Mensajero, recadero, cartero, de todo menos abogado. Tal era la función de Iván Méndez, defensor de grandes capos narcos de Rosario y Buenos Aires detenidos bajo el Sistema de Alto Riesgo. Entre sus clientes estaban Mario Segovia (el “Rey de la efedrina”), Julio Andrés Rodríguez Granthon, Cristian Nicolás Avalle (“Pupito”), y Uriel y Ariel Cantero de la banda Los Monos. Según la investigación, bajo su fachada de letrado, llevaba y traía mensajes. Lo detuvieron este miércoles cuando salía de la cárcel de Ezeiza con un “mandado” de, ni más ni menos, César Morán de la Cruz, alias “Loco César”, reconocido narco de la Villa 31.
Según fuentes oficiales, Méndez fue detenido este miércoles en la calle, cuando salía del penal de Ezeiza tras visitar a Loco César, uno de sus tantos clientes. Le secuestraron dos teléfonos celulares y cartas dictadas por Morán para ser entregadas a una organización.
El arresto de Méndez derivó en otros operativos, entre ellos, el registro de celdas de 15 internos a quienes solía visitar, tanto en Ezeiza como en Marcos Paz, donde están alojados nombres muy conocidos del narcotráfico local, como el peruano Rodríguez Granthon, los Cantero –Ariel y su sobrino, Uriel, hijo del asesinado Pájaro–, Francisco Riquelme y Pupito Avalle.
Además, ahora los uniformados allanarán tres domicilios vinculados a su nombre –uno en Capital Federal y otros dos en provincia de Buenos Aires– y requisarán los autos en los que se movía; entre ellos, un Ford Mondeo que le dio Rodríguez Granthon como forma de pago por sus servicios y para evitar que use el transporte público.
Méndez, de 52 años, se recibió de abogado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto y aparentemente fue allí donde comenzó a hacerse de contactos para su agenda de clientes.
La investigación sobre su rol de mensajero, en tanto, comenzó en enero de 2025, a partir de un encuentro entre el narco rosarino René Ungaro, detenido en Marcos Paz, y su mamá, con quien había intercambiado anotaciones con directivas que daban a entender que, a pesar de la prisión, mantenía su hegemonía en el negocio ilícito. En uno de los papeles estaba el número de teléfono de Méndez.
A partir de allí, siguió una minuciosa pesquisa en la que la Procuraduría de Narcotráfico del Ministerio Público Fiscal logró determinar que Méndez, lejos de oficiar como abogado, operaba como “intermediario entre distintos actores narcocriminales relevantes y sus terminales operativas en el exterior”.
Detectaron que los visitaba con gran frecuencia, recibía llamados diarios para que se comunicara con sus familiares, los ayudaba a eludir los reglamentos del régimen penitenciario y triangulaba toda esa información con sus allegados. “En definitiva –concluyeron–, proveía un servicio a medida para sortear las limitaciones intramuros”.
