La Justicia Federal de Rosario formalizó la imputación al abogado bonaerense Iván Carlos Méndez, acusado este viernes ante el juez Carlos Vera Barros de prestar servicios de mensajería para actores del crimen organizado alojados en cárceles federales bajo el régimen de detenidos de “alto riesgo”.
Los fiscales de la Procunar Diego Iglesias, Matías Scilabra y Matías Mené le reprocharon al penalista Méndez “haber abusado de su condición de abogado” e integrar una asociación ilícita con presos como el narco peruano con operatoria en Rosario Julio Andrés Rodríguez Granthon; el llamado Rey de la efedrina, Mario Roberto Segovia; los integrantes de la banda de Los Monos Cristian Nicolás “Pupito” Avalle y Uriel Luciano “Lucho” Cantero; el traficante de la Villa 31 César Morán De la Cruz; y el hampón Martín Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez.
A partir de un cúmulo de escuchas, seguimientos e informes, la acusación le atribuyó al abogado haber recibido directivas por teléfono y en visitas presenciales a los reclusos para retransmitirlas a distintos operadores externos y de esa manera eludir los controles penitenciarios del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.
Méndez, cuya presencia era habitual en los penales de mayor seguridad del país –según un informe del Servicio Penitenciario Federal–, posee antecedentes penales: en 2014 por tráfico de drogas, en 2011 por portación de armas y en 2020 por tenencia simple de estupefacientes. Durante esos años cursó la carrera de abogacía en el Centro Universitario del Complejo Penitenciario Federal de la cárcel de Devoto, donde obtuvo el título. En octubre de 2022 recuperó la libertad.
De acuerdo con un informante, a cada narco asistido Méndez le cobraba una mensualidad de entre 3 mil y 4 mil dólares, o bien 500 dólares por mensaje. El declarante agregó en junio pasado que Méndez no es el único penalista que, bajo la fachada del ejercicio profesional, ofrece este servicio.
Cartas de René
En enero de 2025, personal del Servicio Penitenciario Federal requisó a Gladys Ripari, madre del narco rosarino René Ungaro, cuando visitaba a su hija Daniela en el penal de Marcos Paz. Entre sus pertenencias hallaron cartas escritas de puño y letra por René, con datos que daban cuenta de que, pese al aislamiento, mantenía injerencia territorial y seguía distribuyendo drogas. Entre los escritos apareció un número de teléfono de interés, que resultó ser el del abogado Méndez. Los antecedentes del penalista y su vínculo con Ungaro bastaron para que la Justicia interviniera esa línea telefónica.
Así, durante 2025 la investigación detectó que Méndez trianguló de “manera sistemática” comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R. “Prácticamente todos los días ella le rindió cuentas sobre alquileres y propiedades que impactaron en el patrimonio mal habido” del narco peruano, condenado dos veces por tráfico de drogas y como partícipe del homicidio del pastor evangélico Eduardo Trasante.
Las escuchas, sumadas a la grabación encubierta de visitas, detectaron además la intermediación de Méndez en la adquisición de un campo que Mario Segovia, el Rey de la efedrina, le compró a César De la Cruz, capo de la villa 31 de Retiro. Entre febrero y agosto de 2025 también intervino en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Lucho Cantero, por 15 mil dólares y la entrega de un Fiat Cronos.
Los informes descubrieron evidencias de confabulación para el tráfico de drogas, y no un mero servicio de mensajería. Ello, indicó la acusación, quedó plasmado en diálogos con Rodríguez Granthon, Pupito Avalle y El Loco De la Cruz.
Pero el horizonte judicial del “boga” Méndez no se limita a la causa por asociación ilícita.
El 17 de septiembre, luego de ser detenido a la salida del penal de Ezeiza, la Policía Federal de Campana allanó su casa en la calle Flor de Otoño al 400, en la Villa 31, y secuestró un fusil calibre .223 con numeración suprimida, partes de armas, municiones y diez gramos de cocaína.
“La relación del acusado Méndez con los presos de alto perfil no tiene nada que ver con el ejercicio de la abogacía. Méndez no asesora jurídicamente a ninguno de esos internos. No diseña estrategias procesales, no ejerce el derecho de defensa. Lo que hace es garantizar la comunicación de los condenados con el exterior y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel”, apuntaron los fiscales.
El juez Vera Barros hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva de Méndez por seis meses, plazo que consideran suficiente para presentar la acusación antes del juicio y peritar varios celulares incautados recientemente.