El penalista Lionel Iesari presentó ante la Justicia Federal un habeas corpus y una denuncia penal en favor de su defendido, Luciano Uriel Cantero, alias “Lucho”, un conocido criminal rosarino vinculado a la banda de Los Monos, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde cumple una condena a seis años de prisión, aunque aún enfrenta otras causas abiertas.
Según expuso el abogado, el miércoles 14 de enero de 2026, en horas de la tarde, Cantero recibió la comida provista por el Servicio Penitenciario Federal y, tras ingerir varios bocados, “advirtió que el alimento contenía pequeños fragmentos de una hoja de gillette o material similar”. De acuerdo con la presentación, esa situación le provocó lastimaduras en el interior de la boca y del cuerpo.
Uno de los hechos por los que fue condenado Cantero, hoy alojado en la cárcel federal de Marcos Paz, fue por haber quedado filmado junto a otras personas el 25 de diciembre de 2021 en la terraza de una casa de Arrieta al 1800 disparando al aire con distintas armas de fuego.
“Lucho” fue detenido el 18 de enero de 2022 en medio de una serie de allanamientos solicitados por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. En su domicilio, la Policía secuestró 20 armas de fuego y 800 cartuchos, situación delictiva fue contemplada en la pena que le dieron de seis años tras las rejas.
"Lucho” Cantero, hijo del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero y Lorena Verdún, y sobrino de Guille Cantero, a su vez acumula una imputación por extorsiones y balaceras, otra por haber instigado el crimen de Damián Gómez –perpetrado en junio de 2021 en Balcarce y Anchorena–, un vendedor de droga de su banda, y otra por liderar una asociación ilícita que ya tiene a más de 30 personas acusadas –legajo por el que fue condenada su madre–.
Iesari sostuvo que su defendido denunció de inmediato lo ocurrido al personal penitenciario a cargo de su custodia y solicitó asistencia médica, aunque la atención se habría demorado durante varias horas y, en un primer momento, los agentes habrían hecho caso omiso al relato del interno. Además, indicó que “no se le permitió comunicarse con su defensa para informar lo sucedido, contacto que recién pudo concretarse al día siguiente, el jueves 15 de enero”.
El planteo remarca que Cantero se encuentra alojado junto a otros tres internos en un sector con estrictas medidas de seguridad, donde existe una fuerte restricción sobre el ingreso de objetos. En ese marco, la defensa subrayó que “la alimentación, tanto la que provee el propio Servicio Penitenciario como la que eventualmente remite la familia, atraviesa múltiples controles de seguridad e higiene, por lo que consideró particularmente grave la presencia de elementos cortantes en la comida”.
En el habeas corpus, el defensor argumentó que, por acción u omisión, “no se cumplieron los controles correspondientes, que no se brindó atención médica inmediata y que se restringió indebidamente la comunicación con la defensa técnica”. Todo ello, sostuvo, agravó ilegítimamente las condiciones de detención de Cantero y puso en riesgo su integridad física, con vulneración de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
En función de ello, solicitó que se ordene al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz el cese inmediato de los agravios en las condiciones de detención, de las restricciones denunciadas y de cualquier vulneración de derechos fundamentales.
En paralelo, Iesari formuló una denuncia penal contra el director del penal, el jefe de Seguridad Interna, el jefe del Área de Cocina y contra todo funcionario penitenciario o civil que haya intervenido en la manipulación de los alimentos de Cantero, desde su elaboración hasta su entrega, así como contra cualquier otra autoridad que haya actuado por acción u omisión.
Como antecedente, la defensa recordó que meses atrás, en el marco de otro habeas corpus, Cantero había denunciado que se le suministraron blísteres de medicamentos que no correspondían a ninguna patología que padeciera, situación que entonces fue atribuida a un “error” del Servicio Penitenciario Federal. Para el abogado, ese episodio refuerza la hipótesis de una falta reiterada de controles efectivos, que en este caso habría puesto nuevamente en riesgo la integridad del interno y podría configurar incumplimiento de los deberes de funcionario público.