fusionar la defensa civil y la penal, reorganizar la carrera judicial y mejorar la carrera de los agentes, tenemos que hacer reglamentaciones, y ver el tema de los recursos. Viene una etapa con un gran desafío y es hacer esta fusión de la mejor manera para dar mejores respuestas y una respuesta integral a personas en situación de vulnerabilidad gestionando mejor los recursos públicos.
–¿Cuántos defensores debería haber?
–Es una pregunta difícil. Nosotros teníamos 77 defensores aproximadamente, un número que iba cambiando según las licencias, y este año logramos –a través de demostrar las cifras de cantidades de audiencias en cada circunscripción y de la carga de trabajo– que se cubran 19 vacantes para la defensa penal. Ampliamos el número de defensores cubriendo esas vacantes con defensores públicos adjuntos subrogantes surgidos por concursos cuyos pliegos fueron enviados por el gobernador y aprobados por la Legislatura. Los 19 defensores juraron hace pocos días e ingresaron a trabajar. Queremos seguir analizando el funcionamiento del sistema con estos nuevos defensores y en la medida que sea necesario incrementar su número ya que en algunas circunscripciones hay vacantes todavía y en otras deberíamos ampliarlo. Hemos recibido nuevas incumbencias como la justicia penal juvenil y hay que ver estos nuevos casos si podemos cubrirlos o no. No quiero decir un número de cuántos defensores son necesarios ya que quiero ver cuando pasen unos meses y hablar con mayor responsabilidad.
La defensa penal
–¿Por qué se hace tanto hincapié en la defensa penal?
–Es una obligación del Estado y se creó para cumplir con las obligaciones de los pactos internacionales por los derechos civiles y humanos. No puede haber ningún proceso penal sin que haya un defensor, no puede haber una audiencia sin que haya un defensor, el sistema de justicia penal funciona en la medida que haya un defensor, y el imputado debe tener un defensor y no se puede auto-defender. Nuestro rol es fundamental para el funcionamiento de la Justicia toda, tenemos que orientarnos a las personas de mayor vulnerabilidad porque así lo dice la ley y no podemos negar una defensa.
–¿La mayoría de los presos tienen defensores públicos?
–Los índices de defensa, pública o privada, van variando mucho de localidad en localidad. Hay lugares que por las situaciones de las personas acuden más a la defensa privada y en otros a la defensa pública. En general oscila entre un 70 y un 90 por ciento que se atiende desde la defensa pública, dependiendo de las localidades y a veces menos. En los casos de las personas que ya están condenados a una pena de prisión efectiva casi el 80 por ciento, o más, tienen defensores públicos.
–¿Cómo sobrellevan la demanda social por un mejor servicio de justicia ante la inseguridad y el avance del narcotráfico?
–El sistema de justicia penal trabaja muy rápido, con mucha celeridad. Lo que pasa es que en la práctica la prisión preventiva se confunde con una condena. Es uno de los temas que hay que explicar, una prisión preventiva es una medida cautelar para una persona sospechada de un hecho y a esa persona hay que seguir investigándola para llevarla a juicio, solo si esa persona puede entorpecer el proceso o hay riesgo que se fugue los jueces pueden dictar prisión preventiva. A veces se cree que la prisión preventiva es ya la condena y la condena es lo que se aplica después de un juicio. No se termina de comprender y lo que vemos es que se pide que un juez actúe como un juez de juicio. Las personas con prisión preventiva están alojadas en los mismos lugares de encierro de los condenados, pero recorren otro camino. Los que están en prisión preventiva no están bajo ningún régimen y están a la espera de una condena, ese proceso puede durar hasta tres años.
–Me imagino que le habrán dicho que usted defiende a los delincuentes.
–Cuando fue la jura de los nuevos defensores les hablé de su rol y fundamentalmente a sus familias para que se lleven un mensaje sobre lo que hacemos. Primero es dar una defensa activa, efectiva, eficaz, que estudia el caso, reúne pruebas, estudia las leyes, y tiene en cuenta los intereses de los defendidos. Todo siempre dentro de lo legal, lo constitucional y los límites reglamentarios. Cumplimos estándares de defensa como nos manda la Constitución y la ley. Somos la voz de las personas que no pudieron elegir sus abogados y damos la mejor defensa, y cuando damos la mejor defensa estamos contribuyendo a la calidad institucional de toda la provincia y del sistema judicial. Puede haber condenas erróneas si la defensa no es buena y eso puede generar demandas contra el Estado.
Otros temas de agenda
–¿Cuál es su opinión con respecto a la baja de la edad de imputabilidad de menores?
–Desde el Consejo Federal de la Defensa, donde están todos los defensores generales del país, no estamos de acuerdo porque hay distintos observatorios que recomiendan no bajar la edad de imputabilidad y creemos que hay que reforzar todo el sistema para que dé respuestas a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Argentina fue condenada por el caso Mendoza donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recomendó al país que lleve adelante políticas públicas e integrales orientadas a los jóvenes en conflicto, que tengan sus derechos asegurados, y reforzar todos los sistemas para evitar que esos jóvenes cometan delitos. Se debe recordar que niños, niñas y adolescentes no han alcanzado el nivel de desarrollo de los adultos, y, según la Convención de los Derechos del Niño, tienen un plus de protección porque no están desarrollados. Esto es lo que dicen las convenciones internacionales a pesar de que la gente se enoje. Es cierto que muchos países tienen una edad de imputabilidad mucho menor, sin embargo no ha servido para que los menores no caigan en el delito, muy por el contrario. A la sociedad les cuesta un montón entenderlo y es un tema muy complejo. Y otro dato: el índice de delitos cometidos por menores de 16 años es muy pequeño.
–Esta semana se habilitó la Fiscalía para atender el microtráfico de estupefacientes, ¿cómo se trabaja desde el Ministerio de la Defensa?
–Es una nueva incumbencia. Desde mi lugar tratamos de dar un abordaje interdisciplinario al tema, venimos estudiando cómo defender a las personas acusadas de estos delitos, fundamentalmente, a las mujeres. Son problemáticas diferentes, abren otros interrogantes y debemos estudiar otras formas de atender.
–¿Qué mirada tiene sobre los nuevos lugares de detención como El Infierno?
–No se llaman así o bien se han aludido de esa manera. Es la misma ley de Ejecución Penal que habla de resocialización y es la Constitución que establece cárceles para seguridad y no para castigo. El ideal resocializador no es algo nuevo, nació en nuestra Constitución, está en las convenciones internacionales y en las leyes. Consideramos siempre que los lugares de detención deben trabajar más para la resocialización. En la órbita del Ministerio de la Defensa hay un Consejo –integrado por legisladores, sindicato de empleados, defensores–que estamos viendo posibilidades de aportar hacia la resocialización con distintas organizaciones no gubernamentales (como Apac o Tercer Tiempo) para que las personas tengan un lugar para cuando vuelvan a la sociedad.