Los abogados de los herederos de los bienes de Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado a tiros el 9 de noviembre de 2024 en inmediaciones del Gigante de Arroyito, apelaron el decomiso sin condena que ordenó hace seis días el juez federal Carlos Vera Barros. Según consideraron, no hay, de momento, una sola prueba concreta respecto de la acreditación del origen ilícito del dinero del que se valió “Pillín” para adquirir propiedades, vehículos y participación en sociedades comerciales.
En un escrito de 26 fojas, los abogados penalistas Carlos Varela y Adrián Martínez interpusieron un recurso de revocatoria o, en su defecto, de apelación, ante el Juzgado Federal Nº 3 por el decomiso dispuesto sobre una camioneta Ranger, una casa ubicada en Álvarez Thomas al 1800 y la participación de Bracamonte en seis estructuras comerciales, como lo son ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
Los asesores legales de los herederos consideraron que la decisión fue tomada “sin sustanciación alguna” y “causa un gravamen irreparable, ya que extingue de modo definitivo el dominio sobre los bienes”. “Es equiparable a una sentencia definitiva”, indicaron.
Varela y Martínez señalaron que, tras el homicidio, “sus herederos tienen todos los derechos y continúan en la posesión de lo que él poseía”.
Según el planteo, a “Pillín” lo ejecutaron a tiros cuando aún la investigación por lavado en su contra –impulsada por la fiscalía provincial, pero luego en un limbo judicial producto de un conflicto de competencias– no tenía intervención directa de la Justicia federal o provincial. “La Corte Suprema dirimió esa contienda en diciembre de 2025, y el objeto procesal de la causa se delimitó el 28 de agosto de 2026. En este expediente, Bracamonte nunca fue convocado a prestar declaración indagatoria, nunca se le intimó un hecho de lavado con el alcance que tiene hoy el objeto procesal, ni contó con la defensa técnica”, agregó.
En ese marco, los abogados recordaron que la propia Cámara de Apelaciones de la Justicia provincial revocó en su momento la prisión preventiva de “Pillín” por considerar que la acusación sobre lavado no superaba “lo conjetural”.
Por medio de la apelación, Varela y Martínez requirieron la suspensión del decomiso.