La Justicia de Tucumán determinó retomar la investigación por abuso sexual que involucra a Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín. La medida, dispuesta por la Cámara de Apelaciones, responde a una presentación de la querella que cuestionaba el cierre del caso dictado a finales de 2025.
Con este nuevo fallo, queda sin efecto el archivo de la causa y se dispone una auditoría completa de la evidencia que, en su momento, permitió que los cuatro deportistas fueran desligados de sus responsabilidades penales.
La controversia se centra en el dictamen del 30 de diciembre de 2025, firmado por el juez Augusto José Paz Almonacid. En aquella instancia, el magistrado había sobreseído a los acusados basándose en la “inexistencia de delito”, al entender que no se habían acreditado pruebas suficientes sobre la falta de consentimiento durante la reunión en el hotel Hilton.
No obstante, los abogados de la denunciante sostuvieron que existió una interpretación arbitraria de lo ocurrido y que no se tomaron en cuenta elementos clave que demostraban el estado de vulnerabilidad de la joven.
Con la reapertura del proceso, un tribunal de mayor jerarquía volverá a examinar los peritajes informáticos y las declaraciones obtenidas desde marzo de 2024. Los magistrados centrarán su atención en el contenido de los mensajes de texto intercambiados antes de la cita y en las grabaciones de las cámaras de vigilancia del hotel. El propósito de esta revisión es verificar si el fallo previo omitió señales que podrían justificar la elevación a juicio oral y público de los exmiembros del equipo de Liniers.
El episodio que dio origen a la denuncia tuvo lugar el 3 de marzo de 2024, tras un enfrentamiento deportivo entre Vélez y Atlético Tucumán. De acuerdo con el relato de la periodista denunciante, el arquero, Sosa, la invitó al establecimiento hotelero donde, luego de consumir una bebida que le causó malestar, habría sido víctima de abuso por parte de los futbolistas en una de las habitaciones.
A raíz del escándalo, el club aplicó sus normativas internas de género y dio por finalizados los contratos de todos los implicados. En esta nueva etapa, el sistema judicial tucumano deberá resolver si el expediente se clausura de forma definitiva o si los imputados deberán enfrentar una nueva fase de juzgamiento.