Este viernes quedó formalmente inaugurada la sede de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico en Rosario, ubicada en 1º de Mayo 2245, en barrio República de la Sexta. La apertura de este espacio del Ministerio Público de la Acusación, que depende de la Fiscalía General (y no de la regional Rosario), coincide con el segundo aniversario de la sanción de la ley que desfederalizó el narcomenudeo en Santa Fe.
La elección de Rosario no es azarosa, ya que la ciudad “concentra la mayor carga de trabajo” en el territorio provincial, según explicó el titular de la unidad, Franco Carbone.
En rueda de prensa, la jefa de los fiscales, Cecilia Vranicich, y el jefe de Microtráfico, Carbone, aportaron los números de este nuevo abordaje penal en materia de drogas, con intervención del fuero provincial.
Respecto de las demoliciones de búnkeres o aguantaderos, en Santa Fe, a la fecha, se tiraron abajo o se inactivaron 99 puntos de venta. Estas medidas se denominan formalmente “cese de estado antijurídico” y son solicitadas a los jueces penales, quienes otorgan la autorización para llevarlas adelante.
Por otro lado, 350 personas fueron condenadas en Santa Fe desde diciembre de 2023 por el llamado delito de microtráfico, de jurisdicción provincial. A la fecha, se registraron 2.500 imputaciones, con un 80 por ciento de varones y un 20 por ciento de mujeres. Además, nada menos que 12 mil personas fueron denunciadas como presuntas vendedoras de sustancias prohibidas.
En tanto, cuando se producen detenciones de personas que luego se determina que son consumidores y no están ligadas a la venta, existe “una guía de actuación interna” en el MPA por la que no se les abre un legajo penal. En ese sentido, Carbone consideró importante transmitir esta guía en toda la provincia para unificar lineamientos, de ahí que la unidad de Microtráfico funcione a nivel provincial y no regional.
Vranicich remarcó: “Lo importante es unificar criterios, uniformarlos en toda la provincia. Nosotros trabajamos con objetivos priorizados y los casos de microtráfico tienen relación directa con violencias altamente lesivas”. Además, defendió los promocionados derribos de búnkeres o inactivaciones de inmuebles, ya que “siempre son lugares estratégicamente definidos porque allí se cometieron delitos violentos, ya sea homicidios, extorsiones, heridos de armas de fuego, etcétera”.
La jefa de los fiscales juzgó positivo el crecimiento de la unidad de Microtráfico: “Comenzamos con un equipo conformado por cinco personas, muy pequeño, y hoy, ya dos años después, tenemos en toda la provincia once fiscales que dependen de la unidad provincial, con el jefe que ha sido designado, Carbone: su incumbencia es en toda la provincia”.
Vranicich agregó: “Hace tres meses logramos una nueva ampliación donde pudimos contratar 22 personas, más o menos, quienes son jóvenes que ya algunos habían hecho algún trabajo, tal vez como pasantes o con algunas experticias de otros lados. También tenemos politólogos, porque es muy importante para nosotros el análisis criminal y poder hacer nuestras propias investigaciones proactivas más allá de las reactivas, que es cuando nos llaman, por ejemplo, en flagrancia o nos pone en conocimiento la policía".
Respecto de Rosario, donde la mayoría de los homicidios están ligados a la lógica violenta del mercado de drogas, Carbone admitió la existencia de “un problema fuerte asociado a la compraventa de estupefacientes que está íntimamente relacionado con las violencias altamente lesivas que despliegan el poderío o las disputas territoriales”.
“Nuestro objetivo es central –dijo–: perseguir los vendedores de drogas asociados a las violencias, reducir el impacto que tienen en todos los otros hechos conexos esta compraventa de estupefacientes”.
