Un proyecto de ordenanza propone suspender o cancelar la licencia de conducir y las habilitaciones de transporte a quienes hayan sido condenados por determinados delitos cometidos utilizando un vehículo o durante la prestación de un servicio de transporte. La iniciativa alcanza a taxis, remises, colectivos, transporte escolar y servicios contratados mediante plataformas digitales.
El proyecto establece que para aplicar la medida debe existir una condena penal firme y estar acreditado el vínculo entre el delito y la actividad de transporte o el uso del vehículo. Es decir, la sola existencia de una condena no sería suficiente sino que debe demostrarse que el delito fue cometido durante la prestación del servicio, aprovechando la condición de conductor, contra un pasajero o utilizando el vehículo como instrumento para cometer el hecho.
La iniciativa fue presentada por la concejala Samanta Arias, de La Libertad Avanza, quien sostuvo: “La licencia de conducir no es un vale todo. Es un permiso que el Estado otorga porque una persona demuestra que está en condiciones de manejar. Si usás ese permiso para robar, abusar o atentar contra otra persona, dejás de demostrar esa aptitud”.
Qué delitos podrían hacer perder la licencia
El listado incorporado al proyecto contempla delitos como homicidio, lesiones, abuso sexual, amenazas, hurto, robo, extorsión y asociación ilícita, entre otros. También incluye supuestos agravados, como determinados robos cometidos con armas de fuego.
Si se cumplen las condiciones previstas, la autoridad municipal debería denegar el otorgamiento o renovación de la licencia, suspender una licencia vigente y cancelar o denegar habilitaciones vinculadas con servicios de transporte y plataformas digitales.
La restricción tendría una duración de cinco o siete años, según el delito. Para los casos contemplados como más graves, el proyecto establece siete años y elimina la posibilidad de una rehabilitación anticipada.
Según detalló la concejala en su proyecto, en ningún supuesto la medida administrativa podría ser perpetua ni superar los siete años. Si existiera además una inhabilitación judicial, la restricción municipal se aplicaría de manera subsidiaria sobre el período que exceda la sanción impuesta por la Justicia.
El proyecto aclara que se trata de una medida administrativa y no de una nueva pena penal. La Municipalidad no crearía delitos ni reemplazaría a la Justicia: la aplicación del régimen requiere una condena firme y el nexo causal previsto en la ordenanza.
Acoso sexual durante los viajes
El segundo eje de la iniciativa apunta a situaciones de acoso sexual vinculadas con los servicios de transporte. Se considera falta municipal el envío de mensajes de contenido sexual no consentido, las insinuaciones sexuales, la insistencia en establecer contacto después de un rechazo y el uso de información obtenida durante el viaje (como teléfono, redes sociales, ubicación o domicilio) para realizar hostigamiento sexual o intimidatorio.
Para una primera falta, se prevé una multa de 100 a 1.000 Unidades Fijas y la suspensión de la habilitación de entre 30 y 180 días. Con el último valor vigente de la Unidad Fiscal, fijado en $1.134,50, esos montos representan actualmente entre $113.450 y $1.134.500.
En casos agravados, la suspensión puede llegar a un año. Para la reincidencia, el proyecto establece la cancelación de la habilitación y la suspensión de la licencia de conducir por entre cinco y diez años.
Las sanciones por acoso sexual, además, no se aplicarían solamente a partir de una denuncia. El proyecto exige que exista una resolución o sentencia judicial firme que acredite los hechos.
Qué deberán hacer Uber y otras plataformas
El proyecto también establece obligaciones para las plataformas digitales que operen en Rosario. Entre ellas, deberán verificar anualmente que sus conductores no estén alcanzados por los impedimentos previstos, bloquear al conductor dentro de las 24 horas de recibir la resolución correspondiente, disponer de un canal interno de denuncias y conservar durante 12 meses los registros de viajes y mensajería interna.
Si incumplen esas obligaciones, podrían recibir multas de 500 a 5.000 Unidades Fijas, equivalentes actualmente a entre $567.250 y $5.672.500. En caso de reincidencia, el proyecto contempla incluso la suspensión o baja definitiva de la inscripción municipal de la plataforma.
La iniciativa ya fue ingresada al Concejo Municipal y comenzará a ser discutida en comisiones.