La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti solicitó que se la habilite a participar de manera virtual en la sesión del Senado en la que se debatirá el proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional. La legisladora explicó que cursa un embarazo de 32 semanas y que, por indicación médica, no puede viajar desde Mendoza hasta Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, la dirigente del Partido Justicialista contó que presentó una nota dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que se habiliten los medios necesarios para intervenir de forma remota en la sesión prevista para este jueves.

"¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?", planteó Fernández Sagasti en una publicación. "No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos", agregó.

En un video difundido junto al mensaje, explicó que atraviesa la semana 32 de embarazo y que su médico le prohibió realizar viajes largos, tanto por tierra como por vía aérea.

"Si yo fuera una senadora de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría. Pero viajar más de mil kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé", sostuvo.

     

La legisladora remarcó que la imposibilidad de viajar no le impide cumplir con sus funciones parlamentarias. "No estoy incapacitada para leer expedientes, debatir ni votar", afirmó, y recordó que durante la pandemia el Senado ya utilizó mecanismos de participación remota que fueron avalados por la Corte Suprema.

También aclaró que su pedido no está vinculado con la licencia por maternidad que le corresponde, sino únicamente con la posibilidad de ejercer su mandato en esta sesión.

El debate por la ley de tierras

La solicitud de Fernández Sagasti se produce en una sesión clave para el oficialismo, que busca aprobar la reforma de la ley de tierras con un escenario de votos ajustado.

El proyecto impulsado por el Gobierno apunta a flexibilizar el régimen vigente sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Actualmente, la ley establece un límite del 15% de la superficie nacional, provincial y departamental para propietarios extranjeros, además de restricciones por nacionalidad.

Sin embargo, en medio de las negociaciones parlamentarias, el oficialismo aceptó modificar la iniciativa y elevar ese tope al 25%, manteniendo además la posibilidad de que cada provincia establezca límites inferiores mediante su propia legislación.

Los cambios serán presentados oficialmente este martes por la tarde por autoridades del bloque oficialista y de las comisiones que intervinieron en el tratamiento del proyecto.