Dos días antes de la sesión en la que el oficialismo buscará la aprobación de la Ley de Tierras en el Senado de la Nación, la jefa del bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich informó las modificaciones que se le hicieron al proyecto para lograr los apoyos necesarios por parte de legisladores del PRO, la UCR y partidos provinciales. En la conferencia de prensa la senadora estuvo acompañada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), y de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).
El punto más discutido del borrador era el que planteaba la eliminación de las restricciones para la compra de tierras nacionales por parte de extranjeros. En su lugar se estableció un tope de 25% a nivel provincial, lo que sectores opositores tildaron como tramposo, puesto que se mantiene la eliminación de las restricciones que operaban a escala departamental.
La modificación es relevante porque una provincia puede permanecer por debajo del 25% de tierras en manos extranjeras y, al mismo tiempo, registrar una concentración mucho mayor en determinados departamentos donde se concentren tierras productivas o recursos estratégicos.
Bullrich destacó que el nuevo texto incorpora restricciones que, según sostuvo, buscan evitar que la reforma pueda derivar en una pérdida de soberanía sobre territorios o recursos estratégicos. “Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo de tierra, punto”, remarcó.
“Acá no nos van a correr a nosotros con la soberanía. Sabemos muy bien lo que es, por eso cuidamos a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de proteger las fronteras”, señaló la ex ministra de Seguridad.
También destacó que la ley es “clara y concreta” que fue “consensuado con todos los bloques”. “Estamos contentos con el dictamen, este es el ejercicio de la democracia”, enfatizó.
La senadora rechazó además los cuestionamientos que vinculan la adquisición de tierras por extranjeros con una pérdida automática de soberanía. “Es ridículo pensar que si un extranjero compra dos fábricas se está llevando parte de la soberanía argentina”, sostuvo, y diferenció la propiedad privada de la capacidad del Estado para ejercer soberanía.
En su argumento, Bullrich planteó que el hecho de que una propiedad cambie de dueño no implica que el territorio deje de estar bajo jurisdicción argentina. “La soberanía es la capacidad y la fortaleza del Estado de hacer cumplir la ley”, afirmó.
En este sentido puso como ejemplos a Uruguay y Paraguay, donde, según planteó, la llegada de capitales argentinos permitió incrementar inversiones y productividad. También mencionó a la bodega Chandon, instalada en Mendoza desde hace más de seis décadas, para cuestionar la idea de que una inversión extranjera implique que el país de origen del capital pase a tener soberanía sobre el territorio.
Durante la conferencia también se informó que la compra de tierras por parte de extranjeros particulares deberá quedar anotada en los registros provinciales. Se trata del artículo 25 del proyecto, que además propone que “toda adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.
“Las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, resaltó Bullrich.
La Nación, aseguró, mantendrá además competencias específicas sobre las zonas de frontera y aquellos espacios considerados estratégicos desde el punto de vista de la seguridad nacional.
La jefa de la bancada oficialista también afirmó que desde el Gobierno buscan “terminar con los fantasmas” que rodean a este tema impulsando una “ley clara” que obtuvo “dictamen común”. Y sumó: “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones previsto en la Ley 21.499. En ese punto, el Gobierno propone incorporar nuevos criterios para delimitar cuándo un bien puede ser declarado de utilidad pública y, por lo tanto, sujeto a una expropiación.
Con el acuerdo anunciado por Bullrich, el oficialismo busca garantizar el tratamiento del proyecto este jueves. Sin embargo, el escenario sigue siendo ajustado y la votación se encamina a una definición cerrada por votos en duda en algunos legisladores aliados.